Es probable que el documento de 19-páginas, titulado ”Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”, y redactado por el relator especial sobre derechos humanos Theo van Boven, sea considerado por la Asamblea General de la ONU en diciembre.

En el foro mundial se observa una actitud más hostil hacia Washington tras la reelección el 2 de este mes del presidente estadounidense George W. Bush, y la designación el miércoles como nuevo fiscal general a Alberto Gonzales, con antecedentes de justificar la mano dura con presos terroristas o sospechosos de serlo.

Si ese nombramiento es avalado por el Senado, Gonzales sucederá a John Ashcroft, quien anunció su renuncia a comienzos de este mes.

El designado se había desempeñado hasta ahora como asesor legal de la Casa Blanca, y en ese carácter redactó un memorando fechado en enero de 2002 y filtrado este año, en el que sostuvo que presuntos terroristas o aliados del terrorismo detenidos en Afganistán por fuerzas estadounidenses no debían considerarse protegidos por las Convenciones de Ginebra, que establecen el trato a prisioneros de guerra.

Gonzales ha sostenido que esas normas internacionales y otras firmadas por Estados Unidos sobre el mismo tipo de presos son ”obsoletas”.

Tras la ocupación de Iraq el año pasado por una coalición encabezada por Washington, las Convenciones de Ginebra no protegieron a los prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib, en Bagdad, torturados y humillados por soldados estadounidenses, según mostraron fotografías causantes de un escándalo en escala mundial.

Varios soldados son juzgados actualmente por el Comando de Investigación Penal del ejército estadounidense debido a esos abusos, bajo cargos que incluyen el de homicidio involuntario.

Según el informe de la ONU, ”la justificación de la tortura viola, por sí misma, la prohibición de torturar”.

Van Boven señaló en el documento que ”recientemente se han planteado argumentos legales sobre necesidad y defensa propia (...) con la intención de justificar y exonerar de responsabilidad penal a funcionarios sospechosos de haber cometido o instigado actos de tortura contra presuntos terroristas”.

Pero ”la naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato significa que ninguna circunstancia excepcional, aunque sea un estado de guerra o una amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, puede ser invocada como justificación de la tortura”, aseveró.

El relator especial afirmó que recibido información ”sobre ciertos métodos que han sido justificados y usados para obtener información de presuntos terroristas”, y que entre ellos están ”mantener a detenidos en posiciones dolorosas o estresantes, privarlos de sueño o de luz por periodos prolongados, exponerlos a extremos de calor, frío, ruido y luz, encapucharlos, privarlos de ropa, desnudarlos y amenazarlos con perros”.

Todas esas prácticas se aplicaron en Abu Ghraib.

”La jurisprudencia internacional y regional sobre derechos humanos es unánime al establecer que tales métodos violan la prohibición de tortura y maltrato”, enfatizó Van Boven.

Tras los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos,·”miles de personas sospechosas de terrorismo, incluyendo a niños, fueron detenidas sin oportunidad de que se definiera su situación legal y sin acceso a abogados”, y según informes, algunos de ellos permanecen en confinamiento solitario, ”lo que en sí mismo puede constituir una violación del derecho a no ser torturado”, indicó.

En octubre, cuando se le preguntó si apoya la demanda de una comisión investigadora independiente sobre la política de detención aplicada por Estados Unidos en Iraq y Afganistán, planteado por la organización no gubernamental humanitaria Amnistía Internacional, Van Boven dijo a periodistas que era imperativo realizar esa investigación.

”Siempre que hay acusaciones graves de tortura, las investigaciones son absolutamente necesarias. Y el resultado de esas investigaciones debería hacerse público, ya que se trata de un asunto absolutamente público”, alegó.

”Bush se burla de la comunidad internacional y de todos quienes respetan los derechos humanos”, al nombrar a Gonzales, dijo a IPS el director de la revista The Progressive, Matt Rothschild.

”Gonzales, junto con Ashcroft, (el secretario de Defensa estadounidense, Donald) Rumsfeld y (el vicepresidente reelecto junto con Bush, Dick) Cheney, impulsó el endurecimiento de los métodos de interrogatorio y el ocultamiento de prisioneros de la Cruz Roja Internacional”, afirmó.

Según Francis A Boyle, profesor de derecho internacional en la Universidad de Illinois, ”Alberto Gonzales originó, autorizó, aprobó, auxilió e incitó, como asesor de la Casa Blanca, graves quebrantos de las Convenciones de Ginebra. En otras palabras, es a primera vista un criminal de guerra. Debe ser juzgado en el marco de las Convenciones de Ginebra y la Ley de Crímenes de Guerra estadounidense”.

Por eso no es una persona adecuada para desempeñarse como fiscal general, y el Senado estadounidense debe rechazar su nombramiento, opinó.

”Si Gonzales viajara por el mundo en ejercicio de ese cargo, abogados defensores de los derechos humanos como yo tratarían de lograr que sea detenido y juzgado” por crímenes contra la humanidad, comentó el experto.

Jordan J Paust, profesor de fundamentos legales en la Universidad de Houston, coincidió con la tesis de Boyle.

”La negación de las garantías establecidas en las Convenciones de Ginebra violan esas normas, y toda violación de las leyes de la guerra es un crimen de guerra. La complicidad con tales crímenes (por ejemplo, ayudar o incitar a cometerlos) es también penalmente sancionable”, dijo a IPS.

”Por lo tanto, parece que Gonzales es acusado en forma razonable de actividad criminal internacional”, y ”esa mancha es suficiente para que no sea confirmado en ninguna posición de gobierno”, aunque ”tiene el derecho humano a ser considerado inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante un tribunal, con garantías básicas al debido proceso, evaluó Paust.

Tales garantías son las que él ”eligió negar a otros en la base (estadounidense) de Guantánamo”, al extremo oriental de Cuba, donde están presos sin acusación formal muchos detenidos en Afganistán, Iraq y otros países, apuntó.

”Nombrar a Alberto Gonzales fiscal general sería una farsa”, sostuvo el jueves en una declaración por escrito el presidente del Centro de Derechos Constitucionales, Michael Ratner.

”Significaría tomar a uno de los arquitectos legales de una política ilegal e inmoral, e instalarlo como funcionario encargado de proteger nuestros derechos constitucionales. El memorando de Gonzales abrió el camino hacia Abu Ghraib”, adujo. (FIN/2004)

• Centro de Derechos Constitucionales, en inglés