Desaparecidas de la democracia
Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, 10/05/2005 (IPS) - En Argentina
hay niñas, adolescentes y jóvenes que permanecen desaparecidas. Los
casos parecen aislados pero expertos y familiares denuncian que las víctimas
son secuestradas por redes de explotación sexual que operan con
complicidad de autoridades políticas, judiciales y policiales.
"Desde hace nueve años tratamos de hacer
visible en Argentina el tema de la trata de mujeres, pero la sociedad no
lo quiere ver porque piensa que la prostitución es un mal necesario y
prefiere culpabilizar a las víctimas", dijo a IPS Sara Torres,
referente en Argentina de la Coalición Internacional contra el Tráfico
de Mujeres.
La naturaleza de este delito hace difícil elaborar estadísticas. Los
datos sólo se infieren de las denuncias de personas desaparecidas y en la
forma de hipótesis.
La organización no gubernamental Red Solidaria busca actualmente a 190
"personas perdidas", de las cuáles 67 por ciento son mujeres.
Si se realiza una estadística por edad, se advierte además que la gran
mayoría (63 por ciento) de los buscados por sus familiares tiene de 13 a
18 años.
En diálogo con IPS, el director de la Red Solidaria, Juan Carr, precisó
que en los últimos siete años registraron más de 300 casos de
adolescentes perdidas, de las que 90 por ciento fueron encontradas. "Entre
las que fueron apareciendo hubo 10 chicas que contaron que fueron
explotadas sexualmente", reveló.
Los casos de mujeres desaparecidas se presentan en forma periódica y
aislada. Los medios periodísticos no relacionan un caso con otro y al
poco tiempo de búsqueda infructuosa sus historias desaparecen de la
primera plana. Tampoco establecen nexos los investigadores judiciales o
policiales, ni las autoridades gubernamentales.
Por mencionar sólo algunos casos, en 2002 fue secuestrada Marita Verón,
de 23 años, en la noroccidental provincia de Tucumán. Una mujer que logró
escapar de una red de explotación sexual en esa provincia aseguró haber
tratado a la joven, pero los allanamientos policiales y judiciales
llegaron, como siempre, tarde al presunto lugar de cautiverio.
Fernanda Aguirre, de 13 años, fue secuestrada en julio de 2004 en San
Benito, localidad de la nororiental provincia de Entre Ríos. La justicia
busca su cuerpo bajo tierra, pero su madre tiene pistas que la llevan a
creer que cayó en una red de prostitución. Personas que se identificaron
como sus captores pidieron un rescate de apenas 600 dólares, pero después
de que ese dinero se pagó, la niña siguió sin aparecer.
El caso más reciente es el de Florencia Penacchi, de 24 años, que fue
vista por última vez al salir de su departamento en Buenos Aires el 16 de
marzo. Su rostro sonriente se repite en afiches callejeros por toda la
ciudad. Pero no hay rastros ni pedidos de rescate. "Se esfuman, como
si se las tragara la tierra", apuntó Carr.
También hay casos de jóvenes extranjeras de las que no se hallan pistas.
Una de ellas es la turista alemana Nikola Henkler, de 28 años,
desaparecida en San Carlos de Bariloche (en la sureña provincia de Rio
Negro), en diciembre de 2002. Otras es la suiza Annagreth Wirgler, de 23,
perdida en la noroccidental provincia de La Rioja en agosto de 2004.
Torres destacó que Argentina ratificó en 2002 el Convenio Marco de
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente de Mujeres y Niños, pero esos compromisos no se vinculan
con las desapariciones de mujeres dentro del país.
"El tema de la venta de los cuerpos para la explotación sexual está
muy naturalizado, inclusive hay jueces, fiscales y policías que admiten
la existencia de prostíbulos que deberían estar prohibidos por la
legislación local y los compromisos asumidos por el país a nivel
internacional", alegó.
"En el imaginario de la sociedad, estos sitios son legales, pero no
lo son", remarcó. Asimismo, señaló como cómplices a medios periodísticos
que "exaltan la venta de los cuerpos" y a otros como el diario
Clarín, que publica avisos clasificados de venta de sexo en la sección
de "servicios útiles para la mujer y el hombre".
Organizaciones femeninas preocupadas por dar visibilidad a la trata de
mujeres realizan talleres y seminarios de expertos, pero sin contacto
alguno con familiares de las desaparecidas, que muchas veces tienen más
pistas, datos y conocimientos sobre la pesquisa que los profesionales
preparados para ese fin.
IPS habló con Maria Inés Cabrol, madre de Fernanda Aguirre, la niña
desaparecida hace más de nueve meses en Entre Ríos. "Yo siempre
pienso que a la nena la llevaron para prostituirla", dice esta mujer
desesperada, que recorrió ya siete provincias en busca de algún rastro
de su hija.
