Activistas
y organizaciones de derechos humanos realizaron una
protesta ciudadana contra el retroceso del Estado frente a
presiones de la Iglesia Catòlica que llevó a
desconocer las propuestas que lesbianas, gays,
bisexuales y travestis habían hecho al Plan Nacional de
Derechos Humanos y que fueron discutidas y aprobadas en
forma participativa.
Hombres
y mujeres GLBT se apostaron la mañana del jueves 1 de
diciembre,en las inmediaciones del local de
la Derrama Magisterial
donde se realizò el Foro Internacional “Polìticas Pùblicas
y Plan Nacional de Derechos Humanos” en el que participaron
los ministros de Relaciones Exteriores Oscar Maùrtua y de
Justicia Alejandro Tudela, al igual que el representante
residente adjunto del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo Xavier Michòn, y Alejandro Silva de
la Coordinadora Nacional
de DDHH de Perú.
El
Movimiento Homosexual de Lima había denunciado en la víspera,
que el Consejo Nacional de Derechos Humanos aprobò la versión
final del Plan reduciendo a su mìnima expresión las demandas
presentadas por las comunidades LGTB durante el proceso
consultivo convocado por el propio Consejo, cediendo a las
presiones de
la Iglesia Catòlica.
El grupo de activistas por los derechos humanos ingresò
al recinto de desarrollo del foro, donde fueron atacados con
insultos y frases violentas por hombres y mujeres de
posiciones catòlicas fundamentalistas, que se oponen al
reconocimiento de los derechos sexuales y derechos
reproductivos. Tambièn fue víctima d ela agresión d elos
fundamentalistas Roberto Garretòn, representante para Amèrica
Latina y el Caribe de
la Alta
Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien fue
acusado de criminal y asesino, en medio d euna lluvia de
frases ofensivas, por señalar que las sociedades tienen que
aprender a tolerar las diversas manifestaciones de la
sexualidad de las personas, asì como entender que una mujer
que aborta lo hace por no encontrar otra opciòn, y que por
tanto no merece ser criminalizada.
El Plan Nacional de Derechos Humanos serà visto por el
Ejecutivo la pròxima semana antes de su firma por parte del
presidente Alejandro Toledo. Los movimientos de derechos
humanos demandan al Ejecutivo que se mantenga el principio de
igualdad, sin discriminaciones de ningún tipo.