El Defensor del Pueblo Europeo archiva una denuncia
contra España por discriminación a un homosexual
BRUSELAS, 2/5/2005 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, confirmó hoy
la decisión de la Comisión Europea de no continuar su investigación
sobre una queja contra las autoridades españolas relativa a una supuesta
discriminación por razón de orientación sexual, al denegar a un
ciudadano argentino un visado de residencia en régimen de reagrupación
familiar, necesario para poder trasladarse a España a vivir con su
compañero español.
Durante la investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo
Europeo, la Comisión explicó que la situación denunciada no está
regulada por el Derecho de la UE por lo que aconsejó a los demandantes
buscar reparación a nivel nacional. En respuesta a esta sugerencia de la
Comisión, los denunciantes presentaron una reclamación al Defensor del
Pueblo español, quien consultó con su homólogo europeo con el fin de
asegurar la protección a todos los niveles de los derechos fundamentales
de los ciudadanos de la UE.
En opinión de los demandantes, la denegación se basaba en el hecho de
que ambas personas eran del mismo sexo, lo que constituiría una
discriminación por motivos de orientación sexual y alegan que la
Comisión no tramitó adecuadamente su queja, ya que interpretó las
disposiciones comunitarias aplicables de manera indebidamente restrictiva.
La Comisión argumentó que la situación de los demandantes no está
regulado por el Derecho de la UE en su actual fase de desarrollo, que
excluye el caso del derecho de familia, mientras que su propuesta de
Directiva relativa a la reagrupación familiar sólo afecta a los
nacionales de un Estado miembro que hayan ejercido su derecho a la libre
circulación.
Por otra parte, su propuesta de Directiva relativa al derecho de los
ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y
residir libremente en el territorio de los Estados miembros amplía el
derecho a la reagrupación familiar para las parejas de hecho, siempre que
la legislación del Estado miembro de acogida les reconozca los mismos
derechos. En razón a esos casos, la Comisión sugirió a los denunciantes
que intentarán obtener reparación a nivel nacional.
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