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Rinde su
Cuarto Informe de Gobierno, Vicente Fox Quesada
Miércoles 1 de septiembre de
2004
Honorable Congreso de la Unión:
Comparezco ante esta Soberanía para cumplir la responsabilidad que señala
el artículo 69 de nuestra Constitución, de rendir cuentas sobre el
estado que guarda la administración pública del país.
Hago entrega del Informe escrito y sus anexos, que detallan los resultados
de este año de gestión. En este mensaje me referiré únicamente a los
aspectos más relevantes.
Al asumir la Presidencia de la República, incorporé a mi propuesta de
gobierno las aspiraciones democráticas de la sociedad. El mandato
ciudadano que recibí fue muy claro: profundizar en la democracia y
avanzar en la construcción de un país que tuviera como ejes la
independencia de los poderes y el fortalecimiento del orden jurídico.
La democracia exige proteger libertades y derechos civiles, fijar
responsabilidades y fomentar la rendición de cuentas. Exige también una
gobernabilidad que, además de las normas, los procedimientos y las
estructuras de decisión, comprenda una responsabilidad compartida entre
la autoridad y la comunidad política.
La democracia exige un gobierno que someta sus actos a la vigilancia de la
ciudadanía y oriente sus recursos hacia programas en beneficio de la
sociedad.
Nuestro proyecto asume esas demandas; asume la misión de hacer de la
democracia un medio indispensable para el desarrollo humano.
La inclusión de los grupos marginados ha permitido una nueva definición
del ciudadano como miembro pleno de la sociedad, al asegurar que cada
mexicano cuente con oportunidades y derechos suficientes para salir
adelante por su propio esfuerzo.
Al rendir este Informe, el proyecto democrático en el que hemos trabajado
con empeño aún no logra todos sus objetivos. No obstante, con
responsabilidad y rumbo claro, estamos avanzando en la construcción de un
mejor futuro.
El cambio político ha dado vida a la democracia y nuestra energía ha
estado dirigida a lo esencial: a la libertad. Libertad para elegir; para
expresar ideas; para participar y decidir el rumbo de nuestras vidas.
Cuando hablamos de humanismo, hablamos de libertad.
Los mexicanos estamos demostrando que la libertad y la democracia se
refuerzan y enriquecen mutuamente. Ambas dan sustento al Estado de derecho
y a la transparencia. La voz de la sociedad contribuye a crear una vida pública
de manos limpias y verdades claras.
Éste es un gobierno que trabaja en función de la ciudadanía; un
gobierno que cree que la política no sólo la hacen los políticos, sino,
sobre todo, las y los ciudadanos; un gobierno que respeta su libertad para
tomar parte en las decisiones.
La libertad y la capacidad de participación pública son transformaciones
de fondo. No obstante, la libertad no es aval de una democracia perfecta.
Las mujeres y hombres que viven en ella deben de estar dispuestos a bregar,
a bregar en un escenario de intereses y pasiones; donde las luchas de
poder son reales; donde hay que arriesgar y hay que asumir deberes.
En la democracia no hay absolutos; es una balanza en la que hay pesos y
contrapesos. Los problemas inherentes a la democracia no son motivo de desánimo;
son un desafío.
La democracia exige que los intereses de la población se reflejen en
decisiones colectivas; exige hablar de frente y con verdad a los
ciudadanos.
La democracia requiere también de medios de comunicación que respondan a
las necesidades de una sociedad plural e informada; que ejerzan su tarea
con ética y compromiso, con una actitud recta, crítica, responsable y
objetiva.
Cuando los actores políticos omiten la discusión de los problemas
centrales o carecen de interés para resolverlos, la ciudadanía acaba por
sentirse insatisfecha de la política.
Nuestro desafío es conciliar más democracia con mejor gobierno; es
lograr una democracia gobernable, en el más amplio sentido de la palabra.
El cambio político muestra aún carencias importantes. Una de las más
evidentes es que la comunicación entre los poderes Legislativo y
Ejecutivo no ha sido tan fluida como demandan estos tiempos. No obstante,
quiero reconocer que, cuando hemos hecho a un lado las diferencias,
construimos leyes fundamentales para la consolidación de la democracia.
Es responsabilidad de todos los miembros de la clase política evitar que
la sociedad se desilusione de la democracia; que piense, que piense que la
lucha de tantos años fue en vano.
La preservación de la democracia y su consolidación no son hechos espontáneos.
Son construcciones deliberadas, formuladas en proyectos, modeladas por
liderazgos e investidas del poder que proviene del apoyo ciudadano. Los
retos de México son esencialmente desafíos a nuestra responsabilidad
individual.
La solución de los problemas nacionales comienza con nuestra propia
decisión de asumirlos. La democracia se torna realidad cada vez que uno
de nosotros hace suya la responsabilidad de cambiar a México.
La vida democrática nos exige hoy dar un paso más. El gobierno en función
de la ciudadanía debe transformarse ahora en un Estado en función de la
ciudadanía; en un Estado capaz de dar una estructura institucional al
nuevo rumbo de la sociedad, y de procesar los conflictos conforme a reglas
democráticas.
La virtud de un Estado en función de la ciudadanía es que no sólo
garantiza el respeto de los derechos y es instrumento central para su
expansión, sino que contribuye también a la construcción de una
identidad democrática.
Los gobiernos son temporales; los Estados deben su permanencia a la
solidez de sus principios y valores, a la fortaleza de sus instituciones,
y a la madurez de su ciudadanía.
