Personas marcadas para morir
Por Mario Osava
RIO DE JANEIRO, 06/04/2004 (IPS) - Maria Joel
Dias da Costa, preside ahora el Sindicato de Trabajadores Rurales de
Rondon de Pará, bajo constante amenaza de muerte. Sucedió en el cargo a
su marido, José Dutra da Costa, asesinado a tiros el 21 de noviembre de
2000 en ese estado del norte de Brasil.
El testigo del crimen, un vecino que detuvo al
asesino, también fue muerto de tres balazos en la cabeza un año y medio
después. El pistolero preso aún no fue juzgado y sus mandantes siguen
libres.
La víctima fatal en febrero de 2004 fue el tesorero de este sindicato,
que también sufrió el asesinato de cuatro de sus campesinos afiliados
desde 1997. Ningún responsable de estos hechos ha sido detenido hasta la
fecha. Además de la presidenta, tres actuales directores del Sindicato
sufren amenazas de muerte.
”Tengo cuatro hijos, de 17 a 22 años, ellos no pueden ir a todos los
lugares que desean”, dijo a IPS la sindicalista, más conocida como
Joelma, quien acusa a los grandes terratenientes de diseminar la violencia
contra los campesinos. Ella forma parte de una lista de 61 personas
”marcadas para morir” en el estado de Pará.
El 12 de febrero, dos pistoleros mataron a la monja estadounidense Dorothy
Stang, en Anapú, otro municipio de Pará, en un caso de repercusión
internacional que llevó el gobierno brasileño del izquierdista Luiz Inácio
Lula da Silva a anunciar medidas para combatir los conflictos por la
tenencia de tierras en el estado.
Desde entonces, Maria Joel da Costa cuenta con la protección de dos policías
militares, tal como Henri Burin de Roziers, un fraile francés que desde
1978 actúa en una región de alta conflictividad, en el vecino estado de
Tocantins y sur de Pará, como misionero y abogado de la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT), perteneciente a la Iglesia Católica.
Los dos son personajes del documental ”Este hombre va morir”, sobre 14
personas de las listas de la muerte en Pará, seis de ellas ya asesinadas.
El próximo de la lista sería el padre Ricardo Rezende, quien fuera párroco
de Rio Maria, otro violento municipio de Pará, según Emilio Gallo,
director del filme.
Rezende vino a Río de Janeiro para hacer un doctorado sobre el trabajo en
condiciones de esclavitud, otra realidad muy presente en Pará, y coordina
actualmente un grupo de estudio sobre el tema en la Universidad Federal de
Río de Janeiro.
En Pará se vive una ”realidad de ficción, de muertes anunciadas”,
cuyas víctimas permanecen en el lugar porque no quieren ”abandonar los
compañeros de lucha”, definió Gallo, un periodista de televisión
convertido en cineasta.
Tanta violencia se debe básicamente a dos causas: la parálisis de la
reforma agraria y la impunidad, explicó Burin de Roziers, en una rueda de
prensa con corresponsales extranjeros este miércoles.
En los 39 municipios del sur y sudeste de Pará hay 11.000 familias
campesinas acampadas en márgenes de carreteras desde 2003 y otras 8.000
en tierras ocupadas, a la espera de entrega de tierras para asentamientos
que no ocurre. Las 45.000 familias asentadas viven una ”situación
catastrófica”, sin rutas ni escuelas o asistencia médica, observó el
fraile dominicano de 75 años.
La impunidad estimula la solución de conflictos por las armas. Desde 1984
fueron asesinados 26 dirigentes campesinos, en un ”exterminio selectivo”
del liderazgo, y escasos ejecutores fueron condenados y menos sus
mandantes, destacó.
Un largo trabajo de abogados logró en los últimos años condenar tres
terratenientes por asesinatos de sindicalistas rurales, pero dos siguen en
libertad porque recurrieron a instancia superior y el restante cumple
prisión domiciliaria en ”su residencia de lujo”, comentó.
La situación poco cambió con la actual administración de Lula, iniciado
en enero de 2003 ”con muchas esperanzas”. Este gobierno ”hizo más
que los anteriores, pero menos que lo esperado y menos que el necesario”,
resumió, a su vez, Rezende.
El combate al trabajo esclavo, por ejemplo, se interrumpió porque agentes
de la Policía Federal se niegan a proteger el Grupo Móvil de Inspección
del Ministerio del Trabajo, debido a que ganan una suma insuficiente para
sus gastos en las operaciones, explicó.
En el origen de los conflictos rurales está una situación caótica de la
propiedad de la tierra, de muchos títulos fraudulentos. Sumadas las áreas
mencionadas en tales títulos ”tendríamos dos veces el territorio de
Pará”, según Roziers.
El gobierno inició un proceso de revisión de los catastros, pero es una
tarea mayúscula que parece condenada al fracaso, coincidieron los dos
sacerdotes amenazados de muerte por defender los campesinos.
El gubernamental Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y
el estadual Instituto de Tierras de Pará tienen viejas disputas de
jurisdicción, no intercambiaban informaciones en el pasado y emitieron títulos
de propiedad o concesiones que se superponen, explicaron. Y ahora no
tienen recursos materiales y humanos para cumplir sus tareas.
Empero, la violencia en Pará no se limita a conflictos por la tierra. Los
asaltos a autobuses se hicieron frecuentes, ”fueron tres la semana
pasada”, señaló Roziers. Los policías que lo acompañan se
convirtieron en fuente de riesgo, en lugar de protección, durante sus
viajes, porque aumenta la posibilidad de tiroteo dentro del vehículo.
Los asaltantes, ”todos conocidos”, le tiran a los policías cuando los
identifican, explicó. Por eso un comisario ”viaja siempre disfrazado”.
En Pará reina ”una cultura de violencia y la omisión de las
autoridades” de la seguridad pública, concluyó. (FIN/2005)
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