Pocos abortos legales, mucha polémica
Mario Osava
RIO DE JANEIRO, 15/3/2005 (IPS) - La
legalización del aborto parece muy lejana en Brasil, a la vista de las
encendidas polémicas que aún provocan los pocos casos en que la
legislación nacional permite, desde 1940, la interrupción del embarazo.
En el debate en curso sobre la necesidad de
denuncia policial de una violación para legalizar la interrupción de un
embarazo provocado por ese crimen, está implícito un ”descrédito a la
palabra de la mujer, el supuesto de que ella miente”, dijo a IPS la
activista Dulce Xavier, de la organización no gubernamental Católicas
por el Derecho a Decidir (CDD).
El presidente del Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, advirtió que
los médicos que practican el aborto en mujeres víctimas de estupro sin
el ”boletín de denuncia” policial, estarán sujetos a penas legales,
aunque su procedimiento esté habilitado por las autoridades sanitarias.
La advertencia fue una reacción al anuncio del Ministerio de Salud, que
adoptará una norma técnica dispensando los trámites policiales para que
las mujeres puedan abortar, en hospitales públicos, el feto generado en
un acto de violencia sexual.
La dirección de la Asociación Médica Brasileña, que congrega cerca de
250.000 médicos, apoyó la medida. Pero el Colegio de Abogados de Brasil
considera que, tal como fue anunciada, no protege a los médicos de una
acusación penal.
El Código Penal vigente desde 1940 condena el aborto, pero lo considera
legal en caso de riesgo para la vida de la mujer y de embarazo resultante
de estupro. La ley no exige el registro policial, pero sí lo hacen los
hospitales y médicos en general, que a veces piden incluso autorización
judicial.
El movimiento femenino logró romper esa regla no escrita. Ya existen en
el país 46 hospitales que pasaron a atender embarazadas en esa situación,
sin exigir la denuncia en la policía, según CDD.
La decisión del Ministerio de Salud, ahora en cuestión, solo reafirma un
derecho ya reconocido de las mujeres, sin considerarlas sospechosas de
antemano, sostuvo Xavier, socióloga responsable de comunicación de CDD y
coordinadora de la Red Feminista de Salud en la meridional ciudad de Sao
Paulo.
”Cuando la policía ve a un herido lo lleva primero al hospital y no a
la comisaría, el mismo principio debe aplicarse en la violencia
sexual”, argumentó, explicando que muchas veces la víctima ”no
quiere o no puede denunciar el agresor”, por tratarse de alguien
allegado o que amenaza su vida.
El argumento de que la embarazada puede engañar al hospital, alegando un
falso estupro, es lo que más irrita a Xavier. Cuando las mujeres buscan
el servicio público para interrumpir un embarazo, ”están debilitadas,
atemorizadas, no mienten”, aseguró.
La asistencia en este caso supone un equipo conformado por médico,
enfermeras, psicóloga y asistente social que pueden perfectamente evaluar
si se trata de una farsa, acotó.
Pero los mismos médicos están divididos. Reducir la burocracia,
humanizando la atención a las mujeres que sufrieron violencia es ”un
avance”, sostuvo el presidente de la Federación Brasileña de Ginecología,
Edmundo Baracat.
Pero su colega Isac Jorge, que preside el Consejo de Medicina del Estado
de Sao Paulo, siguió a los portavoces de la Iglesia Católica, al acusar
al Ministerio de Salud de abrir las puertas a la generalización del
aborto.
Ante tales resistencias y las opiniones de los juristas, la norma técnica
del Ministerio no alejará los temores de los médicos. La tendencia es
mantener la exigencia del registro policial del estupro, indican varias
opiniones difundidas en los últimos días.
La polémica comprueba la dificultad en avanzar hacia la legalización del
aborto, reclamada en la Conferencia Nacional de Políticas para las
Mujeres, convocada por el gobierno en julio del año pasado.
La inclusión de una tercera situación de aborto legal, la de fetos anencéfalos,
enfrenta manifestaciones contraria desde julio, cuando un juez del
Superior Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello, habilitó abortos en estos
casos, sin necesidad de autorizaciones judiciales.
El apoyo del Consejo Nacional de Salud, órgano que orienta el gobierno en
esa área, y del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana
no desalentó la resistencia de la Iglesia Católica, fuerzas políticas
conservadoras e incluso del jefe de la fiscalía, el procurador general de
la República, Claudio Fonteles.
El derecho a abortar fetos sin cerebro, que no tienen ninguna posibilidad
de vida fuera del útero, sigue así dependiendo de un fallo del plenario
de la Suprema Corte, sin plazo fijado.
Además, hay intentos de anular algunas conquistas de las mujeres. Está
en trámite en la Cámara de Diputados un proyecto que, de ser aprobado,
obligaría a los hospitales a ofrecer un programa de orientación a las
pacientes en vías de someterse a un aborto legal, sobre los métodos
utilizados y sus efectos colaterales.
El objetivo es inducir las mujeres a desistir del aborto, provocando
”miedo y culpa”, criticó el Centro Feminista de Estudios y Asesoría,
que llamó a una campaña para presionar a los parlamentarios a rechazar
el proyecto.
Se estima que en Brasil, con má de 182 millones de habitantes, se
practican anualmente entre 750.000 y 1,4 millones de abortos, la mayoría
de forma clandestina e insegura. En consecuencia, los servicios públicos
de salud atienden por año a casi 250.000 mujeres con secuelas de
intervenciones inadecuadas.
En América Latina y el Caribe, donde rigen legislaciones muy restrictivas
sobre el aborto, el Instituto Alan Guttmacher, de Estados Unidos, estimó
que 20 por ciento de los embarazos son interrumpidos, alcanzando cerca de
cuatro millones de abortos cada año.
(FIN/2005)
|
ORGANIZACIONES EN LA FAMILIA
ENKIDU
CUENTO DE LA SEMANA
Información en español:
