Más soja, menos bosque y nada de
agua
Marcela Valente
BUENOS AIRES, 15/3/2005 (IPS) - En la central
provincia argentina de Córdoba, la prosperidad del campo contrasta con un
panorama ambiental desolador: el distrito ostenta la tasa más alta de
deforestación de todo el país y hay numerosas localidades sin agua
debido a las alteraciones climáticas provocadas por desmontes.
En los últimos años la soja se transformó en el
principal cultivo de exportación de Argentina, y Córdoba se volcó
masivamente a producir la leguminosa para el mercado mundial. Con la
devaluación monetaria de 2002 los beneficios se multiplicaron.
Pero la extensión del monocultivo no tardó en mostrar su contracara. Según
datos de la Dirección de Bosques del gobierno nacional, Argentina afronta
”la deforestación más fuerte de su historia” debido ”al reemplazo
de bosques por soja”, y Córdoba es la provincia donde el proceso fue más
devastador.
En la última década, junto con el incremento del cultivo, la provincia
perdió cada año, en promedio, tres por ciento de sus bosques nativos. De
las 10 millones de hectáreas de bosques que había hace un siglo, queda
apenas 12 por ciento. Pero la peor destrucción se registró en las
sierras, donde hay sólo dos por ciento de la superficie boscosa original.
”Las sierras son esponjas que absorben el agua y la van liberando a lo
largo del año. Pero al deforestar en gran escala, el agua de lluvia
escurre rápidamente para abajo como si se deslizara por una autopista”,
explicó a IPS Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del
Ambiente (Funam), con sede en Córdoba.
Montenegro, que obtuvo el Premio Nobel Alternativo del parlamento sueco en
diciembre de 2004, sostuvo que el drama de la deforestación de los
bosques de montaña en su provincia consiste en que se ”destruye la fábrica
de agua” que funciona naturalmente, y que eso causa escasez del fluido.
En la región conocida como Sierras Chicas, que alberga numerosas
localidades de decenas de miles de habitantes, la falta de agua obligó en
los últimos meses a efectuar cortes del suministro. El dique La Quebrada,
que provee de agua a toda el área, apenas está en condiciones de cubrir
la mitad de la demanda actual.
Los técnicos aseguran que en periodos normales la planta potabilizadora
trataba unos 500 metros cúbicos de agua por hora, y actualmente no puede
llegar a los 300 porque a ese nivel ya extrae lodo. Eso ocurre porque el
embalse sufrió en unos meses una bajante de casi 10 metros, muy superior
a lo normal en otros veranos.
El vicegobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció la realización
de obras para aumentar la provisión y atribuyó ”al comportamiento de
la naturaleza” el colapso del agua.
El funcionario admitió que mientras el exceso de lluvias provoca
anegamiento en el sur provincial, en el noroeste ”no llueve lo
suficiente”.
En este contexto, la Agencia Córdoba Ambiente, que es el área
gubernamental encargada de los temas ambientales, elaboró un proyecto muy
controvertido, transformado este mes en ley, que ”prohíbe el desmonte
total” por 10 años pero permite ”intervenciones sustentables” en el
bosque nativo.
Esa medida se apoyó en un acuerdo previo con productores agropecuarios,
cuestionado por grupos ambientalistas porque los mantuvo al margen de la
discusión, al igual que a los académicos, según explicó Montenegro.
En diálogo con IPS, el director de la Agencia, Sergio Nirich, aseguró
exultante que la ley ”va a hacer escuela” en todo el país.
El funcionario admitió que en el último siglo la curva de deforestación
en Córdoba estuvo siempre en alza, con periodos en los que esa suba fue
apenas menos acelerada que ahora, pero pronosticó que ”con esta ley
vamos a frenar la curva, y en cuatro o cinco años vamos a comenzar a
revertir la tendencia, aunque sea recuperando una hectárea por año”.
La norma establece la ”prohibición del desmonte total de un bosque
nativo con la finalidad de afectar esa superficie a actividades que
impongan un cambio en el uso del suelo”. Eso significa que la
deforestación quedaría prohibida cuando el objetivo perseguido sea el
cultivo en gran escala de cereales, explicó Nirich.
El funcionario remarcó que sí se permite el ”desmonte selectivo”
para actividades como la ganadería, la apicultura y el cultivo de vides,
olivos o distintas plantas aromáticas.
”Tenemos que aprender a usar los recursos naturales de manera
sustentable para poder crecer económicamente y distribuir las riquezas”,
y si bien la provincia debe producir ”más toneladas de soja”, tiene
que hacerlo ”con más eficiencia en la misma cantidad de tierra” y
”no a costa del bosque”, opinó.
La norma prevé multas, arresto, suspensión de actividades, inhabilitación,
clausuras y decomisos para sus infractores. Y para controlar que se cumpla
se apelará al sistema de imágenes satelitales que registran el mapa de
los bosques con periodicidad semanal.
Sin embargo, Montenegro piensa que la nueva norma no es una solución
adecuada, y la misma posición asumió la organización ambientalista
internacional Greenpeace. Los ecologistas consideran que lo más efectivo
para frenar lo que consideran un descalabro es prohibir los desmontes
durante un periodo e imponer penas ”de prisión” a quienes no cumplan
la norma.
”Este es el golpe de gracia para los escasos bosques que quedan en la
provincia”, sentenció el activista. ”Es una medida irracional, sin
base técnica, y hará que las futuras generaciones en Córdoba se queden
sin agua”, alertó.
”Si (las autoridades) no pudieron evitar que se llegara a este punto (de
deforestación), tampoco van a poder controlar con esta ley”, desconfió
Montenegro, y denunció además que los productores que intervinieron en
la redacción de la norma ”son los principales responsables del
espantoso desmonte que sufrió la provincia”.
Por su parte, Greenpeace lidera una campaña para frenar el avance de los
cultivos sobre una reserva natural en la provincia de Salta, en el
noroeste del país El área protegida fue ”desafectada” por el
gobierno provincial y loteada entre productores rurales cuyos bulldozers
arrasan ahora con los bosques de la región.
Lo mismo sucede en Santiago del Estero, al norte de Córdoba, y el
Movimiento Campesino de esa provincia, antes eminentemente forestal, logró
junto con otras agrupaciones una moratoria de seis meses para frenar la
tala de bosques.
Pero Córdoba, Salta y Santiago del Estero son apenas tres de las siete
provincias argentinas donde el proceso de destrucción de bosque nativo es
”más intenso”, según el informe de la Dirección de Bosques Nacional.
El organismo señala que en todo el país se pierden sin remedio unas
200.000 hectáreas de bosques al año.
Para detener esa sangría, las organizaciones coinciden en la necesidad de
establecer un plan de ordenamiento territorial y una ley de bosques que
prohíba la deforestación por un periodo suficiente para permitir la
recuperación natural de los ecosistemas.
Estas iniciativas son reconocidas como necesarias por la Secretaría de
Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, pero su instrumentación
parece por ahora más lenta que el accionar de los bulldozers y la avidez
de los productores agropecuarios, deseosos de obtener ganancias rápidas.
”La prohibición absoluta de deforestar y las penas de prisión para los
que desmonten son instrumentos que van a llegar en unos años más, pero
el problema es que lo harán cuando ya sea muy grave el problema actual de
la falta de agua”, alertó Montenegro. ( (FIN/2005)
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