Condenados a exigir justicia
Marcela Valente
BUENOS AIRES, 3 ene (IPS) - ”Estas
tragedias sólo ocurren en países como los nuestros”, se lamentó este
lunes José Iglesias, padre de uno de los 183 muertos en el incendio de
una discoteca en Argentina, en diálogo con Roberto Almirón, quien perdió
un hijo en un siniestro similar que en agosto consumió un supermercado y
464 vidas en Paraguay.
Almirón coincidió con Iglesias en que la misma
combinación de negligencia, ineficacia y corrupción de funcionarios,
sumados a la avaricia empresarial, están en la base de dos mayores
tragedias evitables ocurridas en los últimos seis meses en América del
Sur.
Iglesias, quien mantuvo la comunicación telefónica con Almirón desde
los estudios de Radio Mitre, de Buenos Aires, es el padre de Pedro, de 19
años, quien murió a causa del fuego desatado el jueves pasado en la
discoteca ”República Cromagnon”, ubicada en un barrio cercano al
centro de la capital Argentina.
En su calidad de abogado, este hombre ofreció sus servicios a familiares
de las víctimas dispuestos a realizar una demanda colectiva contra
”todos los responsables” del siniestro que enlutó este fin de año
con la peor tragedia no natural de la historia argentina.
Hasta el momento, el único detenido en la causa es el empresario Omar
Chabán, que aparece como propietario del local en el que se presentaba el
jueves el grupo de rock Callejeros, acompañado habitualmente de un público
muy activo y que acostumbra a utilizar bengalas como parte de la fiesta.
Tras la tragedia, testimonios de asistentes a otros recitales de esta
banda aseguraron que los seguidores encendían al menos 10 o 15 bengalas
por tema. Incluso, cuatro días antes ya había habido un principio de
incendio en el mismo local y ante la presentación del mismo grupo
musical, pero que logró ser controlado por los propios empleados de la
discoteca.
En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya comenzaron las renuncias de
quienes tienen responsabilidades respecto del control de los centros
nocturnos como el siniestrado.
La primera de ellas se registró el sábado y fue la de Juan Carlos López
al cargo de secretario de Justicia y Seguridad Ciudadana del gobierno
comunal, mientras que este lunes lo hizo efectiva la dimisión de Fabiana
Fiszbin a su responsabilidad como subsecretaria de Control Comunal y jefa
de inspectores de la capital argentina.
Numerosos familiares de las víctimas criticaron también el silencio ante
la tragedia del gobierno nacional y del propio presidente Néstor
Kirchner, quien recibió el año nuevo en su provincia natal, la austral
Santa Cruz.
”Habló hasta el papa (Juan Pablo II) para solidarizarse y nuestro
presidente no salió a decirnos 'estoy con ustedes'”, dijo llorando a
los medios de comunicación Mónica Barroso, una mujer que perdió a su
hijo en el incendio.
El abogado Marcelo Parrilli, de extensa trayectoria en organizaciones
humanitarias, presentó este lunes una denuncia penal por ”homicidio
simple y lesiones” contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Aníbal Ibarra, y que incluye a su renunciante secretario de
Justicia y Seguridad Ciudadana y a otros funcionarios.
”La idea es que la culpa no termine reduciéndose al niño que lanzó la
bengala o al dueño del local”, advirtió Parrilli a IPS. Aludió así a
la versión difundida este lunes por el rotativo argentino Clarín
respecto de que el causante de la tragedia pudo haber sido un niño de 10
años, que subido a los hombres de su padre habría sido el lanzador de
los fuegos artificiales.
”Es indudable que Ibarra sabía que no había normas suficientemente
seguras en materia de habilitaciones para evitar esta tragedia”, reafirmó
Parrilli.
”En Argentina mueren miles de personas cada año por causas fácilmente
evitables, absolutamente absurdas y totalmente prevenibles”, resaltó el
letrado, para luego advertir que en el último año en Buenos Aires se
registraron 129 homicidios intencionales y no intencionales. ”Y en esta
tragedia (del jueves) se perdió la vida de 183 personas en apenas horas”,
se alarmó.
En agosto de 2004, un incendio destruyó el supermercado Ycuá Bolaños,
en Asunción, en una tragedia sin precedentes en Paraguay y que costó la
vida a 464 personas, la mayoría de las cuales resultaron carbonizada tras
quedar atrapadas debido a que el propietario ordenó cerrar las puertas de
salida para evitar que los clientes saquearan el comercio.
La tragedia del 30 de diciembre en República Cromagnon tiene puntos de
contacto con aquella de la capital de Paraguay. En el local de Buenos
Aires había material inflamable, el público triplicaba al menos el número
permitido y las puertas de emergencia estaban cerradas con candado.
Además, el sitio no había sido inspeccionado en todo el año por el
gobierno de la ciudad.
El saldo provisorio es de 183 personas muertas, la mayoría jóvenes
afectados por intoxicación con monóxido de carbono y otros gases. Hasta
este lunes por la tarde aún permanecían hospitalizadas 266 personas.
Entre las víctimas fatales se cuenta un número indeterminado de niños,
que ingresaron al local solos o con sus padres. Algunos testigos afirman
que en el baño de mujeres funcionaba una guardería improvisada.
”Nos espanta que no hayamos aprendido nada”, reflexionó este lunes
Almirón, quien preside la comisión de familiares de las víctimas de Ycuá
Bolaños. El padre del joven paraguayo alertó a Iglesias que sólo la
presión de familiares y sobrevivientes de la tragedia en Buenos Aires
podrá garantizar que no haya impunidad.
También el psicólogo social argentino Alfredo Moffat, que trabajó con
las víctimas del incendio en Paraguay, estaba impactado por la
coincidencia. ”Vengo de pasar la Navidad con los familiares del Ycuá
Bolaños que recién están pudiendo realizar el duelo, y me encuentro con
este mismo drama en la ciudad”, contó a IPS.
El especialista señaló que hubo algunas diferencias para la atención de
familiares en uno y otro caso porque, mientras en Asunción la mayoría de
los fallecidos murió carbonizada y su cuerpo no se pudo identificar, en
Buenos Aires las víctimas fatales en algunos casos salieron caminando y
luego murieron por la intoxicación.
En cambio, en los aspectos de la falta de control de la seguridad de parte
del Estado y la desaprensión de los empresarios para prevenir incendios
de sus locales, Moffat sólo encuentra dramáticas coincidencias. ”Fue
un calco de aquello”, apuntó con énfasis.
”La falta de control, el empresario que cierra las puertas, y otra vez
lo familiares organizándose para evitar la impunidad”, añadió el
experto, quien realizó la contención emocional de muchas de las familias
que llegaban en la medianoche del jueves pasado para reconocer los cuerpos
de sus deudos.
Moffat reveló que los familiares en Argentina ya están organizando una
coordinadora. ”Tienen mucha rabia. Ayer (el domingo) un grupo quería
prender fuego la morgue judicial” debido a los interminables trámites
burocráticos para retirar los cuerpos de sus familiares y darles
sepultura cuanto antes.
Entre los casos más dramáticos está el de una niña de 11 años que
sobrevivió y está hospitalizada en estado crítico. Su madre y su
hermano menor murieron en el recital y su padre está internado en
cuidados intensivos en otro centro de salud.
IPS habló con el padre de otro muchacho de 15 años que estuvo
desaparecido un día hasta que fue encontrado cerca del local de baile en
estado de confusión. Había ido al recital con tres amigos que murieron
aplastados en la estampida de los asistentes.
Los jóvenes se habían lanzado en tropel hacia la salida cuando vieron
que las llamas no podían ser controladas y faltaba el oxígeno. Pero las
puertas no se abrieron. La llegada de los bomberos permitió que fueran
forzadas, pero para muchos ya era tarde. Decenas murieron atrapados bajo
montañas de cuerpos, intoxicados por las emanaciones del fuego.
En improvisadas protestas, los familiares de las víctimas reclamaron
durante el fin de semana en el cementerio de Chacarita, el más grande de
la ciudad, junto a la morgue, frente al local siniestrado y ahora vallado
y a la sede del gobierno local. Los acompañaron parientes de muertos en
otros trágicos episodios de la historia argentina que terminaron impunes.
Los padres de 17 jóvenes que murieron hace más de una década en
parecidas circunstancias en la discoteca Kheyvis, de la localidad de
Olivos, cercana a Buenos Aires, advirtieron junto a familiares de la nueva
tragedia que ”la impunidad de ayer permitió que esto vuelva a pasar”.
”Hace 11 años estamos advirtiendo que puede haber otro Kheyvis”,
comentó Marta García, madre del joven Darío que murió en aquel local
próximo a la residencia presidencial y en el que ninguna medida de
seguridad funcionó a la hora de escapar del incendio accidental. Por
aquel siniestro no hay detenidos.
Junto a los deudos de Kheyvis están los familiares de las víctimas de
los atentados de los años 90 contra la embajada de Israel en Buenos Aires
y la sede la Asociación Mutual Israelita Argentina, los de los muertos en
accidentes aéreos, del gatillo fácil policial o blanco de secuestros, y
hasta madres y abuelas de desaparecidos durante la dictadura militar
(1976-83).
Una vez más, la tragedia parió una nueva camada de familiares condenados
a portar las fotos de sus afectos en reclamo de una justicia que parece
inalcanzable o que, al menos, tarda demasiado. (FIN/2005)
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