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No habrá visitantes
sordos a Guantánamo
Por Jim Lobe
WASHINGTON, 02/11/2005 (IPS) - La negativa de Estados Unidos a admitir
entrevistas de investigadores de la ONU a detenidos por la "guerra
contra el terror" hunde aun más el prestigio del gobierno de George
W. Bush en materia de derechos humanos, según expertos.
Seis organizaciones religiosas y humanitarias exigieron a los
departamentos (ministerios) de Justicia y de Defensa en Washington que
permitan a investigadores independientes entrevistar a detenidos en la
base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
El gobierno debe tomar esta y otras medidas para "poner fin a la
tortura, el abuso y el tratamiento inhumano" en Guantánamo,
indicaron en una carta al fiscal general Alberto Gonzales las
organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional.
Los grupos anunciaron un "ayuno por justicia" a nivel nacional,
coincidente con el fin mes sagrado musulmán de Ramadán y mientras
transcurre desde fines de junio --aunque con interrupciones-- una huelga
de hambre entre detenidos en la base naval.
"La situación en Guantánamo es desesperante. Los hombres están
cerca de la muerte", dijo la abogada Tina Foster, del Centro de
Derechos Constitucionales, que representa a gran cantidad de detenidos.
El también abogado Avi Cover, de organización Human Rights First,
advirtió que "negar a los expertos internacionales en derechos
humanos la posibilidad de visitar a prisioneros en Guantánamo mantiene el
manto de secreto sobre las prácticas de detención".
"Así, solo se generan más preguntas sobre lo que se oculta y se
socava la posición de Estados Unidos en la comunidad mundial",
sostuvo Cover.
"No tiene mucho sentido que los relatores de la ONU (Organización de
las Naciones Unidas) realicen una investigación sobre el tratamiento de
los detenidos si apenas se les facilita un 'tour' censurado por el Pentágono
sin reunirse con prisioneros para escuchar sus relatos", consideró
el abogado.
El secretario (ministro) de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld,
dijo que no permitiría que investigadores de la ONU se entrevistaran con
los prisioneros en el centro de detención de Guantánamo, inaugurado en
enero de 2002.
Rumsfeld consideró que la huelga de hambre, en que han participado cerca
de la mitad de los 540 prisioneros de 40 países diferentes, era un
esfuerzo deliberado para atraer la atención de los medios de comunicación.
Por otra parte, agregó, el Comité Internacional de la Cruz Roja seguirá
teniendo acceso ilimitado a los prisioneros, algunos de los cuales están
entre rejas desde hace cuatro años sin que se les hubiera iniciado un
proceso judicial.
"Hay varias personas que siguen una dieta por la cual no comen por un
periodo y en cierto punto salen y se rotan para que otras personas hagan
lo mismo ", dijo Rumsfeld a la prensa en el Pentágono. "Se
trata claramente de una técnica para llamarles la atención a ustedes,
amigos, y les resultó bien."
El gobierno de Bush ha asegurado que los confinados en Guantánamo, la
mayoría de ellos detenidos a raíz de la invasión a Afganistán en 2001,
no merecen la protección de las Convenciones de Ginebra pues son "combatientes
enemigos" y no "prisioneros de guerra".
La ocupación de Afganistán en octubre de 2001 fue la respuesta a los
atentados que el 11 de septiembre de ese año dejaron 3.000 muertos en
Nueva York y Washington. Esos ataques fueron reivindicados por la red
terrorista Al Qaeda, entonces protegida por el régimen islámico Talibán,
que dominaba la mayor parte del territorio afgano.
La presión internacional para abrir la base naval al escrutinio de los
investigadores de la ONU se ha intensificado, fundamentalmente a raíz de
denuncias de abogados de detenidos en cuanto a la magnitud de la huelga de
hambre.
Los defensores de los prisioneros advirtieron, además, que las
autoridades de Guantánamo no accedieron a implementar las mejoras en las
condiciones de vida de los detenidos acordadas meses atrás, luego de
demandas por profanación del Corán y maltratos de diverso grado.
Entre esos acuerdos figuraba el cumplimiento de los principios de las
Convenciones de Ginebra, base del derecho internacional humanitario, que
atiende la situación de las poblaciones civiles afectadas por conflictos
armados y a los prisioneros de guerra.
También se acordó cumplir con una sentencia emitida hace 16 meses por la
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y que permite a los
prisioneros exigir una aclaración sobre su estatus ante un tribunal no
sometido al control del Pentágono.
Las autoridades de Guantánamo respondieron a la huelga de hambre, según
diversas versiones, obligando a los debilitados prisioneros a alimentarse
a través de tubos nasogástricos.
Los procedimientos de alimentación forzada incluyeron mecanismos de
tortura y actitudes sádicas por parte de los carceleros.
La jueza federal estadounidense Gladys Kessler manifestó la semana pasada
que los informes que le entregaron defensores de prisioneros son "profundamente
preocupantes", y ordenó al gobierno la entrega de los registros médicos
de los detenidos forzados a alimentarse.
Pero el Pentágono aseguró el martes que ninguno de los 27 detenidos que,
según esa cartera, fueron obligados a alimentarse ha sufrido maltrato.
Un detenido, Abdul Rahman, informó a su abogado que "un médico de
la marina puso el tubo en su nariz y lo movió de arriba a abajo hasta que
el hombre comenzó a vomitar sangre violentamente".
Otros relatos describen los tubos como "del ancho de un dedo", y
asegura que eran puestos "forzadamente" sin "anestesia ni
sedantes", ni "esterilización". "Cuando los tubos
eran reinsertados, los detenidos podían ver la sangre y la bilis de otros
detenidos en los tubos."
El Pentágono invitó el 27 de octubre a los relatores especiales de la
ONU sobre tortura, libertad de credo y detenciones arbitrarias a visitar
Guantánamo, pero sin admitir la posibilidad de que se entrevistaran con
los detenidos.
Los tres expertos del foro mundial han solicitado infructuosamente acceso
al centro de detención desde comienzos de 2002.
El relator especial sobre Torturas de la ONU, Manfred Nowak, anunció que
no aceptaría la invitación así formulada. "No tiene sentido",
dijo Nowak al diario estadounidense The Washington Post. "No se puede
realizar una misión así sin hablar con los detenidos."
"Dicen que no tienen nada que ocultar. De ser así, ¿por qué no
podríamos hablar con los detenidos en privado?", se preguntó.
La Corte Suprema de Justicia sentenció en junio de 2004 que la base naval
en Guantánamo no era ajena a la jurisdicción de la ley estadounidense, y
que los detenidos podían apelar su situación mediante un procedimiento
de hábeas corpus en un tribunal independiente.
Pero el Pentágono sólo ha admitido un procedimiento de revisión a cargo
de paneles militares, en que los detenidos carecen de acceso a información
reservada y del derecho a ser representados por un abogado.
De todos modos, docenas de prisioneros fueron devueltos a sus países de
origen después de tales audiencias. (FIN/2005)
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