Duro golpe a líder de la
izquierda
Por Diego Cevallos
MÉXICO, 07/04/2005 (IPS) - Una nube de tensión
política y sospechas de uso faccioso de la ley cubrió este jueves a México
cuando legisladores despojaron de sus fueros al popular alcalde de la
capital, el izquierdista Andrés López Obrador, para dejarlo con un pie
fuera de la carrera presidencial de 2006.
Con 360 votos a favor de retirar la inmunidad al
funcionario, 127 en contra y dos abstenciones, el parlamento abrió así
la puerta a un proceso contra López Obrador en los tribunales por
desacato a una orden judicial, que lo deja separado de su cargo ejecutivo.
Según el camino que tome la causa judicial, el alcalde podría ser
conducido a la cárcel y ser inhabilitado para aspirar a un cargo electivo.
En la sesión legislativa, quien es el potencial candidato presidencial
con mayores posibilidades de triunfo en las elecciones de 2006, según
encuestas, acusó al presidente Vicente Fox y al titular de la Suprema
Corte de Justicia, Mariano Azuela, de haber fraguado el proceso de
desafuero.
El objetivo de los poderes del Estado es impedir que llegue a la
Presidencia un político que tiene un proyecto diferente de nación,
alejado del neoliberalismo, dijo López Obrador, líder del izquierdista y
opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), la tercera fuerza
política del país.
Los legisladores del gobernante y conservador Partido Acción Nacional
(PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México
por siete décadas hasta 2000, votaron contra López Obrador en una
jornada de multitudinarias movilizaciones sociales a favor del líder
izquierdista, organizadas por el PRD y funcionarios de la alcaldía.
”Se abre una etapa de tensiones e incertidumbre política, pues la
impresión mayoritaria de la gente es que el proceso de desafuero sólo
fue una estrategia para sacar de escena y por las malas a un contrincante
político con posibilidades de ser presidente”, dijo a IPS el politólogo
Álvaro Andrade.
Retirado el fuero, un juez recibirá la causa en los próximos días y
decidirá si procede el juicio y si ordena o no el arresto del acusado,
tal como reclama la Procuraduría General (fiscalía), que depende del
gobierno.
López Obrador podría apelar a un recurso de amparo y pagar una fianza
para no pisar la cárcel, pero anunció que no utilizaría tales derechos
pues estaba dispuesto a defenderse aun bajo arresto.
Según la ley, está inhabilitado como candidato quien tenga en marcha un
proceso judicial en su contra.
Diversas interpretaciones legales indican además que con el levantamiento
de la inmunidad, López Obrador no puede ejercer su cargo ejecutivo. El
mismo alcalde coincidió con esa tesis, pues el miércoles indicó que el
fin de sus fueros lo separaría del cargo. Los problemas legales de López
Obrador empezaron en 2001, cuando un dictamen judicial ordenó a la alcaldía
la suspensión de obras de ingeniería pública en terrenos de un
particular, pero a pesar de diversos exhortos, la disposición no fue
atendida.
Los jueces pidieron entonces a la Procuraduría que actuara contra el
alcalde por desacato. Según el gobierno nacional, los fiscales no tenían
otra opción que acatar esa orden y pedir al Poder Legislativo que se
suspenda la inmunidad del funcionario, lo que finalmente sucedió este
jueves.
En una concentración pública realizada en el zócalo, la plaza central
de la capital mexicana, y previa a la sesión legislativa en la que
suspendió su inmunidad, López Obrador proclamó ante unas 300.000
personas concentradas en su respaldo que todas las acusaciones en su
contra son una mentira y un montaje para sacarlo del ”juego político”.
Además, confirmó que buscará ser el candidato presidencial del PRD.
Anunció que, si no lo puede ser por razones judiciales, impulsará desde
cualquier trinchera el ”proyecto” de la izquierda.
Todas las encuestas otorgan al alcalde capitalino 35 por ciento de la
intención de votos, nueve o 10 puntos porcentuales más que su inmediato
competidor, el actual secretario (ministro) de Gobernación (Interior),
Santiago Creel, posible candidato presidencial del gobernante PAN.
”Si el proceso de desafuero es un complot del Estado como asegura López
Obrador, habría que decir que fue un total fracaso, pues en vez de
hundirlo lo llevó a posicionarse como el político más querido y abrió
un frente de conflicto que no favorece a nadie a México”, sostuvo
Andrade.
El alcalde, con 30 de sus 52 años de vida en la actividad política,
primero en el PRI y luego en el PRD, es un licenciado en ciencias políticas
con una ascendente carrera en la que periódicamente atrajo los
reflectores de los medios de comunicación por organizar protestas
ciudadanas contra presuntos fraudes electorales, entre otro motivos.
Ahora, cuando su potencial candidatura presidencial está en juego, también
llama a movilizarse, pero demanda a sus seguidores actuar de forma pacífica
y no ”dar pretextos” para que lo acusen de violento.
En su alegato acusatorio ante los legisladores, Carlos Vega, subprocurador
de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría
General, afirmó que el proceso contra López Obrador no tiene nada que
ver con la política.
Se trata de un proceso legal dirigido a cumplir con normas que establecen
que cualquier servidor público que incurra en un desacato judicial está
sujeto a una responsabilidad penal, expresó.
Pero López Obrador afirmó que todo el proceso es irregular y que todo
parte de un complot fraguado por el gobierno, algunos empresarios, jueces
y políticos.
En ese sentido, el político acusó a Fox de ”actuar de manera facciosa
con el propósito de degradar a las instituciones de la República”, al
igual que al presidente de la Corte Suprema de Justicia de ”supeditar
los altos encargos de la Constitución a las meras consignas políticas”.
Además, indicó que la dirigencias del PRI y del PAN ordenaron a sus
legisladores votar en su contra sin analizar ningún argumento jurídico.
(FIN/2005)