Construimos una democracia para ciudadanos. Nuestra democracia exige que
vivamos de acuerdo con las normas de un Estado de derecho, que reconozca
la diversidad de intereses y visiones, y sujete su actuar a la Constitución.
Las mujeres y hombres de las fuerzas armadas han sido sólidos garantes
del Estado de derecho. Siempre leales a su vocación constitucional y al
pueblo del que nacen, son también un pilar de nuestra lucha por
consolidar el imperio de la ley.
Su compromiso con la Nación y su actitud responsable confirman su lugar
central en la democracia. La sociedad y el gobierno estamos orgullosos de
nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Aérea y nuestra Armada. Reconocemos
su contribución al respeto de la ley, de las instituciones y de nuestras
libertades.
En la consolidación del Estado de derecho, contamos con un Poder Judicial
que garantiza la legalidad y contribuye a que nuestra democracia ajuste su
actuar a reglas claras y justas.
Toda sociedad busca proteger y preservar la integridad física, moral y
patrimonial de sus integrantes. La vigencia del Estado de derecho no puede
separarse de la garantía de seguridad.
Nuestro compromiso con un Estado que respeta la legalidad se tradujo en
una reforma institucional que rediseñó la Procuraduría General de la
República, creó la Secretaría de Seguridad Pública y estableció la
Agencia Federal de Investigación.
Como resultado de su trabajo, hemos detenido a más de 32 mil personas
relacionadas con el narcotráfico; más, más de 5 mil de ellas sólo
durante este año. Asimismo, se han desmantelado 51 bandas de
secuestradores y liberado a 458 de sus víctimas.
Sólo habrá un México seguro si sumamos los esfuerzos de los tres órdenes
de gobierno. El trabajo coordinado de las procuradurías y de las secretarías
de seguridad pública de todo el país demuestra que la unión hace la
fuerza.
Este año, incrementamos los recursos del Sistema Nacional de Seguridad en
mil millones de pesos sobre lo presupuestado.
Además, estamos proponiendo en el presupuesto, duplicar el presupuesto de
seguridad para el año 2005; sin embargo, estos recursos son aún
insuficientes para erradicar a la delincuencia y al crimen organizado.
La seguridad preocupa a todas las autoridades. Con la reforma del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, se integrará a los tres órdenes de
gobierno y a la sociedad en esa tarea. Este Consejo trabaja para que la
seguridad tenga la más alta prioridad presupuestal y eficacia en sus
resultados.
Gracias al sistema de planeación y control de la Policía Federal
Preventiva, muchas ciudades con altos índices de delitos están
recibiendo apoyos significativos. Ejemplo de ello son Acapulco, Nuevo
Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana.
Sabemos que esto no es suficiente. Necesitamos que los jefes de familia,
los maestros y las maestras, los medios de comunicación, las
organizaciones ciudadanas ayuden a concientizar a la población, para que
nadie justifique ni tolere la delincuencia.
Sólo una sociedad vigilante y defensora de la ley puede lograr que los
gobiernos cumplan sus responsabilidades.
En marzo, envié a esta representación una iniciativa de ley para rediseñar
las estructuras de seguridad pública y justicia penal. Con una policía
articulada --formada dentro de un servicio profesional de carrera--, que
se encargue de investigar los delitos, seremos más eficaces para
combatirlos.
Otra parte de este esfuerzo es el cambio en los juicios penales para
hacerlos transparentes. A través de un juicio oral y de más corta duración,
el derecho de las y los mexicanos a una justicia penal, pronta y expedita,
dejará de ser letra muerta para convertirse en realidad. Es necesario
también garantizar que se repare el daño de las víctimas.
La sociedad civil ha exigido legítimamente más seguridad pública y
mejor justicia penal. El mes pasado, rendí cuentas sobre diez acciones
concretas a las que me comprometí en materia de seguridad. Acordamos ahí
el Programa Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno Delictivo,
que establece nuevas medidas, mayores presupuestos en contra de la
impunidad y el crimen. Ellas recogen las demandas ciudadanas y son
resultado de un intenso diálogo entre los tres órdenes de gobierno y la
sociedad.
Hemos sentado las bases para que los criminales no se escondan tras la
división entre fuero común y fuero Federal. Atacamos la inseguridad
respetando las normas del orden constitucional y en beneficio de la
sociedad. Como muestra de la transparencia de mi gobierno, hemos publicado
las cifras relativas a delitos federales.
Los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez son una
ofensa para el país. Mi gobierno no endosa su responsabilidad, ni tampoco
la evade. Hemos apoyado la formación de un banco de datos en genética
forense para avanzar en la identificación de las víctimas. También
hemos fortalecido la protección social de las mujeres y sus familias.
Las investigaciones preliminares han establecido que 81 servidores públicos
del gobierno de Chihuahua --entre quienes se encuentran fiscales, agentes
del ministerio público y de la policía judicial-- propiciaron la
impunidad al no cumplir su deber. Estos funcionarios han sido denunciados
ante las autoridades correspondientes para que se actúe en consecuencia.
Ni en Juárez, ni en ningún otro lugar, permitiremos que las mujeres sean
víctimas de agresiones o de discriminación.
La consolidación de nuestra democracia y el fortalecimiento del Estado de
derecho tienen como un valor fundamental el respeto a los derechos humanos.
En diciembre pasado, recibí el diagnóstico del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Somos de los pocos países en
donde la ONU ha podido realizar esta tarea, y el único en el que han
participado organizaciones civiles y dependencias gubernamentales.
Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantenemos una relación
de respeto absoluto a su autonomía constitucional y hemos atendido sus
recomendaciones.
