Bush consolida una cultura del
secreto
William Fisher
NUEVA YORK, dic (IPS) - El gobierno de
Estados Unidos, encabezado por el presidente reelecto George W. Bush,
parece decidido a reforzar su estilo de trabajo sin transparencia, y la señal
más reciente de ello es una directiva del Departamento de Seguridad
Interna (DSI).
Unos 180.000 empleados y contratistas del DSI están
obligados ahora a firmar un acuerdo de reserva en relación con información
delicada pero no declarada secreta, y serán responsables de mantenerla lo
más confidencial que sea posible, aunque no hayan firmado ese formulario
y ni siquiera conozcan su existencia.
El eventual incumplimiento de esas obligaciones podrá ser investigado en
cualquier momento y en cualquier lugar, y conducir a sanciones
administrativas, civiles o penales.
El mensaje es, claramente, ”No queremos que hablen con nadie fuera del
gobierno”, comentó el experto en secreto gubernamental Steven Aftergood,
de la Federación de Científicos Estadounidenses, en cuyo sitio de
Internet se explica en detalle el acuerdo de reserva.
”Una enorme puerta se cierra”, y es probable que normas similares a la
del DSI sean impuestas por otros organismos del gobierno, apuntó.
”Otras agencias gubernamentales establecen de modo ocasional acuerdos de
reserva sobre información no confidencial, pero el del DSI es el de mayor
alcance”, porque ”debe ser firmado por todos los nuevos empleados”,
y ”no abarca un tipo de información en particular, sino cualquier cosa
que lleve la indicación 'Sólo para uso oficial'”, explicó Aftergood.
Organizaciones no gubernamentales han expresado su temor de que la
imposición de este tipo de normas acote la posibilidad de proteger a
quienes aportan información sobre prácticas irregulares o errores de
funcionarios o instituciones gubernamentales.
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y
Washington, que fueron seguidas por medidas más estrictas de seguridad,
aumentó 50 por ciento la cantidad de empleados públicos que cada año
piden la protección contra sanciones o represalias que la ley establece
para quienes denunciar tales prácticas.
El no gubernamental Proyecto sobre Supervisión del Gobierno sostiene
desde su sitio en Internet que el asesor presidencial Alberto Gonzales,
propuesto por Bush como fiscal general, ”desempeñó un papel central en
el intento” de evitar que ese tipo de denuncias llegue al Congreso.
Desde que Bush asumió el gobierno en enero de 2001, la cantidad de
documentos con el rótulo ”clasificado” creció en forma exponencial,
con el correspondiente incremento de las solicitudes de desclasificación
al amparo de la Ley de Libertad de Información.
Según un informe el diario The New York Times, publicado el 9 de
noviembre, una de las iniciativas que el Poder Ejecutivo mantiene en
secreto es un ”enormemente costoso programa técnico de los servicios de
inteligencia”, que ha recibido ácidas críticas de integrantes de la
Comisión de Inteligencia del Senado.
Hace dos años que senadores del gobernante Partido Republicano y el
opositor Partido Demócrata votan juntos en esa comisión para bloquear
tal programa, que ”según se cree, desarrolla un nuevo sistema de satélites
espías”, y que cuesta ”cientos de millones de dólares anuales”,
según ex funcionarios del Congreso, indicó el periódico.
Durante meses, la Casa Blanca ”se ha negado a revelar docenas de
documentos relacionados con sus políticas de detención, interrogatorio y
tortura de prisioneros extranjeros”, denunció la no gubernamental Unión
Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés)..
Ese grupo, uno de los mayores y más antiguos de su tipo en el país,
identificó a Gonzales como uno de los principales responsables de las políticas
aplicadas con tales prisioneros.
”El pueblo estadounidense merece saber la verdad sobre esas políticas.
Si los documentos no son recibidos por senadores, éstos podrán conocer
la verdadera historia de la relación entre las acciones de Gonzales y
algunas de las peores violaciones de los derechos humanos cometidas por
nuestro país contra prisioneros extranjeros”, por ejemplo iraquíes,
alertó la ACLU.
”El gobierno guarda demasiados secretos. Al clasificar información que
no causaría daño si fuera publicada, (...), erosiona la confianza pública”,
sostuvo el 3 de este mes en un editorial el diario The Washington Post.
Por ejemplo, la Administración de Seguridad de Transporte, la parte del
DSI responsable entre otras áreas de la supervisión de los vuelos,
”mantiene reglas secretas, conocidas como 'directivas de seguridad',
para determinar qué puede ser transportado en un avión”, apuntó.
El DSI ”debe recordar que en la tierra cuya seguridad protege se supone
que el debate democrático sea abierto y desinhibido”, alegó el periódico.
(FIN/2004)
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