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Más fotografías
desde Abu Ghraib
Por William Fisher
NUEVA YORK, 17/08/2005 (IPS) - Una segunda serie de vídeos y fotografías
sobre abusos de militares estadounidenses en la cárcel Abu Ghraib, en
Iraq, es objeto de otro inminente choque entre activistas de derechos
humanos y el gobierno de George W. Bush.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Richard
Myers, sostuvo ante un tribunal de Nueva York que la divulgación de ese
material podría desatar ”disturbios, violencia y ataques insurgentes”
en el mundo árabe.
El pronóstico de Myers respondía a una demanda por el acceso a 87 vídeos
y cuatro fotografías, formulada por la Unión para las Libertades Civiles
de Estados Unidos (ACLU), el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR)
e instituciones de médicos y veteranos de guerra.
Esas imágenes documentarían otros maltratos sufridos por detenidos en la
hoy infame prisión iraquí, que fue administrada por las fuerzas
estadounidenses que ocuparon Iraq desde 2003.
El jefe del Comando Central de Estados Unidos, John P. Abizaid, y el de
las fuerzas de este país en Iraq, general George W. Casey Jr., piensan lo
mismo que Myers, según informó el propio militar por escrito al tribunal.
La difusión de las fotografías ”incitaría a la opinión pública del
mundo musulmán y pondría en peligro la vida de soldados y oficiales
estadounidenses”, según el testimonio del comandante ante la justicia.
”La situación en el terreno en Iraq es dinámica y peligrosa”, con
unos 70 ataques insurgentes diarios, agregó Myers.
Por otra parte, el militar aseguró que crece en Afganistán la
popularidad de Talibán, movimiento fundamentalista islámico que gobernó
ese país entre 1996 y 2001, hasta que una coalición internacional
encabezada por Estados Unidos invadió ese país tras los atentados del 11
de septiembre de aquel año.
Myers recordó la violencia desatada en algunos países islámicos en mayo,
cuando la revista Newsweek publicó un informe, del que luego se retractó,
según el cual carceleros en la base naval estadounidense en Guantánamo,
Cuba, arrojaban ediciones del Corán al inodoro para amedrentar a
musulmanes capturados en Afganistán, Iraq y otros países musulmanes.
Lo mismo podría suceder con la eventual difusión de las imágenes ahora
reclamadas por la ACLU y el CCR, según el comandante.
”Es probable que Al Qaeda y otros grupos usen esas imágenes y vídeos
para su propaganda, lo que derivará en ataques violentos, más
reclutamiento de terroristas, mantenimiento del apoyo financiero y
exacerbación de tensiones entre los pueblos iraquí y afgano y las
fuerzas estadounidenses”, afirmó.
Las 87 fotografías y cuatro cintas de vídeo tomadas en Abu Ghraib habían
sido entregadas el año pasado a investigadores del ejército por el
especialista Joseph M. Darby, un reservista que debió trabajar en la
prisión.
En documentos legales desclasificados la semana pasada, la ACLU y las
otras organizaciones urgieron al tribunal a ordenar la entrega de las imágenes,
y también pidieron el rechazo de los argumentos del gobierno.
Hasta que se publicaron las primeras fotografías que documentaban el
abuso de detenidos en Abu Ghraib en abril de 2004, recordaron los
demandantes, el gobierno había negado cualquier error en sus filas, a
pesar de las versiones en contrario.
Desde entonces, la ACLU obtuvo, a través de órdenes judiciales, más de
60.000 páginas de documentos gubernamentales sobre tortura y abuso de
detenidos.
En una audiencia del tribunal el lunes, el juez de distrito Alvin K.
Hellerstein recordó que solía fallar en favor de la entrega al público
de la información solicitada en este tipo de demandas, y ordenó al
gobierno revelar algunos pasajes de su alegato contra la difusión de las
fotografías y vídeos.
Hellerstein observó que esas imágenes ”son la mejor evidencia que el público
puede tener de lo que ocurrió” en la prisión de Abu Ghraib.
Los alegatos de la demanda y del gobierno serán formulados ante el
tribunal el día 30, anunció el magistrado, quien se pronunció por una
decisión rápida para que no quede en entredicho el derecho del público
a la información.
La ACLU también reclamó la creación de un consejo independiente, con la
facultad de convocar testigos, que tenga la misión de investigar el escándalo
de tortura y el papel de altos funcionarios políticos.
En ese sentido, entabló una demanda por separado para determinar la
responsabilidad del secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld, y
altos oficiales militares.
”El problema no son las fotos, sino la política del abuso”, dijo a
IPS el director de Programas Internacionales de la organización Human
Rights Watch (HRW), Reed Brody.
”La publicación de las primeras fotografías el año pasado nos reveló
que altos funcionarios estadounidenses habían dejado de lado, en secreto,
las Convenciones de Ginebra, redefinido el término 'tortura' y aprobado métodos
coercitivos ilegales de interrogatorio”, indicó.
Las Convenciones de Ginebra son la base legal del derecho internacional
humanitario, referido a la defensa de los civiles afectados por conflictos
armados y a la protección de los prisioneros de guerra.
”La difusión de nuevas fotografías sobre delitos perpetrados contra
detenidos daría nuevo impulso a la exposición y acusación de quienes,
en última instancia, son responsables, y esperamos que ayudarán a
impedir la reiteración de estas prácticas”, concluyó.
El presidente del CCR, Michael Ratner, dijo a IPS que ”la respuesta del
gobierno a la difusión de las fotografías es matar al mensajero, más
que investigar y acusar a los verdaderos culpables: el secretario de
Defensa Rumsfeld, el fiscal general Alberto Gonzales y los generales
Miller y Sánchez, entre otros”.
”Las fotografías indignarán a los que defiendan el tratamiento humano
de los detenidos, y en particular a los musulmanes, pero reflejarán la
realidad sobre el tipo de tratamiento al que se sometió a los presos”,
sostuvo Ratner.
El gobierno de Bush objetó, al principio, la difusión de las imágenes,
sobre el entendido de que violaría el derecho de los detenidos a la
privacidad, consagrado en las Convenciones de Ginebra.
Sin embargo, el gobierno de Bush ha manifestado en reiteradas ocasiones
que los detenidos no podían ampararse en las Convenciones de Ginebra en
procedimientos legales para quejarse por el maltrato al que eventualmente
los sometería el personal militar estadounidense.
En una declaración ante la corte, el coronel del ejército retirado
Michael E. Pheneger, experto en inteligencia, consideró engañoso el
argumento según el cual las imágenes desatarían ataques contra
militares estadounidenses en el extranjero.
”Nuestros enemigos procuran impedir que Estados Unidos logre sus
objetivos en Medio Oriente. No necesitan provocaciones específicas para
justificar sus acciones. Los ataques continuarán, sean o no publicadas
las fotografías y vídeos”, sostuvo el coronel Pheneger.
La demanda por la entrega de esas imágenes fue entablada al amparo de la
Ley sobre Libertad de Información por la ACLU, el CCR, Médicos por los
Derechos Humanos, Veteranos por el Sentido Común y Veteranos por la Paz.
( (FIN/2005)
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