Turno de Uruguay en derechos
humanos
Raúl Pierri
MONTEVIDEO, dic (IPS) - Argentina y Chile ya
dieron pasos trascendentes. Ahora llegó el turno de Uruguay para
desempolvar el pasado y avanzar en las investigaciones sobre el destino de
los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985).
Así lo afirman, esperanzados, los familiares de
las víctimas. Tienen la convicción de que el próximo gobierno,
presidido por el izquierdista Tabaré Vázquez, cumplirá con su promesa
de poner este tema en el tapete.
Uruguay cumplirá el 1 de marzo 20 años de vida democrática desde el fin
de la dictadura, pero ningún militar ha sido juzgado por torturas y
asesinatos contra opositores, ya que la transición de este país de 3,3
millones de habitantes fue diferente a las de sus vecinos del Cono Sur de
América en el que funcionó el Plan Cóndor, la coordinación represiva
de las dictaduras en los años 70 y 80.
En Argentina se procesó a varios militares y en Chile se procura
enjuiciar al ex dictador Augusto Pinochet, pero en Uruguay todas las
acciones se paralizaron desde 1986, cuando se aprobó la Ley de Caducidad
de la Pretensión Punitiva del Estado, que muchos de sus críticos llaman
"ley de impunidad".
Esa norma, aprobada bajo presión militar según varios de sus impulsores,
pero ratificada en un referendo en abril de 1989, clausuró todos los
procesos penales contra militares y policías por violaciones de los
derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Sólo quedó como esperanza para los familiares de las víctimas el artículo
cuarto de dicha ley, que encomendó al Poder Ejecutivo investigar el
destino de los desaparecidos, pero nunca se cumplió cabalmente, ya que
tras breves trámites se alegó que no había sido posible averiguar nada.
Los presidentes Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Lacalle
(1990-1995) nunca avanzaron ni dejaron avanzar para conocer la suerte de
unas 160 personas, la mayoría de ellas desaparecidas en Argentina.
El cambio lo introdujo el actual presidente Jorge Batlle, quien a inicios
de su gestión, en 2000, creó la Comisión para la Paz, integrada por
representantes de diversos sectores, con la que se propuso cumplir el artículo
cuarto de la Ley de Caducidad.
Esa comisión concluyó que 26 uruguayos murieron por torturas en el país
durante la dictadura, y que había recibido informes de que fueron
sepultados o incinerados y arrojados al mar, aunque no aseguró que esas
versiones fueran veraces. Otros 128 desaparecidos fueron detenidos en
Argentina, siete en Chile, dos en Paraguay y uno en Bolivia, en el marco
del Plan Cóndor.
Tal informe no satisfizo a los familiares de las víctimas, que piden ir más
a fondo en las investigaciones.
Con el triunfo del izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva
Mayoría en las elecciones de octubre hay nuevas esperanzas.
"Creemos que éste es el momento de Uruguay. Tenemos muchas
expectativas con el nuevo gobierno", dijo a IPS Fernando Miranda, de
la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos.
"En su discurso de festejo del triunfo electoral, Tabaré Vázquez
dijo que el tema de los derechos humanos sería primordial. Estamos
seguros que va a cumplir con la ley", agregó Miranda, hijo de un
desaparecido.
"Uruguay, debido a la Ley de Caducidad, se quedó muy atrás con
respecto a sus vecinos en lo que tiene que ver con la dilucidación de
estos temas. El nuevo gobierno lo ha fijado como una prioridad, y por eso
creemos que éste es el momento", indicó.
En los últimos años, los países del Cono Sur de América, a excepción
de Brasil y Uruguay, dieron pasos trascendentes para sanar las heridas del
pasado.
El primer impulso lo dio el presidente argentino Néstor Kirchner, quien
en su segundo día de gobierno, el 26 de mayo de 2003, impuso el retiro de
los altos mandos militares que habían tenido actuación en la dictadura
de 1976-1983, o sea de 27 generales del ejército, 13 almirantes de la
marina de guerra y 12 brigadieres de la aviación, en una renovación de
la cúpula castrense sin precedentes por su magnitud.
Kirchner también pidió perdón en nombre del Estado por el silencio
oficial ante las atrocidades cometidas durante la dictadura.
