Precio a los derechos humanos
Constanza Vieira
BOGOTÁ, 2 feb (IPS) - La Mesa de Coordinación
y Cooperación Internacional para Colombia se reunirá esta semana en el
septentrional puerto de Cartagena de Indias. Los críticos del presidente
Alvaro Uribe temen que los donantes aflojen sus exigencias frente a las
violaciones de derechos humanos que se cometen en este país.
En un encuentro anterior celebrado en Londres en
julio de 2003, la comunidad internacional estableció condiciones para
mantener la cooperación con el país andino, instado en dos años
consecutivos por la ONU a cumplir una agenda de 27 puntos en materia de
derechos humanos, de los cuales 23 son responsabilidad del gobierno y del
Estado.
La Declaración de Londres, que manifestaba además la necesidad de una
negociación para poner fin al conflicto armado en el marco de una política
de paz, fue considerada un revés para el gobierno colombiano.
El documento llamaba al gobierno a concertar con las organizaciones
civiles y de derechos humanos, a proteger su actividad y a tomar medidas
contra la impunidad, que según juristas especializados alcanza a más de
95 por ciento de los crímenes.
Pero dos meses después, Uribe protagonizó un escándalo al acusar públicamente,
dos veces en una misma semana, a los activistas de estar ”al servicio
del terrorismo” y de ser ”traficantes de los derechos humanos”.
La Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia reúne
al G-24, un grupo informal para acordar una política internacional de
asistencia con el país sudamericano que vive una longeva guerra interna.
Está integrado por 27 países, entre ellos 20 europeos (Alemania,
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Holanda, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Polonia, Portugal, República Checa y Suiza).
También son parte del G-24 Canadá, que preside el grupo, Estados Unidos
y Japón y los latinoamericanos Argentina, Brasil, Chile y México.
Lo conforman además la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión
Europea), todas las agencias de la ONU y la banca multilateral: el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.
A partir de noviembre se intensificó el tira y afloje para fijar los términos
de lo que será la Declaración de Cartagena, considerada, como la de
Londres, una carta de navegación para la política internacional frente a
Colombia, que redundará en decisiones de cooperación.
El gobierno de Uribe ansía obtener la aprobación internacional de su
gestión para financiar su política social, pues necesita destinar, según
sus cálculos, el equivalente a 5,3 por ciento del producto interno bruto
(PIB) a la ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, que lleva 40
años en armas.
Al rubro de seguridad nacional se destina 11 por ciento del presupuesto
general de la nación, mientras el servicio de la deuda pública interna y
externa acapara 36 por ciento del mismo, según el profesor de la
Universidad Nacional de Colombia, Ricardo Bonilla, coautor del libro
”Reelección: El embrujo continúa”, basado en datos del Ministerio de
Hacienda.
Colombia afronta un déficit fiscal de 6,5 para este año, dos puntos más
que en 2000.
La cooperación civil del G-24 complementaría la asistencia militar de
Estados Unidos, que suma 3.300 millones de dólares desde 2000, de los
cuales se han dedicado 120 millones anuales a aliviar el impacto de la
guerra en algunas regiones. Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda
estadounidense después de Israel y Egipto.
En tanto, la cooperación de la Unión Europea ascendió en 2003 a 120
millones de dólares.
Para el derechista Uribe, principal aliado del gobierno de George W. Bush
en América Latina, la comunidad internacional no comprende que en
Colombia el Estado es atacado y por lo tanto es una víctima, igual que la
sociedad.
En el conflicto chocan guerrillas izquierdistas, paramilitares derechistas
y fuerzas gubernamentales, todo alimentado por el combustible del narcotráfico.
Términos como ”conflicto armado interno” en lugar de ”guerra contra
el terrorismo”, o ”crisis humanitaria” están en el ojo del
silencioso huracán diplomático en torno al texto definitivo de la
declaración que debe ser aprobada en la reunión de Cartagena, este
jueves y el viernes.
El texto, ya concertado pero que aún podría sufrir algunos cambios, se
conocerá en la medianoche del jueves, hora GMT.
Según filtraciones a la prensa, el G-24 reconocerá los esfuerzos de
Uribe contra el ”terrorismo” y el narcotráfico y dará apoyo a la
desmovilización de los paramilitares emprendida por el gobierno, aunque sólo
si se aprueban reglas claras en cuanto a verdad, justicia y reparación de
las víctimas.
Entre Londres y Cartagena, Uribe inició un debatido acuerdo de
desmovilización con los paramilitares, considerado necesario. Pero para
defensores de derechos humanos, el modo en que el proceso viene desarrollándose
es un pasaporte a la impunidad.
Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) los paramilitares son
responsables de 80 por ciento de las atrocidades de la guerra.
Aunque las tasas de criminalidad bajaron desde que estos grupos
irregulares decretaron el cese al fuego en diciembre de 2002, hasta
septiembre del año pasado habían cometido 1.889 homicidios, según la no
gubernamental Comisión Colombiana de Juristas.
Los paramilitares desmovilizados no requeridos previamente por la justicia
pueden marcharse a sus casas, adonde un endeble aparato judicial
seguramente no los irá a buscar, advierten los críticos.
De acuerdo con versiones periodísticas, la Declaración de Cartagena
reconocerá algunos avances en el cumplimiento de las recomendaciones de
la ONU por parte del Estado y del gobierno.
También fijará como prioridades para la cooperación seis bloques temáticos:
bosques, reincorporación a la civilidad, desarrollo productivo y
alternativo, fortalecimiento del Estado de derecho y de los derechos
humanos, programas regionales de desarrollo y paz, desplazamiento forzado
y asistencia humanitaria.
El G-24 basa su evaluación en los informes de la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos, entre otras fuentes.
La discrepancia interna en cuanto a los resultados de la gestión de Uribe
quedó en evidencia dos días antes del inicio de la Mesa.
Mientras el gobierno anunció el lunes que el desplazamiento forzado
disminuyó en 37 por ciento en 2004, la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento, principal fuente no gubernamental del tema,
reportó el martes un incremento de 38,5 por ciento de personas que huyen
de la guerra.
El plato de entrada de la Mesa lo servirá la Alianza de Organizaciones
Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la
Democracia en Colombia, formada por 125 entidades, muchas de ellas
federaciones como las centrales sindicales, la Organización Nacional Indígena
de Colombia, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red de Iniciativas para
la Paz.
Han citado al G-24 para la tarde de este miércoles, y esperan influir
sobre el menú de los comensales al día siguiente.
( (FIN/2005)
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