Nuestra lucha contra la tortura es frontal. La adhesión de la PGR al
Protocolo de Estambul confirma nuestro decidido compromiso para erradicar
este mal.
Mi gobierno presentó, en abril, una iniciativa de reforma que propone
atribuir al Estado la obligación constitucional de garantizar los
derechos humanos. Buscamos que su protección sea responsabilidad de los
tres órdenes de gobierno.
Defendemos los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Llevamos a la Corte Internacional de Justicia el caso de los mexicanos
condenados a la pena de muerte en los Estados Unidos. Su fallo es una
victoria para la justicia y para México.
La sociedad exige conocer la verdad sobre los sucesos que ensombrecieron
nuestro pasado. La Fiscalía Especial ha ejercido sus funciones con
autonomía técnica y operativa. Los resultados están ahora bajo examen
de los tribunales del Poder Judicial Federal. Mi gobierno acatará su
decisión, consciente de que el poder del Estado debe preservar el derecho
y la libertad.
La democracia debe asegurar que la represión no vuelva a ser una
herramienta de gobierno, y que nunca más una autoridad esté por encima
de la ley.
La eficacia de una democracia depende de que la respuesta gubernamental
esté a la altura de las demandas sociales. Por ello, en un marco de
gobernabilidad, buscamos soluciones legítimas y adecuadas a los problemas.
La Convención Nacional Hacendaria es un hito en el fortalecimiento del
federalismo; es una nueva oportunidad para la nación. Es también un paso
histórico que permite compartir visiones para corregir los desequilibrios
regionales, para hacer de la palabra y la razón las bases de todo acuerdo
democrático.
Ahí, los tres órdenes de gobierno y los poderes de la Unión nos
reconocimos como políticamente iguales.
El ánimo federalista de los participantes fructificó en 323 acuerdos unánimes
para crear una nueva hacienda pública. Estos acuerdos promueven la
eficiencia en el ejercicio del gasto y en los procesos recaudatorios;
fortalecen la colaboración entre los órdenes de gobierno en la
administración del patrimonio; y sientan las bases para una administración
responsable y profesional de la deuda pública.
Los acuerdos de la Convención, que corresponden a decisiones
administrativas están ya en marcha. El resto es responsabilidad de los
congresos, que tienen la última palabra.
La gobernabilidad democrática es el más importante de los bienes públicos.
Fortalecerla es uno de los principales objetivos de la distribución
equitativa del gasto y del patrimonio de la Federación; también es uno
de los propósitos de las reformas a las instituciones políticas.
Nuestro sistema electoral es perfectible. Por ello, en marzo, enviamos al
Congreso una iniciativa de reforma electoral para fomentar la
transparencia en el uso de los recursos, para impulsar la rendición de
cuentas. Buscamos disminuir los costos y los tiempos de los procesos, así
como facilitar acuerdos.
En junio, enviamos otra iniciativa, para que las y los mexicanos que viven
en el exterior puedan ejercer el derecho esencial de todo ciudadano: el
voto.
Como parte de nuestro deber con la gobernabilidad, estamos regularizando
las tierras de los campesinos para tener un campo libre de conflictos.
Promoviendo acuerdos, cosechamos una paz genuina y duradera, nacida de la
aplicación de la justicia y de la buena voluntad de las comunidades.
En el último año, hemos desactivado ya más de la mitad de los focos
rojos que amenazaban la paz de muchas comunidades, provocando
enfrentamientos, muerte y violencia entre hermanos. Así, hemos resuelto
conflictos ancestrales por la tierra como el de Bernalejo de la Sierra y
el de los Chimalapas.
El buen gobierno es puntal de la democracia. El buen gobierno hace de los
ciudadanos el centro de sus acciones. Su misión es actuar con
transparencia y rendir cuentas claras; es promover una mejor regulación;
es profesionalizar a los servidores públicos y usar las nuevas tecnologías
para atender las demandas ciudadanas. El buen gobierno implica servicios
de calidad y ahorro de los recursos públicos.
Trabajamos bajo el escrutinio de la sociedad. En su primer año, el
Instituto Federal de Acceso a la Información atendió más de 47 mil
solicitudes, contribuyendo a que el ciudadano conozca y vigile las
acciones del gobierno.
Este año iniciamos el Servicio Profesional de Carrera. La ley que lo hizo
posible promueve el ejercicio de una nueva ética, basada en el mérito y
la calidad.
La incorporación de las tecnologías de la información nos ha permitido
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Este esfuerzo fue reconocido
con el premio global Reto Estocolmo. La calidad del gobierno se refleja en
la gran cantidad de centros de trabajo que han recibido la certificación
internacional ISO-9000.
En este gobierno, hemos ahorrado más de 55 mil millones de pesos en
gastos administrativos. Los hemos reorientado a programas sociales para el
desarrollo.
Hemos cancelado 165 mil plazas administrativas. Una vez más, este año no
habrá incremento salarial para mandos medios y superiores en el gobierno
Federal. Agradezco a los servidores públicos su trabajo y su disposición.
Con honestidad y un mejor servicio, hacemos del buen gobierno una realidad
y un legado para el futuro.
México es un actor de vanguardia en el escenario internacional.
Defendemos el diálogo respetuoso y la cooperación solidaria entre las
naciones, como base de un nuevo régimen internacional de paz, justicia y
desarrollo compartidos.
México es hoy un líder respetado por su contribución a la forja de un régimen
basado en los principios y normas de la convivencia y el derecho
internacionales.