El presidente argentino, en un acto histórico, ordenó retirar los
retratos de los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio
Militar, y entregó a organizaciones humanitarias las 17 hectáreas del más
emblemático centro de detención, tortura y asesinato del régimen, la
Escuela de Mecánica de la Armada.
En agosto, el Congreso argentino anuló las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida, que habían amparado en los años 80 a miles de
uniformados para que no fueran procesados por violaciones de los derechos
humanos, luego de que los ex comandantes golpistas de las Fuerzas Armadas
fueron condenados en un histórico juicio.
Esas controvertidas leyes habían sido aprobadas durante el gobierno de Raúl
Alfonsín (1983-1989).
Como consecuencia de la anulación, la justicia reabrió las principales
causas por violación de derechos humanos, y en ese marco un juez federal
declaró que consideraba inconstitucionales los indultos otorgados por el
ex presidente Carlos Menem (1989-1999) a quienes habían sido condenados
por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.
Por su parte, el presidente chileno Ricardo Lagos decidió en noviembre
difundir un informe sobre torturas cometidas durante la dictadura de
Pinochet (1973-1990) e indemnizar a las víctimas.
El informe, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura, incluye testimonios de 28.000 personas detenidas durante el régimen
que aseguraron haber sido torturadas.
Estas personas serán favorecidas por una indemnización vitalicia mensual
de unos 180 dólares, junto a otras reparaciones en materia de salud,
vivienda y educación.
En Paraguay, a pesar de la falta de voluntad política para investigar a
fondo los crímenes cometidos por el régimen de Alfredo Stroessner
(1954-1989), hasta ahora siete represores fueron condenados por la
justicia.
Sobre el propio Stroessner, exiliado en Brasil, pesa un pedido de captura
internacional.
En Uruguay, aunque Vázquez decida investigar, no podrá llevar a los
represores a la justicia debido a la Ley de Caducidad. Y buscar una
estrategia para revisar esa norma o declararla inconstitucional no está
dentro de los planes del gobierno electo.
Por ahora, el camino de la izquierda es profundizar las indagaciones y
depurar las Fuerzas Armadas.
"El futuro gobierno tiene la voluntad férrea de avanzar en el tema
de derechos humanos, pero en el marco de la Ley de Caducidad", dijo a
IPS el senador Rafael Michelini, de la coalición izquierdista, aunque no
quiso dar más detalles.
El legislador es hijo del también senador Zelmar Michelini, asesinado en
Buenos Aires en 1976 en el marco del Plan Cóndor.
En Uruguay, muchos oficiales implicados en las violaciones de los derechos
humanos se reúnen en fechas patrias o para recordar a los caídos en lo
que llaman "guerra contra la sedición".
Militares uruguayos se esfuerzan por subrayar que cualquier abuso se
produjo en el marco de una "guerra" urbana contra el Movimiento
de Liberación Nacional (MLN)-Tupamaros, aunque la gran mayoría de las
violaciones de derechos humanos fueron cometidas luego de la derrota
militar de ese grupo en 1972.
Varios ex guerrilleros del MLN, tras muchos años de prisión, ahora son
destacados líderes políticos de la izquierda que se dispone a gobernar a
partir del 1 de marzo.
Las Fuerzas Armadas uruguayas, a diferencia de otras de la región, jamás
reconocieron sus delitos, y se limitaron a opinar que "perdieron
puntos de referencia". Uruguay debe seguir el impulso regional en el
tema de los derechos humanos, pero resolver el asunto a su propia manera,
sostuvo el secretario general de la Conferencia Episcopal uruguaya y
obispo de la sureña ciudad de San José, Pablo Galimberti.
"Estoy seguro de que se va a cumplir el artículo cuarto. Pero es un
terreno muy difícil. No hay que ir en forma apresurada. Es importante
mantener un diálogo con los militares y actuar con suma cautela para
evitar que haya revanchas y se produzcan actos de violencia", dijo a
IPS el religioso.
Miranda no quiso comparar la estrategia que puede adoptar Uruguay con lo
realizado, por ejemplo, en Chile.
"Para nosotros las indemnizaciones son algo secundario. Lo principal
es saber la verdad y que se afiance el respeto a los derechos humanos",
afirmó. (FIN/2004)