Contra la homofobia

Palabras de Gilberto Rincón Gallardo, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la ceremonia de lanzamiento de la Campaña Antihomofóbica de la Secretaría de Salud y el CONAPRED.

México D. F., 25 de abril de 2005.

Amigas y amigos:

La homofobia es una forma de discriminación por razón de preferencia sexual. Se trata del rechazo, prejuicio y estigmatización contra quien ha decidido conducir su vida sobre la base una preferencia sexual distinta de la heterosexualidad mayoritaria. Y es una forma de discriminación porque se expresa mediante una limitación de derechos, libertades y oportunidades de quienes han hecho suya esta opción sexual. Es además, una forma particularmente peligrosa de discriminación, pues con frecuencia conduce a la violencia contra quienes se atreven a vivir su sexualidad de manera diferente.

Nuestra Constitución, en su artículo 1°, es decir, en la primera de las garantías individuales para toda persona en México, prohíbe la discriminación por preferencias. Y aunque no lo especifica como “sexuales” estas preferencias, es lógico que entendamos que la Carta Magna no pone el acento en la defensa de preferencias gastronómicas o musicales (que, aunque siempre defendibles, no están amenazadas), sino en la de preferencias que pueden definir la ida de una persona, como las sexuales, que son esenciales en la construcción de un proyecto de vida y que, en efecto, exigen protección porque están con frecuencia amenazadas.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, promulgada en 2003, y que fue aprobada por consenso pleno tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, agrega el adjetivo “se negaba a pronunciar su nombre”, y prohibe de manera expresa la discriminación por preferencias sexuales; además establece protecciones especiales para toda persona frente a la exclusión y la burla por la manera de hablar, expresarse o manifestar la opción sexual propia. Esta ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y le ordena que, entre otras tareas, difunda y defienda esta cultura y derechos de la no discriminación.

Por ello, cuando se nos pregunta porqué instituciones públicas como la Secretaría de Salud y CONAPRED encabezan esta campaña de información y sensibilización conta la homofobia, la única respuesta que podemos dar es: “porque estamos cumpliendo la ley”. No hacerlo sería incumplir con nuestra obligación legal.

Por ello, aprovecho la ocasión para dirigirme a los grupos religiosos que han establecido una contracampaña a la que ahora lanzamo formalmente, para llamarlos, de la manera más comedida y con el más sincero respeto a sus creencias, a que en esta cuestión respeten también la Constitución y las leyes que nos obligan a todos sin excepción.

Pero hemos de reconocer que una de las dudas más atendibles al respecto de esta campaña es la que expresa su temor de que instituciones públicas como las dos mencionadas estén promoviendo conductas sexuales específicas que son incómodas, molestas o incluso pecaminosas para ciertos sectores en este país. Y precisamente en el verbo “promover” está la posibilidad de dar una respuesta a estas dudas.

Como he dicho, el Consejo tiene la obligación legal de promover una cultura de la no discriminación, además de perseguir, por la vía de sus procedimientos de queja y reclamación, los actos concretos de discriminación que pueda sufrir cualquier persona. Es en este terreno de la promoción de la no discriminación que se inscribe la campaña de respeto a las opciones sexuales legítimas de la gente. Lo que se hace a propósito de la diversidad sexual es sólo exigir el respeto que las leyes prescriben para estas opciones, y en modo alguno el estímulo para que se adopten estas opciones.

La diferencia parece pequeña pero es crucial. Una cosa es decir que las personas tienen derecho a decidir en materias sexuales y morales, y otra que las instituciones públicas deberían animar a la gente a comportarse en uno u otro sentido en materia sexul y moral.

Lo que un Estado democrático debe proteger es el derecho de las personas a conducirse de manera autónoma, sin presiones y sin riesgo de violencia, en los terrenos d elas creencias y la sexualidad que sólo a ellas atañen. Lo que no puede hacer un Estado democrático y garantista es hacer suya una particular concepción sexual, moral o religiosa, independientemente de lo extendida que ésta se encuentre entre su población. La discriminación por preferencia sexual consiste, precisamente, en violar los derechos y libertades fundamentales de alguien, o limitar sus oportunidades legítimas, sólo por vivir de acuerdo con una moral sexual que noes la mayoritaria. En este caso, la neutralidad laica del Estado respecto de las opciones religiosas y morales es la única vía legítima para regular la vida de una sociedad plural en formas de vida, de ideas de felicidad y de identidades sexuales.

Por ello, negamos abiertamente que esta campaña promueva una opción sexual particular. Del mismo modo en que el Estado no debe ser el vehículo para imponer la religión y la moral sexual de la mayoría, tampoco debe serlo respecto de la moral y sexualidad de las minorías. Mal haría un Estado democrático en promover una opción sexual, así fuera para compensar los daños que ésta ha sufrido en el pasado. Lo que promovemos es una cultura del respeto mutuo, de la tolerancia y de la vigencia de derechos fundamentales. Decidir sobre el valor inherente a los sistemas morales, religiosos o sexuales es algo que compete sólo a cada persona.

En el caso de las personas con discapacidad, las mujeres, los grupos étnicos o los adultos mayores, el gobierno y los particulares deben emprender, además de las protecciones contra los actos de discriminación, medidas de compensación que ayuden a estos grupos a revertir la desventaja histórica que padecen; mientras que en el caso de la diversidad sexual o de las minorías religiosas, es decir, en el caso de grupos que se definen por el ejercicio de una libertad fundamental, lo que debe garantizar el Estado es la protección para los derechos constitucionales de libre preferencia y libertad religiosa se puedan ejercer sin interferencias ilegítimas. Nada más.

Las preferencias sexuales son parte de las libertades fundamentales de una sociedad democrática. La no discriminación es una manera de garantizar esta libertad, sin opinar, porque ello sólo incumbe a los interesados, acerca de su valor moral o religioso. El gran jurista italiano Luigi Ferrajoli dice que los derechos fundamentales son “la ley del más débil”. Tiene razón. La garantía constitucional de la no discriminación ha de proteger a todos, pero servirá más a quienes, como en el caso de las minorías sexuales, no comulgan con las ideas, moral y valores de la mayoría. Ésta última, desde luego, tiene también el pleno derecho de mantenerse en su respetable opción sexual elegida.

El próximo 17 de mayo se celebrará el Día Mundial Contra la Homofobia, coincidiendo con la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1990, retira a la homosexualidad de la clasificación de enfermedades. Su objetivo es articular reflexiones y acciones a nivel mundial para luchar contra la violencia física, moral o simbólica ligadas a las preferencias sexuales o a la identidad de género. La idea es impulsar el reconocimiento de la ONU para que en esta fecha se conmemore este suceso. El sistema de ONUSIDA impulsa esta iniciativa también en México, misma que ha sido retomada por Democracia y Sexualidad (DEMISEX) y por Letra S, las cuales están sumando todos los esfuerzos civiles y gubernamentales para inscribir en el calendario nacional este día en México.