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Operación Colombo,
debo decir la verdad 119 veces
Por Gustavo González
SANTIAGO, 30/07/2005 (IPS) - La conmemoración en Chile de los 30 años
de la ”Operación Colombo” terminó de desarmar el montaje mediático
que ocultó en 1975 los asesinatos de 119 personas, pero la prensa y los
periodistas que se prestaron a esa maniobra se niegan aún a admitir sus
responsabilidades.
Desde el jueves hasta este sábado se mantuvo en la Plaza de la Constitución,
frente al palacio de gobierno de La Moneda en Santiago, una presentación
artística y multimedial con que culminaron 10 días de homenajes a los
100 hombres y 19 mujeres que sufrieron uno de los mayores actos represivos
de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que permanecen
desaparecidos.
Todos eran militantes de izquierda que habían sido detenidos o
secuestrados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) tras el
golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de
Salvador Allende, y a los cuales se hizo aparecer como muertos en
territorio argentino por pugnas internas de grupos guerrilleros.
El 23 y el 24 de julio de 1975 la filial chilena de la estadounidense
agencia UPI (United Press International) y los diarios El Mercurio, Las Últimas
Noticias, La Segunda y La Tercera difundieron en riguroso orden alfabético
la nómina de los 119 como muertos por rencillas internas, divulgada a su
vez en la edición del día 15 de la revista Lea de Buenos Aires, y el 17
en el diario O'Dia, de Curitiba, Brasil.
Fue un sórdido montaje, señala un folleto del Comité 119, de familiares
de las víctimas, en el cual se recuerda que tanto la revista argentina
como el diario brasileño tuvieron vida efímera: una única edición cada
uno en los días mencionados.
Lea fue publicada por la editorial Codex, de propiedad estatal y entonces
bajo el control de la dictadura argentina encabezada por el general Jorge
Rafael Videla, añade el folleto.
La Operación Colombo, como la bautizó la propia DINA, fue en alguna
medida precursora del Plan Cóndor, el operativo de coordinación de los
aparatos represivos del Cono Sur montado desde octubre de 1975, ya que en
ella actuaron los servicios secretos de las dictaduras militares de
Argentina, Brasil y Chile.
”Exterminan como ratas a miristas”, fue el titular con que el
vespertino La Segunda, del consorcio periodístico El Mercurio, se hizo
eco de las presuntas revelaciones de los supuestos medios argentino y
brasileño, aludiendo al hecho de que la mayoría de las víctimas eran
militantes del proscripto MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).
Lucía Sepúlveda, presidenta del Departamento de Derechos Humanos del
Colegio de Periodistas de Chile, estableció a través de una minuciosa
investigación que 94 de las 119 personas eran militantes del MIR, nueve
eran comunistas, otros nueve socialistas y los restantes del Movimiento de
Acción Popular Unitaria o independientes.
”Eran luchadores sociales y políticos, 25 eran dirigentes en sus
partidos. Seis habían sido de la escolta del presidente Salvador Allende.
Eran sobre todo jóvenes: 102 con edades entre 18 y 30 años y 13 entre
los 30 y 40 años. Entre los 119 hubo seis parejas”, señaló Sepúlveda
en un encuentro con estudiantes de periodismo.
”Entre todos las víctimas de la Operación Colombo sumaban 97 hijos,
pero 13 de ellos nacieron después de que su padre cayó en manos de la
DINA y por tanto nunca lo conocieron”, agregó Sepúlveda, viuda a su
vez del periodista Augusto Carmona, dirigente del MIR, asesinado por la
represión dictatorial el 7 de diciembre de 1977.
El periodista Mario Calderón y el estudiante de periodismo Luis Durán
forman parte de la lista de los 119, así como Sergio Lagos y José Jara,
quienes junto a Durán habían creado una agencia de prensa clandestina
para enviar información hacia el exterior.
Desde comienzos de 1975, mientras aumentaba la presión internacional para
que el régimen de Pinochet respondiera las denuncias sobre desapariciones
forzadas, la prensa oficialista chilena comenzó a difundir versiones
sobre la presencia de ”guerrilleros chilenos” en Argentina.