Con nuestra posición en el Consejo de Seguridad de la ONU durante el
conflicto de Iraq, así como a través de la creación y coordinación del
“Grupo de Amigos de la Reforma de Naciones Unidas”, demostramos ser
una nación firmemente comprometida con la paz y el multilateralismo.
Estamos convencidos de que la cooperación multilateral es el instrumento
para lograr un desarrollo que amplíe las libertades y asegure el respeto
a la dignidad e integridad de cada ser humano.
La vocación pacifista de México se reconoce en la solicitud para que
nuestro país facilite el proceso de paz en Colombia.
La presencia de México en el escenario mundial también se consolidó al
haber sido sede de importantes encuentros. Logramos la aprobación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en
nuestro país. Albergamos la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC,
avanzando en la erradicación de los subsidios agropecuarios, y la Cumbre
de las Américas, así como la Tercera Reunión de las Naciones de América
Latina, el Caribe y la Unión Europea. En estas reuniones impulsamos un diálogo
para la cooperación y la corresponsabilidad, en favor de un desarrollo
compartido.
Hemos estrechado la relación con nuestros socios estratégicos. La
iniciativa para construir una comunidad entre los países de América del
Norte busca asegurar un futuro común de bienestar.
Promovemos los vínculos de nuestros paisanos en el exterior con sus
comunidades de origen a través del Programa 3 por 1, y luchamos para que
sus condiciones de salud y educación sean mejores.
Para hacer de este apoyo una política de Estado, creamos el Instituto de
los Mexicanos en el Exterior. Firmamos acuerdos sobre seguridad social y
derechos laborales para proteger a los trabajadores, independientemente de
su situación migratoria.
Seguiremos insistiendo en un acuerdo integral que garantice una migración
ordenada y segura. Nuestros paisanos saben que cuentan con el gobierno de
México para defender sus derechos y su dignidad.
Con América Latina y el Caribe, continuaremos trabajando para que
nuestras convergencias se traduzcan en una comunidad latinoamericana
integrada. Así lo demostramos en la Sexta Reunión del Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla, y al solicitar nuestro ingreso al MERCOSUR como
Estado asociado.
Estamos construyendo una economía con rostro humano. La democracia debe
llevarnos a la igualdad de oportunidades, y a facilitar el desarrollo de
las capacidades individuales y colectivas para hacer realidad los derechos
sociales y los derechos económicos.
Con visión de largo alcance y frente a una situación adversa
internacional, hemos mantenido una política económica responsable.
Gracias a ella, la inflación y las tasas de interés están en los
niveles más bajos de las últimas décadas. Así, hemos podido defender y
fortalecer el poder de compra de los mexicanos.
Nuestro país tiene bases firmes para consolidar el crecimiento y
aprovechar el nuevo dinamismo de la economía mundial.
Hoy, gracias al esfuerzo de todas y de todos los mexicanos, estamos de
regreso en el camino del crecimiento económico. En el segundo trimestre
de este año, el Producto Interno Bruto creció 3.9 por ciento, en junio
la actividad económica se expandió 5.1 por ciento y esperamos terminar
el año 2004 con un incremento de 4 por ciento.
Esto es menos de lo que México necesita, de lo que queremos y por lo que
estamos trabajando.
Sin embargo, el crecimiento significa nuevas empresas que crean nuevos
empleos. En los primeros siete meses del año, 281 mil trabajadores se
incorporaron al sector formal, con derechos y con prestaciones. También
se crearon fuentes de trabajo e ingreso en el autoempleo y en proyectos
productivos. Necesitamos avanzar más deprisa en la generación de nuevas
fuentes de trabajo y desarrollo de emprendedores. De ninguna manera nos
satisfacen los 400 mil nuevos empleos formales que se estiman para este año.
En México todavía existen enormes rezagos. Uno de los más preocupantes
es el deterioro que, a lo largo de más de un cuarto de siglo, sufrieron
el salario y el nivel de vida de los trabajadores. Hemos actuado para
detener y revertir esta tendencia. El avance es moderado, pero marca el
inicio de una mejoría del ingreso familiar. En esta administración, el
salario medio de cotización de las y los trabajadores afiliados al
Instituto Mexicano del Seguro Social se ha elevado en 8.5 por ciento, en términos
reales, por encima de la inflación.
Tenemos que lograr un crecimiento mayor del salario y de la productividad.
También es necesario expandir el número de créditos, para que muchos más
trabajadores puedan hacerse de una vivienda y adquirir bienes a tasas
fijas y accesibles. Estas oportunidades deben llegar a cada trabajador. Así
consolidaremos una democracia que se refleje también en el ámbito económico.
El Congreso aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social. Esta decisión
constituye el primer paso para asegurar la viabilidad financiera de este
organismo, así como para elevar la calidad de sus servicios para los doce
y medio millones de trabajadores y sus familias. Reitero mi compromiso de
respetar todos los derechos de las y los trabajadores de este instituto,
patrimonio y orgullo de todos los mexicanos.
Les invito a todas las partes a que hagamos una tregua, reemprendamos el
diálogo y alcancemos acuerdos próximos.
Desde 2001, el FONACOT ha otorgado más de un millón 200 mil créditos a
los trabajadores. Al finalizar este año, el monto de los créditos
otorgados por esta administración ascenderá a 10 mil 800 millones de
pesos, cifra que supera, en términos reales, lo otorgado en sus primeros
27 años de historia. Para alcanzar una democracia integral, debemos
seguir fortaleciendo la labor de las instituciones creadas en beneficio de
los trabajadores.
