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Misteriosas muertes
de capturados en la guerra de Bush
Por Jim Lobe
WASHINGTON, 21/10/2005 (IPS) - Pese a las repetidas promesas
estadounidenses de que se investigarían todas las muertes de personas
detenidas como parte de la "guerra contra el terrorismo", los
procedimientos groseramente inadecuados y defectuosos hacen difícil o
imposible acusar y condenar a los culpables.
Esta es la conclusión a la que llegó la organización Human Rights First
(Derechos Humanos Primero), con 25 años de trayectoria en la materia.
Los registros de muertes de detenidos, 108 desde 2002 según el
Departamento (ministerio) de Defensa, han sido "extremadamente
inadecuados" y los investigadores no lograron interrogar a testigos
cruciales ni recabar y preservar pruebas útiles, como partes de cuerpos o
evidencia balística básica para efectuar acusaciones.
Entre las repetidas fallas de los comandantes militares figuran: no
informar sobre las muertes de personas detenidas bajo custodia de sus
tropas, o demorar dichos informes días y hasta semanas, complicando mucho
la posibilidad de reunir evidencias.
En un caso, la muerte de un detenido iraquí no se informó hasta un año
después, y el caso fue cerrado sin que se determinara la causa de la
muerte.
En algunos casos, el ejército emprendió investigaciones serias, pero sólo
luego de que los medios de comunicación divulgara las muertes. En otras
ocasiones, los fallecimientos inicialmente atribuidos a causas naturales,
según HRF, que está preparando un informe de inminente publicación
sobre estos hechos,
Entre las 108 muertes informadas por el Pentágono (sede del Departamento
de Defensa), el ejército identificó 27 homicidios, posibles o
confirmados, y por lo menos siete en los que los detenidos fueron
torturados o golpeados hasta morir.
La información de HRF aparece poco antes de la celebración de reuniones
de un comité del Congreso legislativo que debe decidir si incluye en el
proyecto de presupuesto de la Defensa una enmienda que prohíba cualquier
tipo de tratamiento abusivo contra detenidos, en coincidencia con el
Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, que en general se ajusta
a las convenciones de Ginebra.
Estas convenciones constituyen la base del derecho internacional
humanitario, que protege a los prisioneros de guerra y a la población
civil en zonas de conflicto.
A principios de este mes, los senadores del gobernante Partido Republicano
se distanciaron en masa del gobierno de George W. Bush, que se había
opuesto a la enmienda, y se sumaron a los demócratas para aprobar la
enmienda por 90 votos contra nueve.
La Cámara de Representantes debe decidir ahora, mediante las reuniones
del comité, si introduce esa enmienda en la versión del proyecto de ley
que deberá votar.
El gobierno insiste en que los sospechosos de terrorismo no tienen derecho
a acogerse a las protecciones de las convenciones de Ginebra y ha
advertido reiteradamente que vetaría el proyecto si la enmienda es
incluida.
Pero el gobierno está asediado por una muy baja aprobación pública y
preocupado por la posibilidad de que altos funcionarios de la Casa Blanca
puedan ser acusados penalmente la semana próxima por revelar la identidad
de una agente secreta de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), Valerie
Plame, cuyo esposo acusó a Washington de emprender la guerra contra Iraq
esgrimiendo información fraudulenta.
Por lo tanto, el gobierno podría optar por guardar silencio y dejar que
la enmienda sobre malos tratos sea incluida en el texto final de la ley.
El miércoles, el Pentágono anunció que el ejército había comenzado
una investigación sobre los informes de soldados estadounidenses en
Afganistán que quemaron los cadáveres de dos combatientes del Talibán y
luego usaron los restos como parte de un operativo psicológico para
burlarse de los insurgentes y de sus seguidores en una aldea cercana.
"Esta presunta acción resulta repugnante para nuestros valores
comunes", dijo el jueves un portavoz del Pentágono en la base
estadounidense de Bagram, en Afganistán. "Este comando toma en serio
todas las denuncias de mala conducta o comportamiento inapropiado y ordenó
una investigación sobre las circunstancias que rodearon esta denuncia",
agregó.
Los hallazgos de HRF también reforzarán la convicción de los
legisladores y de un creciente número de jerarcas militares retirados,
que urgieron públicamente al Congreso a aprobar la enmienda, de que la
decisión del gobierno de no aplicar las convenciones de Ginebra contra
sospechosos de terrorismo han creado un ambiente propicio para condonar
los abusos.
Unas tres docenas de generales retirados firmaron una carta de apoyo a la
enmienda. El ex secretario de Estado y ex jefe del estado mayor conjunto,
Colin Powell, también puso su firma en la misiva.
El coronel retirado Lawrence Wilkerson acusó esta semana a Bush, al
vicepresidente Dick Cheney y al jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, de
ser responsables de "decir a nuestros soldados: 'Ustedes no deberían
tener reparos, porque esta es una clase diferente de conflicto'".
"Sabíamos que las cosas no eran como debían ser", dijo
Wilkerson en referencia a su reacción y a la de Powell ante los abusos
contra detenidos. "Y como ex soldados, sabíamos que uno no tiene
este tipo de actitud dallí afuera a menos que a uno perdonen...",
agregó.
"Es irrelevante si uno lo hizo explícitamente o no. Si uno lo hizo
indirecta, implícita, tácitamente (elija la palabra), está en problemas,
porque esa cuesta es realmente resbaladiza , y llevará años revertir la
situación, y probablemente tendremos que cultivar un nuevo ejército",
opinó.
El fracaso en investigar las muertes de detenidos fue otro resultado de la
decisión del gobierno de no aplicar las convenciones de Ginebra, según
Deborah Pearlstein, que supervisó el nuevo estudio de HRF.
"Estas investigaciones fallidas son parte de los efectos más amplios
de enviar soldados a combatir con una pauta ilegal sobre interrogatorios y
detenciones, o sin ninguna guía en absoluto", dijo.
"Hay un viejo aforismo del ejército: la unidad hace lo que el
comandante revisa. Si cualquier comandante realmente se hubiera preocupado
de respetar (las convenciones de) Ginebra, puede estar seguro de que habrían
sido respetadas, y esto va directamente a lo más alto de la cadena de
mando", dijo el general retirado David Irvine, un oficial de
inteligencia estratégica que enseñó técnicas de interrogatorio a
prisioneros y ley militar durante 18 años.
"Si una rigurosa adherencia al trato humanitaria hubiera sido
considerada importante, alguien usando estrellas habría requerido una
investigación minuciosa e imparcial de cada muerte de un detenido",
agregó.
Un portavoz del Pentágono insistió en que circunstancias más allá del
control de los investigadores militares a menudo hicieron imposible llevar
a cabo investigaciones meticulosas.
Estos procedimientos "no pueden ser comparados con las
investigaciones penales llevadas a cabo en una típica ciudad
estadounidense", dijo el teniente coronel Mark Ballesteros. "Es
muy importante comprender que la mayoría de estas investigaciones de
muertes son realizadas en ambientes muy austeros y peligrosos".
(FIN/2005)
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