Tras el golpe de 1973 sólo siguieron circulando en Chile los diarios
proclives al régimen, en particular de la cadena El Mercurio, a la cual
pertenecen también Las Últimas Noticias y La Segunda, y del Consorcio
Periodístico S.A. (Copesa), propietario del matutino La Tercera.
Estos medios se prestaron a la campaña que creó un clima propicio para
la Operación Colombo, en la que la revista Lea y el diario O'Dia fueron
engranajes finales que dieron cobertura y justificación mediática a una
maniobra montada por las dictaduras.
Treinta años después, se sigue debatiendo en Chile la responsabilidad de
la prensa, mientras que desde el punto de vista político y penal las
investigaciones que llevó a cabo el juez Juan Guzmán mostraron de modo
inequívoco la responsabilidad de la dictadura de Pinochet.
Con base en las indagaciones del magistrado, que se acogió a retiro el 30
de abril de este año, el 7 de julio el pleno de la Corte de Apelaciones
de Santiago, en una estrecha votación de 11 contra 10, aprobó el
levantamiento del fuero penal del ex dictador para investigarlo como
posible responsable de estos crímenes.
En la conmemoración de los 30 años de la Operación Colombo, el Comité
119, y la Corporación Comité de Derechos del Pueblo presentaron una
demanda al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas para que se
pronunciara sobre la actitud de los profesionales involucrados en el caso.
Entre los partícipes del montaje se cuentan dos galardonados con el
Premio Nacional de Periodismo. Uno es Arturo Fontaine Aldunate,
subdirector de El Mercurio en 1975, que recibió el reconocimiento ese
mismo año, y el otro es Héctor Olave, premiado en 2003 y actual jefe de
informaciones de El Mercurio, que en esa época era subdirector de La
Tercera.
La demanda ante el tribunal de ética menciona también a Mercedes
Garrido, actual redactora política de El Mercurio, quien en 1975 era
subdirectora de La Segunda y a quien se atribuye el titular ”Exterminan
como ratas a miristas”, considerado uno de los más violentos en los
anales del periodismo chileno.
El Comité de los 119 reclamó también una reparación a los diarios que
se hicieron eco de la maniobra, pero solo consiguió que El Mercurio
publicara de manera parcial en su sección de lectores una carta pública,
que fue completamente ignorada por la empresa Copesa.
IPS intentó recabar la opinión de los máximos dirigentes del Colegio de
Periodistas, pero uno de los consejeros de esa organización señaló que
están inhabilitados para pronunciarse antes de que el Tribunal de Ética
emita un fallo.
La periodista Lidia Baltra, quien fue presidenta de ese tribunal hasta
2004, dijo a IPS que ”lo menos que debieran hacer (diarios como La
Segunda y La Tercera) es una declaración desmintiendo sus dichos de hace
30 años y pidiendo disculpas a los familiares de los desaparecidos y a su
público lector”.
Para Baltra, la responsabilidad de los diarios chilenos es mayor que la de
los que inventaron Lea y O'Dia, ya que se trata de órganos establecidos.
”Los medios se deben a la búsqueda y entrega de la verdad y es
inconcebible que se presten para propaganda política, peor aún, para
encubrir un acto de genocidio”, dijo.
Ernesto Carmona, dirigente de un sector de izquierda minoritario en la
mesa del Colegio de Periodistas, apoya el enjuiciamiento ético a los
periodistas y medios involucrados. ”Así como los delitos de lesa
humanidad jamás prescriben, las faltas éticas de los periodistas no
tienen caducidad”, dijo a IPS.
”Los medios de Agustín Edwards (propietario de El Mercurio) y Álvaro
Saieh (presidente del grupo Copesa), que controlan prácticamente toda la
prensa nacional, le deben una explicación no sólo a los familiares de
los 119, sino a toda la ciudadanía de este país llamado Chile”, dijo
Carmona. (FIN/2005)
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[29.07.2005]: Ojo
por
© José F. Colón/Enkidu
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