La estabilidad económica es fruto de una política fiscal responsable,
que fortalece los ingresos públicos y evita el derroche. Al finalizar
2004, la captación fiscal se incrementará en un punto porcentual como
proporción del Producto Interno Bruto con respecto al año 2000, ubicándose
en 11.6 por ciento. El padrón de contribuyentes ha crecido 30 por ciento
en relación al año 2000. Esto quiere decir que muchos de quienes no
pagaban impuestos contribuyen hoy a las obras que realizan los tres órdenes
de gobierno en beneficio de los mexicanos.
Hemos orientado cada vez más recursos para atender las demandas de la
ciudadanía. Entre 2000 y 2004, ha aumentado 45.2 por ciento, en términos
reales, el presupuesto destinado a superación de la pobreza; 8.8 por
ciento la educación; 14.3 por ciento más a la salud; 33.8 por ciento más
al campo y 24.3 por ciento a seguridad, y un 17 por ciento más, en términos
reales, en las transferencias a los estados y los municipios.
En contraste, ha disminuido en 17.3 por ciento real el gasto de operación
para actividades burocráticas y de apoyo administrativo. También hemos
reducido el déficit fiscal del 1.1 por ciento --como proporción del PIB--
en el año 2000, a 0.3 este año. La propuesta de 0.1 en el año 2005 y en
el 2006 buscaremos el equilibrio. Como gobierno, estamos cumpliendo
nuestra parte para mantener una economía estable y sólida.
La política fiscal se complementa con una política monetaria responsable.
La labor del Banco de México ha sido ejemplar.
En materia de deuda, desactivamos un conflicto que pudo tener graves
efectos. Me refiero al vencimiento de la mayoría de los pagarés que el
gobierno anterior firmó durante la crisis financiera de 1995. Logramos
reducir en 116 mil millones de pesos el costo de las obligaciones que
heredamos del rescate bancario.
Hemos reducido también la deuda externa como proporción del Producto
Interno Bruto. En octubre, se emitió por primera vez un bono a tasa fija,
en pesos mexicanos, con vencimiento a 20 años, cuando hace ocho años, en
el gobierno anterior, no conseguíamos plazos mayores a unos meses.
Durante la presente administración, el crecimiento en términos reales
del índice de la Bolsa Mexicana de Valores ha sido del 52 por ciento, uno
de los más altos del mundo.
México genera certidumbre y confianza. Hoy, el riesgo-país es el más
bajo en décadas. Nuestras reservas internacionales se fortalecen. En los
últimos días, ascendieron a 57 mil 591 millones de dólares.
La confianza internacional se refleja también en la creciente inversión
extranjera directa, que es la más alta de la historia en un periodo de
cuatro años. Eso significa no sólo certidumbre en la evolución de
nuestra economía, sino también mayor crecimiento, nuevos empleos y más
exportaciones.
Las reformas al marco legal y a las instituciones han generado un efecto
directo y positivo sobre la productividad y la competitividad, y han
propiciado un incremento de la inversión.
Al crear una nueva institucionalidad, estamos creando futuro.
No hay desarrollo posible sin instituciones financieras sólidas y
confiables, que apoyen el crecimiento económico y promuevan el ahorro
interno. Por ello, hemos impulsado iniciativas y logrado la aprobación de
este Congreso a nuevas leyes que han transformado el sector financiero.
También hemos reestructurado la banca de desarrollo, convirtiéndola en
motor de las actividades productivas.
El apoyo de Nacional Financiera a las empresas ha crecido de manera
notable. Mientras que en el año 2000 respaldaba a 15 mil pequeñas y
medianas empresas, este año lo hace a 450 mil. Durante esta administración
se han entregado un millón 300 mil créditos, esto es más que todos los
créditos otorgados por NAFIN en siete décadas. Al democratizar y hacer
accesible el crédito, se amplía la planta productiva y se crean fuentes
de trabajo.
Estamos llevando servicios financieros a quienes no los tenían. Para ello,
creamos el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y
promovimos la Ley del Ahorro y Crédito Popular. Conformamos también una
red nacional, la Red de la Gente, de productos y servicios financieros que,
sólo en este año, atiende a 5 millones de usuarios con ahorro y crédito.
Alrededor de uno y medio millones de beneficiarios de los programas
Oportunidades y Procampo cuentan ya con una tarjeta de débito y ahorro.
Avanzamos, así, en la democratización de nuestra economía.
El comercio exterior es una de las grandes palancas de nuestro crecimiento.
Estamos aprovechando la oportunidad que brinda la expansión de las
principales economías, como lo muestra el incremento de 14.2 por ciento
de nuestras exportaciones, en el primer semestre de este año.
Este año firmamos tratado de libre comercio con Uruguay, y concluimos
negociaciones para alcanzar uno más con Japón.
En agosto, firmamos acuerdos con China para ampliar nuestros intercambios
agropecuarios y de turismo, así como para neutralizar los efectos de las
prácticas desleales de comercio.
También trabajamos para fortalecer el turismo. El número de visitantes
extranjeros se incrementó en 11 por ciento de enero a junio, esperamos
concluir el año con 20 millones. Estimamos captar más de 11 mil millones
de dólares por ingresos turísticos en el año 2004, una cifra récord.
Además del motor externo de nuestra economía, estamos reactivando el
motor interno. Hemos impulsado la competitividad, apoyando la innovación
tecnológica e invirtiendo en infraestructura. Hoy, los montos de inversión
pública son los más altos de los últimos 20 años. Esto alienta a la
inversión privada, consolidando así la recuperación económica.
