Blindaje casi total
para Lula
Análisis de Mario Osava
Solo un hecho imprevisible podría amenazar la
permanencia en el cargo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva hasta el final de su mandato, el 1 de enero de 2007, pues incluso la
oposición trata de protegerlo del enorme escándalo de corrupción.
RÍO DE JANEIRO, 30/07/2005 (IPS) - Esta semana se intensificó el
movimiento de dirigentes políticos de todos los matices a favor de
acuerdos para mantener la crisis bajo control, ante la evidencia de que ésta
se ha profundizado de tal modo que ”de ahora en adelante todos
pierden”, opinó el politólogo Wanderley Guilherme dos Santos.
Al esfuerzo de conciliación se sumó inclusive el presidente del Supremo
Tribunal Federal, Nelson Jobim, quien advirtió en diálogo informal con
varios líderes políticos sobre la temeridad de poner en marcha un
proceso para destituir a Lula, cuyo izquierdista Partido de los
Trabajadores (PT) está acusado de formar parte de una importante red de
financiación ilegal de campañas electorales y de sobornos a
legisladores.
La destitución del presidente mediante juicio político en el parlamento
crearía un clima de confrontación, por la gran popularidad que mantiene
Lula y por la capacidad de movilización de las fuerzas que lo apoyan, y
haría ingobernable al país por muchos años, argumentó el jefe del
Poder Judicial.
Jobim habla desde su larga experiencia de ex parlamentario y ex ministro
de Justicia. Muchos lo señalan como posible candidato a la Presidencia en
los comicios de 2006, pues lo ven capaz de unir a varias fuerzas de
centro, a partir del Partido del Movimiento Democrático Brasileño del
que fue un miembro importante.
El derechista y opositor Partido del Frente Liberal (PFL), que amenazaba
con pedir el juicio político contra el presidente, moderó sus ataques y
mostró su disposición para concertar. ”No se actuará para interrumpir
el gobierno de Lula y agravar la crisis”, prometió uno de sus
dirigentes, el senador Heráclito Fortes.
La movilización de distintos sectores en busca de un acuerdo que permita
superar la crisis se acentuó después de una fuerte caída de las
acciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y de una depreciación de
2,67 por ciento de la moneda nacional (real) frente al dólar, registrada
el lunes. Fueron señales de alarma sobre el inminente contagio de la
incertidumbre política al mercado financiero.
Las posibles turbulencias económicas, con fuga de capitales y suspensión
de inversiones productivas, atemorizan a sectores que hasta ahora
consideraban que la economía estaba inmune al escándalo de corrupción
que afecta al PT, a varios partidos aliados y adversarios y al Congreso
legislativo.
Mientras tanto, las investigaciones sobre diversos actos ilícitos, que se
multiplicaron desde fines de mayo en los ámbitos de tres comisiones
parlamentarias, la Policía Federal y la Fiscalía, también contribuyeron
a contener el ímpetu opositor.
En virtud de las pesquisas, se descubrió que dirigentes del opositor
Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), en especial su
presidente Eduardo Azeredo, también recibieron dinero ilegal por medio
del empresario Marcos Valerio de Souza, personaje central de la crisis.
De Souza movilizó centenares de millones de dólares a través de sus
empresas de publicidad en negocios clandestinos con partidos, empresas
estatales y funcionarios de gobierno desde 1998.
De Souza declaró haber obtenido préstamos bancarios equivalentes a unos
16 millones de dólares para beneficiar al PT, pero las investigaciones
indican que desvió sumas mucho mayores, entregadas en efectivo a decenas
de parlamentarios y dirigentes políticos.
La sospecha es que tanto dinero se originó en desviaciones de fondos de
empresas estatales y de contribuciones no declaradas del sector privado.
Las empresas de De Souza servían a la distribución y el lavado de esos
recursos ilegales.
Azeredo, el presidente del PSDB, habría obtenido por esa vía al menos el
equivalente a 3,7 millones de dólares para su frustrada campaña de
reelección a la gobernación del sudoriental estado de Minas Gerais, en
1998. Además, una de sus funcionarias de confianza se convirtió en
directora financiera de la SMPB, una de las empresas que centralizaba las
operaciones ilegales.
Otro dirigente del PSDB y ex ministro de Comunicaciones, José Pimenta da
Veiga, también recibió dinero de la red encabezada por el empresario De
Souza.
Ahora queda en evidencia que la red de financiación ilegal de campañas y
de probable corrupción de funcionarios de empresas estatales y partidos
nació vinculada al PSDB de Minas Gerais y se amplió con la llegada del
PT al gobierno nacional.
Además, si la investigación se extiende a los fondos de pensión de
empresas estatales y privatizadas, cuyos recursos formarían parte del
esquema ilegal, se podría descubrir más irregularidades en desmedro de
ambos partidos.
Fue el anterior gobierno del PSDB, presidido por Fernando Henrique Cardoso
entre 1995 y 2003, el que privatizó muchas empresas del Estado,
movilizando los fondos de pensión dirigidos ahora por numerosos
militantes del PT.
El segundo gran partido opositor, el PFL, también tiene por lo menos un
diputado beneficiado por esa red. Además, dos de sus legisladores fueron
descubiertos este mes transportando grandes cantidades de efectivo en
aviones.
El dinero pertenecía a la protestante Iglesia Universal, de la que son
”obispos”, y era producto del diezmo donado por los feligreses, se
justificaron los dos diputados. Pero el PFL los expulsó sumariamente.
La extensión de la mancha de aceite ensucia ya a muchos partidos, y por
eso estimula iniciativas de concertación para buscar una salida menos
traumática.
Un Congreso debilitado por los indicios de corrupción que pueden llevar a
la inhabilitación de decenas de parlamentarios tampoco tendría
credibilidad y condiciones políticas para juzgar a Lula.
Así, el presidente aparece de momento sólidamente ”blindado” (la
palabra de moda en ámbitos políticos), sea por su persistente
popularidad, por razones económicas o por la desmoralización del
parlamento.
Sólo el surgimiento de algún hecho que lo vincule de forma inequívoca a
la corrupción podría ponerlo en la línea de tiro. (FIN)
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