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Libertades civiles en
riesgo de vencimiento
Por William Fisher
Grupos de defensa de las libertades civiles de
Estados Unidos están movilizados para que el Congreso legislativo renueve
disposiciones clave de dos leyes históricas sobre violencia doméstica y
derecho al sufragio.
NUEVA YORK, 10/08/2005 (IPS) - Las normas en cuestión son la Ley
de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglos en inglés), aprobada
originalmente en 1994, y la Ley de Derecho al Sufragio, de 1965.
”Durante 10 años, la VAWA ha brindado el apoyo necesario a mujeres, niños
y hombres que padecen violencia doméstica”, destacó el Grupo de
Trabajo Nacional para Terminar con la Violencia Sexual y Doméstica contra
la Mujer, una coalición de más de 2.000 organizaciones que luchan contra
la violencia de género.
La propuesta de renovación de la ley, ya introducida por un grupo
bipartidario en ambas cámaras del Congreso, mejoraría la respuesta penal
y civil, mejoraría los servicios a las víctimas y proveería recursos
para las víctimas de ataques sexuales a través de centros de crisis y
coaliciones estaduales.
Asimismo, ayudaría a niños y jóvenes que sufren o son testigos de
violencia, atendería las necesidades de víctimas afroestadounidenses,
inmigrantes o indígenas, y respaldaría programas de prevención, salud,
vivienda y seguridad económica destinados a prevenir la violencia y
ayudar a las víctimas.
El Congreso reautorizó la VAWA en 2000, añadiendo servicios para mujeres
rurales, ancianas, inmigrantes y discapacitadas.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el proyecto de
reautorización detendría las deportaciones de inmigrantes víctimas de
violencia doméstica, ataques sexuales y tráfico humano, y garantizaría
seguridad económica para víctimas inmigrantes y sus hijos.
La VAWA ”mejoró radicalmente la respuesta de los encargados de la
aplicación de las leyes frente a la violencia de género y proveyó los
servicios necesarios para apoyar a mujeres y niños a superar situaciones
de abuso”, destacó la ACLU en una carta a la Comisión de Justicia del
Senado.
Ruth Anne Robbins, profesora adjunta de leyes de la Clínica de Violencia
Doméstica de la Universidad Rutgers, dijo a IPS que la violencia doméstica
es el delito de mayor prevalencia en Estados Unidos, por un amplio margen.
”Sin la VAWA, decenas o cientos de miles de víctimas quedarían sin
servicios esenciales que podrían salvar su vida”, advirtió.
Mientras, la Ley de Derecho al Sufragio, promulgada por el presidente
Lyndon Johnson en 1965, después de la violenta represión de activistas
por los derechos civiles en Selma, Alabama (y del asesinato de dos de
ellos), también contiene importantes disposiciones que vencerán en 2007
si el Congreso no las renueva.
Las secciones de la ley que expirarían incluyen la exigencia a los
estados con una historia documentada de prácticas de sufragio
discriminatorias de presentar cualquier proyecto de modificación de sus
leyes electorales a autoridades o jueces federales para su preaprobación.
Sin esta norma, las prácticas discriminatorias reaparecerían ”de la
noche a la mañana”, advirtió un informe bipartidario del Congreso en
1982.
La ley también garantiza el acceso a material electoral bilingüe para
indígenas o ciudadanos legales con conocimiento limitado del idioma inglés,
y prevé el envío de observadores federales a las elecciones.
ACLU subrayó que la necesidad de renovación de la ley quedó en
evidencia por infracciones registradas en los últimos años.
En 2001, en Kilmichael, en el estado de Mississippi, un consejo municipal
cuyos miembros eran todos blancos decidieron anular una elección tres
semanas antes de su realización porque preveían que resultarían
elegidos candidatos negros.
En virtud de la Ley de Derecho al Sufragio, el Departamento de Justicia
ordenó a Kilmichael que realizara la elección.
En el estado de Dakota del Sur, una reciente sentencia judicial detalló
dos décadas de abusos sistemáticos contra indígenas.
Asimismo, todos los planes de redistribución de distritos electorales
presentados por legisladores del sureño estado de Louisiana fueron
rechazados por la fiscalía general.
En ciudades como Los Angeles, Chicago y Nueva York, los ciudadanos que no
dominan el idioma inglés continúan enfrentando resistencia, prácticas
injustas e incumplimiento de las leyes por funcionarios electorales. (FIN)
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