Hemos modernizado 70 por ciento de los ejes carreteros del país. Sólo en
2004, la inversión pública y privada comprometida para construcción y
modernización de carreteras equivale a toda la inversión del sexenio
pasado.
En forma paralela, estamos extendiendo y fortaleciendo nuestra red
aeroportuaria. Ampliamos el Aeropuerto de la Ciudad de México para
prolongar 25 años su vida útil.
Igualmente, modernizamos los aeropuertos de Cuernavaca, Puebla, Querétaro,
León, Toluca, así como los de Monterrey, Cancún, Ciudad del Carmen y
Ciudad Obregón.
Hoy podemos comunicarnos mejor y a menor costo. El país está mejor
integrado, gracias a 3 mil 200 centros comunitarios computarizados y de
libre acceso para la población, que han puesto entre la Secretaría de
Educación y e-México. La cobertura llega a todos y cada uno de los
municipios del país a través de redes satelitales y una importante
cobertura telefónica.
La puesta en marcha de 23 nuevas centrales eléctricas y tres obras
asociadas garantiza ya el suministro de la energía que se necesitará en
toda esta década. En cuatro años, hemos incrementado la capacidad de
generación del país en 32 por ciento, casi una tercera parte de lo que
se hizo en todo el siglo XX, cifra equivalente al consumo toda el área
metropolitana de la Ciudad de México, o más del total de la energía que
tienen los 7 países de Centroamérica.
En materia de hidrocarburos, desarrollamos el más amplio programa de
inversión en décadas. Así, aumentamos la capacidad productiva en 15 por
ciento y la tasa de restitución de reservas. Hemos disminuido la
importación de petrolíferos a la mitad. Con el operativo en contra del
robo de combustibles a PEMEX, hemos recuperado más de 4 mil millones de
pesos.
Como resultado de las inversiones realizadas en los trabajos de exploración,
en días pasados se anunciaron descubrimientos preliminares de muy
importantes yacimientos en el Golfo de México que consolidan el futuro
energético de nuestro país. Los primeros datos revelan que las reservas
potenciales de éstos descubrimientos son de la misma magnitud de las que
hoy conocemos con certeza.
En los ultimos cuatro años el sector agropecuario ha tenido un ritmo de
crecimiento superior al del resto de la economía.
Durante el segundo trimestre, creció a una tasa de más de 5 por ciento,
mientras que sus exportaciones lo hicieron en 15.9 por ciento.
Con el Acuerdo Nacional para el Campo, los programas de Procampo y
Procampo Ganadero y los de Precio-Objetivo, así como a través de las
compras gubernamentales de leche, maíz, frijol, arroz, azúcar, café y
lentejas a productores, buscamos asegurar un ingreso digno a las mujeres y
los hombres de nuestro campo. Hemos canalizado a este sector los mayores
recursos en décadas; en este año, ascienden a más de 120 mil millones
de pesos.
Sin embargo, estos resultados son apenas el comienzo para superar el
enorme rezago que padecen todavía miles de familias campesinas.
Necesitamos, sociedad y gobierno, redoblar esfuerzos.
Garantizamos los derechos de propiedad agraria mediante la titulación de
los predios y tierras. Este año, el PROCEDE finalizará la certificación
de derechos ejidales en 12 estados de la República Mexicana. Esta tarea
habrá de concluir en todo el país en el año 2006.
Queremos alcanzar un desarrollo sustentable. Recuperar y preservar nuestro
entorno ecológico es un compromiso con México y con la humanidad. En
coordinación con los gobiernos estatales, trabajamos en áreas estratégicas
como la Cuenca de Burgos y el Golfo de California.
En un acto federalista y republicano, los estados de Guanajuato, Jalisco,
México, Michoacán y Querétaro junto con el Gobierno Federal, unimos
esfuerzos para revertir el deterioro ambiental de la cuenca Lerma-Chapala.
Asimismo, estamos modernizando los distritos de riego de la cuenca del Río
Bravo.
Hemos duplicado el presupuesto para plantaciones forestales, hemos
incorporado 262 mil hectáreas de plantaciones comerciales. No obstante,
la deforestación es un problema de graves consecuencias que seguiremos
afrontando con firmeza.
Somos los primeros en reconocer los rezagos económicos. Sin embargo,
podemos afirmar que México camina con paso firme y rumbo definido. Los
logros son claros pero insuficientes. Debemos profundizar y multiplicar
esfuerzos.
Promovemos un desarrollo social incluyente. El futuro de nuestra
democracia exige la participación de todos los ciudadanos. Desde esta
alta tribuna, convoco a actores políticos y a la sociedad a reafirmar su
compromiso solidario para enfrentar la pobreza.
El Estado tiene la responsabilidad de promover el bienestar y garantizar
los derechos de quienes están al margen del desarrollo. Como gobierno, lo
hemos asumido cabalmente. Aunque tenemos cifras alentadoras en el combate
a la pobreza, cuando están en juego la vida y la dignidad de las
personas, los porcentajes pasan a segundo término.
Una de nuestras prioridades ha sido avanzar hacia un nuevo orden jurídico
que promueva el desarrollo social. Expreso mi reconocimiento al Poder
Legislativo por haber aprobado leyes y reformas en materia social, de
salud, de desarrollo rural, en contra de la discriminación, la ley de
participación de las organizaciones de la sociedad civil.
La nueva Ley de Desarrollo Social asegura que cada mexicano disfrute de
los derechos sociales consagrados en la Constitución.
Esta ley garantiza el crecimiento anual del gasto social, transparenta y
da certidumbre a la colaboración entre los órdenes de gobierno, así
como a la participación de la ciudadanía en los programas destinados a
apoyarla. Esta reforma estructural es muestra de responsabilidad y suma de
voluntades.
