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Gobernante capitalino
a juicio y suspendido
Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, 14/11/2005 (IPS) - La legislatura de la capital argentina
resolvió este lunes abrir juicio político y suspender en su cargo al
jefe de gobierno del distrito, Aníbal Ibarra, acusado de mal desempeño
de sus funciones en relación con el incendio que a fines de 2004 mató a
194 jóvenes en una discoteca.
En rueda de prensa convocada inmediatamente después de la votación,
Ibarra aseguró que "no va a renunciar" a su cargo y prometió
dar a conocer "toda la verdad" sobre lo que consideró "irregularidades"
en el proceso político que lo tiene hoy como único enjuiciado.
En una jornada signada por la tensión, denuncias de amenazas de muerte y
presiones de todas las partes, 30 de los 45 legisladores de la Sala
Acusadora votaron a favor de iniciarle juicio político de destitución al
centroizquierdista jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, otros
siete se pronunciaron en contra, seis se abstuvieron y el resto no estuvo
presente.
Los partidarios del proceso fundamentaron su voto en la investigación de
cinco meses realizada por una comisión especial integrada por miembros de
la legislatura (parlamento municipal). Los que votaron en contra o se
abstuvieron advirtieron que en este trámite hubo imprecisiones que pueden
llevar a anular el juicio.
Los familiares de las víctimas, que pugnaban por el juicio político
desde fuera del edificio legislativo, manifestaron su satisfacción por el
resultado de la votación.
Esta misma votación se había frustrado el jueves pasado a raíz de la
presencia ruidosa en la tribuna del recinto y las amenazas de impugnar un
resultado a favor de Ibarra por parte de hermanos, hermanas y padres de jóvenes
que fallecieron en el incendio de la discoteca República Cromañón el 30
de diciembre, en momentos en que actuaba el grupo de rock Callejeros.
El enojo de los familiares se fundamentó en las maniobras de último
momento realizadas por legisladores que responden al presidente Néstor
Kirchner, del cual Ibarra es aliado, para captar voluntades en contra del
juicio.
El caso que motivó más protestas fue el del legislador Eduardo Lorenzo,
quien pasó de modo imprevisto del sector derechista por el que gano el
escaño al grupo oficialista el mismo día de la votación frustrada.
El clima fue subiendo de temperatura y el domingo el obispo católico
auxiliar de la Ciudad, Jorge Lozano, acusó de "mercenarios" y
"corruptos" a quienes privilegiaban intereses personales antes
que sus propias convicciones.
Las autoridades de la Legislatura resolvieron entonces llamar a una nueva
sesión para este lunes con el fin de terminar el debate y proceder a
votar. Para evitar nuevos contratiempos se permitió la presencia en las
barras de sólo 10 delegados de familiares de las víctimas.
Por eso, los familiares rechazaron el cupo y resolvieron no asistir,
aunque dejaron en el recinto las fotos de las víctimas.
A partir de ahora será la Sala de Juzgamiento, integrada por otros 15
legisladores, la encargada de llevar adelante el proceso para deslindar la
responsabilidad de Ibarra en la tragedia de Cromañón y resolver si lo
absuelve o si lo condena con la destitución y la eventual inhabilitación
para ejercer cargos públicos en la ciudad de Buenos Aires por 10 años,
como establecen las normas.
Ibarra, elegido por primera vez jefe de gobierno de la ciudad en 1999 y
reelegido en 2003, acusó a la Legislatura de impulsar "un golpe"
en su contra. Señaló en rueda de prensa que la votación se constituyó
en "la culminación de un proceso bochornoso y lamentable" y que
hubo "aprovechamiento político de la tragedia".
La representación partidaria de la legislatura de la ciudad está muy
fragmentada. Hay 60 legisladores que forman 23 agrupaciones diferentes, y
el partido de Ibarra, el Frente Grande, tiene hoy apenas tres diputados.
Pero familiares de las víctimas discrepan, obviamente, con la visión de
Ibarra. "Esto no es un golpe institucional. La ciudad no va a quedar
acéfala sino que asume el vicejefe de gobierno", explicó a IPS
Andrea Belsunce, hermana de una de las víctimas fatales del incendio.
Para Belsunce, el juicio político es una herramienta legal prevista por
la Constitución de la ciudad para los casos de mal desempeño de
funciones, y consideró además que será "una oportunidad para que
Ibarra pueda demostrar su inocencia" si es como él señala, apuntó.
La tragedia de la discoteca se desató la noche en que ofrecía un
concierto Callejeros, luego de que uno de los asistentes lanzó una
bengala, una práctica habitual de festejo de los seguidores de este grupo
de rock en cada show. Pero esta vez, el artefacto prendió fuego un techo
plástico ubicado para neutralizar el sonido del local, que estaba ubicado
en una zona céntrica de la ciudad.
El incendio y sobre todo el humo tóxico que despedía el techo provocó
una estampida de los jóvenes. Sin embargo, el sitio ya se había
transformado en una trampa mortal debido a que las puertas de salida de
emergencia estaban trabadas y la cantidad de público, que triplicaba lo
permitido, no permitió la evacuación rápida.
Por todas esas irregularidades, más la presencia no permitida de menores
de 18 años, incluso niños y niñas, en un espectáculo nocturno, es que
la justicia penal ya procesó a 22 personas.
El gerente del local y su encargado de seguridad, los músicos y manager
de la banda, y los funcionarios del área de control incluido el
secretario de Seguridad y Control Comunal están siendo enjuiciados por
distintos cargos criminales.
También fueron procesados policías, acusados de cohecho, y miembros del
cuerpo de bomberos. El juez a cargo de la investigación, Julio Lucini,
imputó a la mayoría de los procesados el delito de homicidio culposo. La
Cámara de Apelación todavía no rechazó ni confirmó esta decisión en
el caso de los funcionarios.
Pero fuentes cercanas al juez Lucini aseguran que éste evalúa llamar a
declarar como imputado también al ahora suspendido jefe de Gobierno.
"El juez está trabajando muy bien, pero el proceso penal es
independiente del juicio político", aclaró a IPS el abogado José
Iglesias, padre de una de las víctimas.
Frente a las acusaciones en su contra, y a la falta de apoyo en la
legislatura, Ibarra había intentado en febrero convocar a un plebiscito
para que la ciudadanía definiera si quería o no que siguiera en el
cargo. Pero la iniciativa se frustró por falta de apoyo a la campaña de
recolección de firmas requerida.
Los estrategas del jefe comunal especulaban con que Ibarra podía
conseguir que los ciudadanos de Buenos Aires le brindaran un apoyo que el
parlamento local le negaba.
Pero esa idea fue perdiendo fuerza con los meses y así Ibarra quedó
expuesto a la investigación y acusación de la Legislatura, que este
lunes resolvió juzgarlo por su posible responsabilidad en la "falta
de servicios" durante la tragedia.
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