Esperando al abogado
Marcela Valente
BUENOS AIRES, ene (IPS) - ¿Qué hacer cuando
un miembro de una organización social es detenido de modo arbitrario por
la policía y corre riesgo de ser maltratado, lo cual sucede con asiduidad
aún en Argentina? Un grupo de entidades encontró respuesta a ello en la
formación de ”promotores de derechos humanos”.
”No podemos prescindir de los abogados, pero
debemos tener las herramientas jurídicas para saber qué hacer ante la
emergencia”, explicó a IPS Carlos González, del Movimiento Campesino
de Santiago del Estero (Mocase). ”Primero va la denuncia ante la fiscalía
de turno, después una gacetilla de difusión”, sintetizó el dirigente.
La capacitación de promotores de derechos humanos surgió ante la
necesidad de los campesinos que integran el Mocase, porque en la
noroccidental provincia de Santiago del Estero son muy frecuentes los
abusos de terratenientes que apelan a fuerzas parapoliciales para
amedrentar a los trabajadores rurales y a indígenas para expulsarlos de
las tierras que ocupan.
En el marco de la Secretaria de Tierras, Derechos Humanos y Ambiente del
Mocase, donde los campesinos van en busca de asesoramiento frente a algún
desalojo violento, surgió en 2003 la idea de crear las llamadas Defensorías
Populares Autónomas, que se reprodujeron luego con distintos nombres en
decenas de organizaciones.
La réplica de este fenómeno se produce en un contexto de multiplicación
de organizaciones sociales que reivindican sus derechos al trabajo, a la
salud y la educación tras el colapso de fines de 2001 que afrontó
Argentina. En algunos casos, las protestas son reprimidas con la persecución
posterior a los activistas.
Las defensorías no constituyen una organización estructurada con una
sede, sino ”un espacio”, según prefiere definir González.
”Trabajamos con otras organizaciones para que, ante una emergencia, no
haya que sentarse de brazos cruzados a esperar al abogado, sino que se
sepa qué hacer, cómo desactivar el conflicto”, remarcó.
Así, mediante talleres de formación de agentes facilitadores, los
integrantes del Mocase con más experiencia asesoraron a miembros de otras
agrupaciones campesinas, pero también a organizaciones de piqueteros, el
movimiento de desempleo así identificado por su modalidad de protesta de
bloqueo de rutas, de minorías sexuales o victimas de la violencia
policial, entre otras.
Algunos abogados que trabajan en entidades defensoras de derechos humanos,
como el Centro de Estudios Legales y Sociales o la Coordinadora contra la
Represión Policial, asesoraron a los grupos. Pero la capacitación de
promotores ûtambién conocidos como ”auxiliares de justicia”-- no es
vertical.
Hay un intercambio de experiencias que permite a los participantes de los
talleres identificar cuales serán las herramientas más eficientes para
evitar violaciones a los derechos humanos o para denunciarlas si ya se
perpetraron, señaló González.
Algunas veces la tarea preventiva hace innecesaria la intervención del
profesional.
Los promotores realizan trámites para conseguir pensiones para ancianos o
atienden problemas de contaminación por una fábrica que afecta la salud
de los vecinos de su comunidad. También se interesaron por los talleres
de formación organizaciones de obesos o de familiares de víctimas de
accidentes de tránsito.
Roberto Marsenaro integra la agrupación de desocupados Javier Barrionuevo,
miembro del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón que
funciona en Esteban Echeverría, una localidad empobrecida de la oriental
provincia de Buenos Aires.
Esa agrupación tomó su nombre de un miembro del movimiento muerto por un
dirigente político durante un bloqueo de calle. ”El hombre tenía
buenas relaciones con la policía, llegó hasta el piquete con su auto y
como no lo dejaban pasar volteó una valla y mató de un disparo a Javier
Barrionuevo”, contó Marsenaro a IPS.
El homicida, Jorge Bogado, fue absuelto en pocos meses luego de que la
fiscalía retirara los cargos por ”falta de pruebas”.
Bogado se había inculpado por los disparos contra Barrionuevo y hubo al
menos cinco testigos que declararon haber visto cuando extrajo el arma y
apuntó contra el cuello del piquetero.
Empero, la policía comenzó entonces a perseguir a otros miembros del
movimiento. ”Nos paraban a cada rato, nos pegaban, nos humillaban, y un
día se llevaron a un compañero a una tosquera (cantera en desuso), lo
hicieron desnudar, simularon que lo iban a violar, intentaron fusilarlo y
después lo soltaron”, siguió su relató.
Formado en la red de Defensorías Populares Autónomas, Marsenaro denunció
ante la justicia por ”abuso de autoridad” al policía y al gendarme
que sometieron al militante a apremios, y lo hizo todo sin abogados. Pero
también hay casos en los que consiguen evitar que el delito se concretara.
”A veces va alguno de nosotros caminando por la calle y lo detienen por
averiguación de antecedentes, entonces ya sabemos lo que hay que hacer
para evitar que los golpes y abusos”, asegura Marsenaro. Hablar con el
comisario, exigir que se justifique la detención, hacer la denuncia
judicial y difundir la noticia, enumera.
Para esto último cuentan con pequeñas redes de noticias sobre
movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que llegan
mediante sus comunicados a medios periodísticos de mayor incidencia.
Marsenaro también destacó la intervención de los promotores en una
escuela, para evitar la expulsión de un menor. El niño, de ocho años,
recuerda, tenía problemas de conducta y el subdirector del centro
educativo le impidió la entrada a la institución. Cuando sus padres
reclamaron les informó que había pedido su traslado a un internado.
Los promotores pidieron una entrevista con el directivo, pero ante la
negativa a recibirlos fueron al Consejo Escolar, el organismo público que
supervisa a las escuelas. Explicaron a los funcionarios que el menor era
hijo de un discapacitado, que además era alcohólico, y que lo que el niño
necesitaba era atención psicológica.
Tras dos meses de trámites y gestiones, el menor fue reincorporado a la
escuela y recibe atención psicopedagógica. ”No sólo eso, además le
dieron clases extra para que recupere lo que había perdido durante los
dos meses que no fue al colegio”, remarcó Marsenaro. ( (FIN/2005)
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