La pobreza es el problema más apremiante de México. Combatirla es
responsabilidad política y moral de todos. La falta de oportunidades
amenaza el presente y compromete el futuro de muchos mexicanos. No
ocultamos ni soslayamos esta realidad.
Con el Programa Oportunidades, hoy mejoramos las condiciones de vida de 25
millones de mexicanos que reciben apoyos en salud, alimentación y educación.
Más del doble del año 2000. La leche fortificada de Liconsa ha logrado
revertir la anemia de 280 mil niños.
En el campo, la estrategia de Microrregiones y Microcuencas está dotando
de infraestructura social a las localidades de más alta marginación en
los mil 340 municipios más pobres del país. Para enfrentar la pobreza
urbana, el Programa Hábitat operará en 170 ciudades a finales del 2004,
tres veces más que el año pasado.
La evaluación es esencial para conocer el impacto de nuestros programas
de superación de pobreza. El Banco Mundial y la CEPAL confirmaron que
estamos avanzando en el sentido correcto. Entre 2000 y 2002, la pobreza
extrema disminuyó en 16 por ciento. El avance no es definitivo. Para
impulsarlo, se requiere del trabajo permanente de gobierno y sociedad; de
un trabajo solidario y corresponsable.
Condicionar los programas sociales a cambio de apoyo político atenta
contra la dignidad de las personas. Hemos terminado ya con esta práctica.
Tenemos reglas de operación de los programas, tenemos supervisión social
y un padrón único de beneficiarios.
Una sociedad democrática debe abrir a todos oportunidades de superación.
La educación pública y gratuita es un instrumento fundamental para el
progreso individual y para promover la igualdad. La educación preescolar
obligatoria es ya una realidad para los niños de cinco años.
Con más de 5 millones de becas, el doble del año 2000 apoyamos a niñas,
niños y jóvenes para que no tengan que abandonar la escuela por motivos
económicos.
En particular, las becas del Programa Oportunidades son un poderoso motor
de equidad y están transformando la educación en las zonas rurales e indígenas.
Por su parte, las becas de PRONABES son una oportunidad para que los jóvenes
continúen su proyecto educativo en el bachillerato y la universidad.
La construcción de la democracia en el ámbito educativo implica apoyar a
millones de adultos que no han terminado la educación básica. En menos
de 4 años, un millón 300 mil personas han concluido su preparación.
México requiere educación con equidad y con calidad. Por ello, estamos
apoyando a más de 20 mil escuelas de calidad que incorporan nuevas
tecnologías, fortalecen su estructura y fomentan la participación de la
comunidad educativa.
Para construir el salón de clases del siglo XXI y transformar el sistema
de educación básica del país, echamos a andar el programa Enciclomedia.
Ahora, cada primaria pública tendrá pizarrones electrónicos y libros de
texto digitalizados, como complemento a los libros de texto gratuitos.
Este año, Enciclomedia operará en 22 mil aulas de 5° y 6° de primaria.
En el 2006, todas las primarias públicas, en esos grados, trabajarán con
este nuevo sistema de aprendizaje. Al reducir la brecha digital, estamos
democratizando la educación.
Un pueblo que lee, asume su cultura y se enriquece con el conocimiento de
la humanidad. Para hacer de México un país de lectores, creamos 850 mil
bibliotecas de aula, entregamos 286 millones de libros en el presente
ciclo escolar. En cuatro años, hemos hecho más que en los seis años
anteriores: elaboramos y distribuimos más de 912 millones de libros y
materiales de apoyo.
Los avances de educación en esta materia no hubieran sido posibles sin la
dedicación y el compromiso de las y los maestros de todo el país. A cada
una y uno de ellos mi reconocimiento y admiración.
Además de fortalecer la educación, es preciso dar un impulso más eficaz
a la ciencia y la tecnología. Este año, se duplicaron los recursos
destinados a estas áreas. Ayer firmé el decreto que reforma la Ley de
Ciencia y Tecnología. Así, creamos las condiciones para que todos los órdenes
de gobierno sumen esfuerzos y este sector estratégico cuente con los
recursos necesarios para su desarrollo.
La cultura y el arte son esenciales en el desarrollo del país. Para abrir
espacio al ejercicio de los derechos culturales, hemos descentralizado las
oportunidades de formación artística profesional y el acceso a la
cultura y el arte. Con el inicio de las transmisiones de los canales 11 y
22 en Estados Unidos, los mexicanos que viven en ese país fortalecen sus
raíces y ejercen también su derecho a la cultura.
La democracia integral exige el disfrute de todos los derechos sociales,
entre ellos el de una vida digna y sana. La reforma a la Ley General de
Salud es un avance fundamental para extender la democracia al ámbito
social, y dar a la protección de la salud un carácter de política de
Estado.
La creación del Seguro Popular es comparable a la de las grandes
instituciones nacionales de seguridad social. Permitirá extender
gradualmente los servicios de salud a millones de mexicanos que hoy
carecen de protección y están expuestos a perder su patrimonio a causa
de enfermedades o accidentes. Con el nuevo Seguro Popular, hoy más de
cuatro millones y medio de mexicanos tienen atención médica,
hospitalización, cirugía y medicinas sin costo. Trabajamos para llegar a
22 millones de personas en el año 2006.
El nuevo Instituto Nacional de Medicina Genómica coloca a la investigación
mexicana en salud a la vanguardia, y pone importantes avances de la
ciencia médica al alcance de todos.
