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Del incendio de Cromañón
al pedido de juicio político
Por Marcela Valente
BUENOS AIRES, 29/07/2005 (IPS) - Tras cuatro meses de investigación,
una comisión de diputados de la ciudad de Buenos Aires recomendó este
viernes el juicio político al jefe de gobierno Aníbal Ibarra por mal
desempeño de sus funciones, debido al incendio de una discoteca que dejó
194 muertos en 2004.
Los legisladores también pidieron el enjuiciamiento de la síndica
Marcela Sánchez de Bustamante y el ”cese inmediato” del coordinador
del Consejo de Emergencia de la ciudad, Julio Crespo Campos. Y
recomendaron al gobierno de la capital federal ”abstenerse” de nombrar
en otros cargos a funcionarios destituidos y procesados por su
responsabilidad en el siniestro.
Sobre la base de casi un centenar de testimonios, la comisión
investigadora creada para determinar las responsabilidades políticas de
la tragedia consideró que el incendio del 30 de diciembre en la discoteca
República Cromañón y sus consecuencias obedecieron a la ineficacia en
la prevención y en la respuesta a la emergencia.
En el dictamen, cuya lectura fue seguida por sobrevivientes y familiares
de las víctimas en la sede del Poder Legislativo de la ciudad, los
diputados señalaron que la presunta ”falta de servicios a cargo del
gobierno concurrió al desencadenamiento, magnitud y consecuencias” del
fuego.
Aquella noche, cuando actuaba en la disco el grupo de rock
”Callejeros”, un asistente lanzó una bengala que incendió el recinto
cerrado. La mayor parte de las víctimas, jóvenes y algunas niñas y niños,
murieron por asfixia, debido a la toxicidad de las membranas que recubrían
el techo del local.
El informe detalla que había entonces al menos 2.800 personas, cuando la
cantidad autorizada era de 1.035 según las dimensiones de la discoteca, y
también estaban presentes menores de edad, cuyo ingreso a locales
nocturnos está prohibido.
República Cromañón no estaba autorizada a presentar recitales de rock
ni contaba con salidas de emergencia en condiciones de ser utilizadas. La
puerta supuestamente alternativa estaba trabada con alambres y candados
porque lindaba con un estacionamiento.
Por este desastre, el mayor por causas no naturales de la historia
argentina, fueron procesadas 20 personas por la justicia. El gerente del
local y su encargado de seguridad, los músicos y sus asistentes, cinco
policías que custodiaban el lugar y seis funcionarios del área de
control comunal, destituidos luego por Ibarra.
Desde comienzos de abril, la comisión recibió decenas de testimonios de
funcionarios, ex funcionarios, expertos de diversas áreas, médicos que
atendieron la emergencia y sobrevivientes. Algunos miembros del gobierno
admitieron que, a pedido de Ibarra, no concurrirían a declarar.
En diálogo con IPS, el abogado José Iglesias, padre de un joven que murió
en la disco, coincidió con las conclusiones de la comisión. ”Leí casi
el cien por ciento de los testimonios recogidos, y los hechos son
contundentes: hubo falta de control, situaciones irregulares, nepotismo y
muchas otras fallas”, opinó.
El dictamen, firmado por los nueve miembros de la comisión, no es
determinante. El proceso de enjuiciamiento debe ser ratificado por 30 de
los 45 legisladores de la sala acusadora, que pasará entonces el caso a
la sala enjuiciadora, de 15 integrantes. Si se llega a esa instancia,
Ibarra será suspendido en sus funciones y comenzará a ser enjuiciado.
La asamblea legislativa unicameral ”porteña” (como se conoce a los
habitantes de la capital) de 60 miembros, se divide en una sala acusadora,
de 45 integrantes, y otra enjuiciadora, de 15 legisladores.
El informe apuntó a la falta de control que determinó el funcionamiento
de un local plagado de anomalías, también se indagó sobre las
irregularidades administrativas en el área encargada de las inspecciones,
y sobre el sistema de emergencias que debió ponerse en práctica una vez
desatado el fuego.
En vísperas de la difusión del informe, Ibarra, quien debería finalizar
su segundo mandato consecutivo en 2007, cuestionó la legitimidad de la
comisión integrada por legisladores de la oposición. El colectivo se
formó a comienzos de abril con 16 miembros, pero enseguida siete de ellos
se retiraron.
Los que se fueron eran legisladores cercanos al oficialismo o cuestionados
por familiares de las víctimas. Pero en la comisión hay seis partidos
que representan todo el arco político-ideológico de Buenos Aires, un
escenario caracterizado por la fragmentación.
”El dictamen no cambia nada, se perdieron la oportunidad de hacer una
investigación en serio”, criticó Ibarra, cuyo grupo político, el
progresista Frente País Solidario, tiene apenas dos legisladores en el órgano
legislativo.
Ibarra consiguió el apoyo de dirigentes de derechos humanos, artistas,
académicos y otras personalidades, que el jueves publicaron un aviso en
los diarios titulado ”Por la justicia, contra la manipulación política”.
Los firmantes advirtieron del riesgo de un ”golpe constitucional”
contra el alcalde elegido por voto popular, y manifestaron preocupación
por ”el manejo” del incendio, sobre todo de parte de la comisión, a
la que calificaron de ”grupo de operadores políticos”. ( (FIN/2005)
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