Recodo de la historia
Diana Cariboni
MONTEVIDEO, 1/3/2005 (IPS) - La asunción de
un gobierno de izquierda en Uruguay marca un quiebre en la historia de
este pequeño país sudamericano y completa un puzle subregional
definitivamente distinto del escenario neoliberal de los años 90.
La sensación de cambio fue visible en las calles
de Montevideo y las gargantas de decenas de miles de personas que salieron
a celebrar una jornada histórica, que marcó también el 20 aniversario
de la restauración democrática tras casi 12 años de dictadura militar.
También se notó esa sensación en el discurso pronunciado por el ahora
presidente Tabaré Vázquez luego de jurar fidelidad a la Constitución
ante la Asamblea General legislativa.
El gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría es en
muchos sentidos una ruptura respecto del pasado político de Uruguay, pero
también tiene un perfil nítidamente distinto a las administraciones de
Chile, Argentina, Brasil y Venezuela, con las que se lo señala más o
menos hermanado.
Vázquez, socialista y médico oncólogo de 65 años, prometió en su
discurso de 25 minutos materializar ese cambio que fue el lema de su campaña
electoral.
Sintetizó esos compromisos en ”austeridad” gubernamental, expansión
de los derechos humanos a todos los ámbitos de la vida nacional, una política
exterior de integración regional, respeto a los compromisos asumidos con
los acreedores internacionales, e impulso a una agenda global ”del
desarrollo” frente a otra ”de la seguridad”.
El presidente recordó que, 20 años después del fin de la dictadura,
”subsisten zonas oscuras” en materia de derechos humanos.
”Por el bien de todos es necesario y posible aclararlas en el marco de
la legislación vigente, para que la paz se instale definitivamente en el
corazón de los uruguayos y la memoria colectiva incorpore el drama de
ayer, con sus historias de entrega, sacrificio y tragedia”, agregó.
Se refería al cumplimiento del artículo cuarto de la Ley de Caducidad de
la Pretensión Punitiva del Estado (que clausuró la investigación de los
crímenes cometidos durante la dictadura, de 1973 a 1985) y que habilita
investigar la suerte de unos 200 desaparecidos.
Vázquez también habló de las cuestiones pendientes en materia de
”igualdad racial, equidad de género, derechos del niño, derecho a la
información, a la cultura, derecho a un medio ambiente seguro. Esos también
son derechos humanos que hacen a la calidad de la democracia”.
El presidente reiteró el concepto de ”más y mejor Mercosur”
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), al que calificó de proyecto político
estratégico para el país, pero reivindicó el derecho a desarrollar
relaciones con todas las naciones, y aseguró que impulsará un rápido
acuerdo comercial del bloque sudamericano con la Unión Europea.
Vázquez reiteró que su gobierno honrará las deudas con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los acreedores privados,
en el marco de ”relaciones de respeto y del derecho al desarrollo de la
sociedad uruguaya”.
Pero ”desde el inicio de nuestro gobierno debe quedar bien claro, lo
decimos con respeto, pero con la máxima firmeza: no toleraremos
injerencia externa en nuestros asuntos internos. Los asuntos, decisiones y
problemas de los uruguayos los resolvemos entre los uruguayos”, sostuvo.
Vázquez adjudicó ”especial trascendencia” a los acuerdos firmados
con las fuerzas opositoras el 16 de febrero, en materias económica,
exterior y educativa. Pero ”sería ingenuo” esperar de ellos
”efectos milagrosos”, advirtió.
Las modificaciones que el país requiere no pueden llevarse a cabo sin
amplios ”acuerdos sociales”, añadió.
Las expectativas ciudadanas de cambio y los reclamos sectoriales ejercerán
considerable presión sobre el nuevo gobierno.
La democracia uruguaya atravesó con éxito la crisis económica y social
de 2002, pero con un gran costo social, que dejó en la pobreza a un millón
de los 3,2 millones de habitantes.
El nuevo gobierno aspira a negociar rápidamente, en semanas, un nuevo
acuerdo con el FMI, dijo el lunes el ahora ministro de Economía, Danilo
Astori. El país tiene una deuda externa que equivale a casi todo su
producto interno bruto.
También se pondrá en marcha un Plan de Emergencia de dos años con un
presupuesto anual de 100 millones de dólares, para atender las
necesidades de alimentación, salud y educación de la población
indigente, estimada en algo menos de 100.000 personas.
A mediano plazo, la administración aspira a corregir las desigualdades
redistribuyendo el gasto público y las cargas impositivas, pero sobre
todo atrayendo inversiones que permitan crear ”más y mejores empleos”,
dijo Astori.
Para el politólogo Jorge Lanzaro, la izquierda podrá ejercer ”una política
de correctivos y de cambios moderados, sin giros radicales, ni vuelcos de
proyección global”.
”Las instituciones públicas muestran que, aun en esta tónica, es
problemático y trabajoso producir transformaciones”, afirma Lanzaro en
el libro ”La izquierda uruguaya entre la oposición y el gobierno”.
Además, ”la izquierda no ha sido impermeable a la revolución cultural
neoliberal, y ha integrado algunos de sus elementos, como la necesidad del
equilibrio fiscal, la apertura comercial y la competitividad”, dijo a
IPS el especialista.
Lo cierto es que a partir de este martes se producirá un formidable
recambio en las elites vinculadas a los resortes del Estado uruguayo.
La izquierda no sólo ejercerá el Poder Ejecutivo, tendrá mayoría
parlamentaria absoluta y controlará las poderosas empresas públicas,
sino que irá renovando progresivamente miles de cargos altos y medios en
la administración pública, que fueron por más de 170 años de historia
política coto del ahora saliente Partido Colorado y, en menor medida, del
Partido Nacional.
Este es un aspecto que diferencia al nuevo gobierno uruguayo de
experiencias de países vecinos.
El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva gobierna con una suerte de
coalición parlamentaria con sectores en algunos casos en las antípodas
de su izquierdista Partido de los Trabajadores, apenas la primera minoría
en la cámara baja.
El argentino Néstor Kirchner expresa el pensamiento político del ala
centroizquierdista del Partido Justicialista, mayoritario en el parlamento
pero que en los años 90 ejerció un gobierno adherido al neoliberalismo
económico y al conservadurismo político.
Tampoco la coalición centroizquierdista que gobierna Chile desde 1990 es
comparable al gobernante Frente Amplio de Uruguay, fundado en 1971 y con
un continuo crecimiento electoral desde entonces.
La administración de Venezuela discurre por el terreno de un movimiento
social aglutinado en torno de una figura, la del presidente Hugo Chávez,
sobre la desintegración del sistema de partidos y una polarización política
extrema.
Pero la izquierda uruguaya tiene en común con todos ellos la búsqueda de
un camino diferente al seguido en la región en los años 80 y 90, basado
sobre el desmantelamiento del Estado y las privatizaciones. Llega al poder
con todos los atributos para encontrarlo. ( (FIN/2005)
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