El Estado garantiza hoy que la totalidad de los pacientes que padecen
VIH-SIDA cuenten con medicamentos gratuitos.
La igualdad de oportunidades incluye también el acceso a una vivienda
digna. Por eso, impulsamos como nunca antes el desarrollo habitacional. En
menos de cuatro años, el INFONAVIT ha entregado un millón de créditos,
lo que equivale a la mitad de lo otorgado en sus primeros 28 años de
existencia.
Con el apoyo de los organismos de vivienda, en este gobierno, más de un
millón 500 mil familias han obtenido un crédito y ya tienen una casa
propia.
Una sociedad democrática tiene como principios la igualdad de
oportunidades y el respeto a la dignidad de las personas. La discriminación
lastima a la sociedad entera. Por ello, hemos promovido una nueva cultura
de la inclusión.
Reemplazamos el enfoque paternalista y discriminatorio de las políticas
dirigidas a los indígenas, por un respeto que se expresa en su
participación en las decisiones que les atañen. Para ello creamos el
Consejo Consultivo Indígena. Este año, se invertirán más de 19 mil 500
millones de pesos en el desarrollo de los pueblos indígenas, 80 por
ciento más que en el año 2000. Con el Programa de Inversión en
Infraestructura Básica, construimos carreteras, caminos y llevamos agua
potable y electricidad a las comunidades indígenas más apartadas.
Apoyamos el acceso de las personas con discapacidad a la economía, el
trabajo, la educación, el arte, la cultura y el deporte.
La democracia exige la apertura de espacios más amplios para la
participación social. La sociedad civil es un actor esencial del cambio
que hoy vive México. Reitero a las organizaciones civiles mi voluntad de
seguir impulsando sus esfuerzos en un marco de libertad y transparencia.
Honorable Congreso de la Unión:
Las libertades ciudadanas no nacieron de forma espontánea. Gracias a una
lucha ardua y prolongada, ahora podemos hablar, decidir, criticar,
disentir y participar, y podemos hacerlo con la condición de mujeres y
hombres libres.
En una sociedad de ciudadanos e instituciones, cada quien tiene que poner
su parte. Hoy, por primera vez en la historia del país, la esfera de lo público
es una responsabilidad compartida por todos, y todos debemos asumirla en
el marco de la ley.
Cada uno es responsable de sus decisiones y debe afrontar sus
consecuencias. No podemos responsabilizar a los demás de nuestras
acciones u omisiones.
Por convicción, y porque ese fue el mandato que recibí, eliminé las
facultades discrecionales del Presidente para fomentar el equilibrio entre
los Poderes de la Unión; para robustecer a estados y municipios, y para
fortalecer las potestades ciudadanas. Cuando un poder rebasa sus
atribuciones, es siempre en detrimento de los otros.
La eficacia en la separación de poderes abre un nuevo capítulo en
nuestra historia. Hoy el Ejecutivo asume la responsabilidad plena sobre
sus decisiones. De la misma manera, las resoluciones de los otros poderes
corresponden sólo a ellos.
Los valores de la democracia, el respeto a la ley y el orden, son el
fundamento de una sana convivencia política. Con todos los desafíos y
las incertidumbres que puede entrañar, mi gobierno ha optado siempre por
el respeto irrestricto a los principios democráticos.
Hoy nuestra vida política es más abierta, más plural, más intensa que
nunca. La democracia no es la ausencia de conflictos; es la libertad para
debatir sobre los problemas y el mejor medio para procesarlos.
El ánimo que debe prevalecer en los actores políticos es el de reconocer
errores y corregirlos. La gran ventaja de la democracia es la de ser
perfectible.
La democracia no se agota en lo electoral ni en lo político. Para ser
integral, debe también garantizar el ejercicio de los derechos económicos
y sociales.
Iniciamos la tercera etapa de nuestro gobierno. Hemos sentado bases firmes.
Tenemos la solidez, fortaleza y la energía para seguir adelante. Lo mejor
está por venir.
Los próximos dos años son una oportunidad para profundizar la democracia,
para consolidar el crecimiento económico, para generar los empleos que la
sociedad demanda; son una oportunidad para superar la pobreza, para crear
nuevas y mejores condiciones que favorezcan la inclusión social. Éste es
el rumbo. Éste es mi compromiso.
La democracia es una forma de vida que se funda en el acuerdo y en la
unidad dentro de la diversidad.
Para mi gobierno, el diálogo no es sólo una convocatoria. Es el hilo
conductor de cambios concretos que nos han permitido crear instituciones,
reformar leyes, abrir espacios a la participación ciudadana.
Continuaremos impulsando el diálogo con los partidos y los actores políticos
y sociales, seguiremos sentándonos a la mesa de la búsqueda de los
acuerdos, como vía privilegiada para lograr estos consensos que demanda
el país. Una democracia que da resultados asegura su permanencia.
Transitemos de los debates a los resultados.
La sociedad exige acuerdos. Escuchemos su voz. Acatemos su mandato.
La patria es una misión colectiva, es un compromiso de todos. Asumamos
los grandes retos que nos comprometen de cara al futuro.
La democracia es una conquista de la conciencia y de la inteligencia; es
un patrimonio que nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo construir. Todos
tenemos obligación de cuidarla y fortalecerla.
Los desafíos de la democracia siempre pueden superarse con más
democracia.
El destino de México es la democracia, extendida a todos los ámbitos de
la vida nacional.
¡Va por México!
¡Viva México!
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Los
Martes de Enkidu
POLITICA
[02.09.2004]: Informe de Gobierno: 