Cabrol sostiene que "no hay palabras" para explicar el dolor de
una madre a la que le arrebataron una niña cuando caminaba cerca de su
casa. "Cada día que pasa, el sufrimiento es mayor. No puedo
imaginarme como estará, una niña tan apegada a mí, que no tiene a nadie
en quien confiar", reflexiona.
En busca de esa niña, la policía detuvo a un hombre con antecedentes
penales que pocos días después apareció ahorcado en la comisaría en la
que estaba recluido. El presunto suicida es primo de un conocido proxeneta
de Entre Ríos que está preso pero no aporta nada a la investigación.
En diciembre apareció en la localidad de Las Termas, de la norteña
provincia de Santiago del Estero, un mensaje manuscrito pidiendo auxilio.
Los peritajes arrojaron resultados contradictorios, pero la madre no tiene
dudas. "Es la letra de mi nena", asegura.
La policía y la justicia hicieron numerosos allanamientos en Las Termas y
hubo detenidos por casos de explotación sexual de menores, pero ningún
rastro sobre Aguirre.
Cabrol viajó dos veces a Santiago del Estero. "En Las Termas, los
vecinos, los choferes, la policía, todos me dicen que la nena está allí,
pero la tiene el hermano del intendente y la policía federal está metida",
revela la mujer, casi en un susurro, como si temiera ser escuchada.
En su desesperada búsqueda, Cabrol se entrevistó con el presidente Néstor
Kirchner, ministros del gobierno nacional, legisladores y gobernadores
provinciales, jueces, policías e integrantes de organizaciones sociales.
"Todos me aseguran que lo que yo pida me lo dan, pero lo que yo
quiero es a mi nena".
La mujer está en contacto permanente con Susana Trimarco, madre de Marita
Verón. Gracias a la labor incansable de Trimarco, se descubrieron
numerosas pistas de una asociación de proxenetas que opera al menos en
las provincias de La Rioja, Tucumán y Buenos Aires, en la central de Córdoba
y en la austral Santa Cruz, con vínculos también en España.
En una carta hecha pública este año, los familiares de Verón, con
respaldo de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos,
informaron que su investigación había contribuido, junto con la labor
policial, a la liberación de 17 mujeres que estaban en manos de estas
redes delictivas, algunas de ellas en las norteñas ciudades españolas de
Bilbao y Burgos, y la noroccidental de Vigo.
"En Argentina estos delitos gozan de impunidad, y gracias a las
complicidades de la justicia, la policía y muchos políticos, estas
mafias cuentan con una gran zona liberada para negociar con la vida de
nuestros hijos", denuncia el comunicado emitido en abril y difundido
en algunos medios periodísticos.
El comisario de la división inteligencia de la policía de la provincia
de Tucumán, Jorge Tobar, fue un funcionario clave en la investigación de
estos temas, aunque sus declaraciones son a veces sancionadas por la
institución policial. Su compromiso con la persecución de este delito
parece una decisión personal.
"En Argentina existe un sistema de crimen organizado que captura a
mujeres y las vende para ponerlas a trabajar en prostitución con un régimen
de esclavitud. Las venden como ganado, las desplazan, las explotan, y lo
hacen con encubrimiento", señaló Tobar en una entrevista publicada
por el diario Página/12, de Buenos Aires.
Tobar intervino en el caso Verón y en operativos junto con funcionarios
de Interpol, la policía internacional, que permitieron rescatar en España
a 25 mujeres procedentes de provincias argentinas que eran explotadas
sexualmente en aquel país. El funcionario policial sostiene que hay una
enorme diferencia de recursos en uno y otro país para perseguir este
delito.
El comisario tuvo datos del caso Aguirre. "Yo detecté su presencia
en Santiago del Estero e informé el lugar exacto donde estaba, pero la
justicia y la policía hicieron 19 allanamientos antes de acudir al sitio
clave", afirmó. Cuando finalmente llegaron a ese lugar, la
adolescente no estaba.
En abril de este año, un informe del Departamento de Estado (Ministerio
de Relaciones Exteriores) de Estados Unidos alertó acerca de que en
Argentina existen "severos problemas" para controlar el tráfico
ilegal de personas, una falencia que tiene a la explotación sexual y
laboral como una de sus más perversas derivaciones.
Pero el gobierno rechazó airadamente la advertencia. El ministro del
Interior, Aníbal Fernández, consideró que el informe era "muy dañino"
para la imagen del país y que lo único que buscaba era promocionar de
ese modo la venta de algún software de control de personas que el
gobierno "no está dispuesto a comprar". (FIN/2005)
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