Antídoto contra la exclusión
Viviana Alonso
BUENOS AIRES, feb (IPS) - La economía
solidaria que construyen miles de trabajadores de Argentina, en
cooperativas fabriles y rurales, empresas recuperadas y autogestionadas y
pequeños emprendimientos, será objeto de una amplia convocatoria que
impulsarán este año organizaciones gremiales, políticas y sociales.
En Argentina hay muchos ejemplos de organizaciones
que realizan actividades económicas con objetivos diferentes a los del
capital, con estructuras horizontales y una gestión democrática y
participativa.
Ejemplos ”existen desde hace más de cien años en el país. A las ya
tradicionales cooperativas, mutuales y otras formas asociativas se agrega
la aparición de microempresas que actúan de manera solidaria, las
compras asociadas y otras muchas alternativas de economía popular”,
sostiene un documento del Espacio de Economía Social de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA).
Luego de la crisis de 2001, que casi colapsó la economía y causó graves
daños sociales, iniciativas de este tipo crecieron como hongos.
La CTA junto a otras organizaciones sociales, políticas, académicas y
estudiantiles convocará a distintos sectores para debatir y acordar
proyectos que consoliden las experiencias de economía social como
alternativa a los modelos económicos excluyentes.
Entre esas experiencias se cuentan pequeños productores insertos en
economías regionales, trabajadores que ante la pérdida de sus empleos se
organizan para la recuperación de la empresa, comunidades que se unen
para solucionar necesidades básicas, como salud, vivienda o alimentación,
e iniciativas que aisladas serían inviables, pero que logran espacios de
intercambio y colaboración.
La economía social ”cambia las reglas de juego actuales, que sólo
buscan maximizar los beneficios de unos pocos a partir de la acumulación
del capital, y establece mejorar la calidad de vida de los trabajadores y
sus familias a partir de formas de satisfacción de las necesidades
basadas en la cooperación, la solidaridad y la autogestión”, explicó
a IPS Soraya Giraldez, del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la
CTA.
”Estas experiencias marcan la posibilidad de avanzar en nuevas formas de
distribución de la riqueza”, sostuvo.
Se trata de buscar formas más justas de organizar la producción, el
trabajo, el consumo y la distribución. Así se transforma la tradicional
relación de oposición entre el capital y el trabajo, propia del
capitalismo, en una construcción alternativa.
En los últimos años han aparecido las fábricas (abandonadas o cerradas
por sus dueños) y recuperadas por sus empleados, las empresas de
autogestión, las cooperativas rurales y los grupos de trueque de bienes y
servicios.
Estas formas dejan saldos organizativos, satisfacen necesidades de manera
innovadora y pueden llegar a cuestionar aspectos clave del sistema
imperante, al colocar por ejemplo los medios de producción en manos de
los trabajadores.
En la propuesta impulsada por la CTA trabajan las universidades de Buenos
Aires, La Plata y General Sarmiento, el Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos, la Federación Agraria Argentina, el Centro Nueva Tierra, el
comité local del Foro Social Mundial y muchas organizaciones no
gubernamentales.
Con diferentes aportes, esas entidades intentan crear herramientas de
asistencia técnica, capacitación y apoyo para la puesta en marcha de
proyectos viables, así como asesorar en la formación de redes
comerciales y de cooperación.
Asimismo, colaboran en la gestión de planes oficiales de asistencia al
desempleo con el propósito de canalizarlos en experiencias productivas,
al tiempo que acompañan a los trabajadores para que obtengan apoyo de
organismos públicos y privados.
Pero las acciones apuntan sobre todo a articular y crear instancias
organizativas para evitar el aislamiento de experiencias económicas y
para abarcarlas en un mismo proyecto político y social.
De momento, más de 20 actividades productivas y de servicios la capital
del país y la provincia de Buenos Aires han aportado información sobre
sus experiencias, con el fin de crear una base de datos para articular el
trabajo y facilitar la comunicación.
Para la CTA es fundamental crear un espacio desde el IEF para brindar
formación y asesoramiento técnico a los proyectos y para facilitar los
encuentros y el intercambio entre distintas iniciativas.
Un asunto clave es identificar obstáculos a la economía social, casi
siempre legales (por basarse en nuevas formas asociativas), pero también
impositivos y crediticios.
La convocatoria apuntará al acceso a créditos blandos, recuperación de
empresas cerradas y espacios públicos ociosos, circuitos de venta sin
intermediarios y reclamo para que el Estado considere estas producciones
como proveedoras de planes alimentarios y sociales.
Pero para la CTA, el compromiso estatal debe ir más allá del
asistencialismo, y basarse en inversiones para tender caminos, alentar
industrias específicas y que contribuir a reactivar las economías
regionales, una de las claves de la propuesta que se impulsará este año.
”La economía social no es una economía de la pobreza”, sino una
iniciativa que exige la participación del Estado, ”que debe adoptar
medidas que tiendan a disminuir la acumulación de capital” en los
sectores dominantes, dijo Giraldez.
La investigadora recordó que ”hasta la llegada de José Martínez de
Hoz al Ministerio de Economía (con el golpe de Estado militar de 1976)
había en Argentina más de 200 bancas solidarias, y hoy no queda prácticamente
ninguna”.
De acuerdo con la CTA, ”las consecuencias del modelo de exclusión
consolidado en los últimos años son bien conocidas”. Pero ”más allá
de aquellas que se pueden reflejar en los terribles indicadores socioeconómicos,
existe una preocupante desarticulación social que impide realizar un
desarrollo endógeno de las comunidades”, afirma la central obrera.
A comienzos de este año, 60 por ciento de los asalariados no ganaba lo
necesario para cubrir las necesidades mínimas de bienes y servicios de
cuatro personas. Y dentro de ese grupo, 250.000 pasaron a ser indigentes,
ya que ni siquiera podían adquirir los alimentos básicos.
Según el oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 44 por
ciento de los 37 millones de argentinos son pobres, de los cuales 17 por
ciento viven en la indigencia.
La franja del 10 por ciento más rico de la población recibe 26,3 veces más
ingresos que el 10 por ciento más pobre.
El 20 por ciento más rico recibe 53,1 por ciento de los ingresos, los
sectores medios (40 por ciento), perciben 34,7 por ciento, y los más
bajos, (el 40 por ciento restante) sólo capta 12,2 por ciento.
De acuerdo con Giraldez, ”es necesario el surgimiento de un actor político
capaz de generar propuestas, con poder para presionar y conseguir sus
objetivos. En otras palabras, un colectivo que pueda producir
transformaciones”.
En muchos países de América Latina, como Venezuela y Brasil, se están
gestando e institucionalizando proyectos de economía social con los que
la Argentina debe vincularse.
Respecto del acceso a líneas de microcrédito del exterior, Giraldez
consideró que ”si llegan fondos, servirán en la medida en que aquí se
puedan crear las condiciones para que los proyectos sobrevivan”.
Del mismo modo, no todos los emprendimientos de economía social podrán
proyectarse al mercado externo, ya que difícilmente puedan ”competir
con empresas de gran envergadura”.
Por eso, opinó, una de las claves del éxito será ”dinamizar el
mercado interno”, aún deprimido por el desempleo y el subempleo que
afectan a más 5,5 millones de argentinos, casi un tercio de la población
económicamente activa, de 16,8 millones de personas. (FIN/2005)
|
Los
Martes de Enkidu
