América Latina: Resaca Neoliberal
En
América Latina, los países y las transnacionales negocian para lograr
privatizaciones y desregulaciones.
El
viernes 11 de marzo, dos días después de aumentar el precio de la
gasolina en 3.5% y del diesel en 4.2%, Shell fue sorprendida por una
convocatoria del presidente Néstor Kirchner a sus conciudadanos
argentinos.
–
Hagamos
una causa nacional, no compremos nada, ni una lata de aceite. No hay mejor
acción que este “boicot nacional” que el pueblo puede hacer a quienes
están abusando. Gracias a Dios, Petrobrás y Repsol-YPF no han aumentado.
Una
estatal brasileña y una empresa española, dígase la verdad, aceptarán
a Kirchner menos por la intervención divina que por el hecho de extraer
petróleo del suelo argentino, a un costo de entre $5 y $8 dólares de
Estados Unidos por barril, lo que les permite lucrar con una gasolina
relativamente barata.
Shell
compra petróleo crudo a esas empresas con un valor de unos US$27.50 –menos
que el precio internacional que se encuentra en torno a los US$50, gracias
a una retención del 45% que el gobierno argentino impone a las
exportaciones de combustible. Y lo mismo sucede con Esso, que acompañó
la caída de la transnacional anglo-holandesa y, con esto, se convirtió
en blanco de boicots y polos de discusión.
El
nuevo gobierno de Montevideo, a pedido de Kircher, ha obligado a Sol
Petroleo, filial argentina de la estatal uruguaya Ancap (ahora dirigida
por Raúl Sendic, hijo del fundador de los tupamaros) a volver atrás en
el anuncio de aumento que ya había realizado. Uruguay ha puesto a la
venta Sol, que ha resultado con pérdidas por $26 millones de dólares de
EUA en 2004.
Según
encuestas de opinión, 74% de los argentinos apoyan a Kirchner. Las ventas
de Shell, según la Federación de Empresarios de Combustibles (dueños de
puestos [donos de postos]), han caído 60%.
Desde
la privatización de YPF, la producción, el refinamiento y la
comercialización del petróleo fueron desreguladas. De acuerdo con el
pensamiento neoliberal, eso estimularía una concurrencia y la eficacia de
las operaciones, al tiempo que favorecería al consumidor.
En
la vida real, los precios internos han empezado a acompañar a los
internacionales que, desde 1999, volvieron a subir. El potencial
desestabilizador de ese efecto fue multiplicado por la devaluación del
peso en 2001.
En
2005, debido al alza en el precio internacional del petróleo todavía es
menos tolerable, pues amenaza con re-alimentar otra elevación en los
mismos, que de por sí se encuentran ya presionados para una recuperación
espectacular de la economía y el consumo (el crecimiento de 8.8 % en 2003
y 2004 y probablemente del 7.5 % en 2005), y para la igualación de los
precios internos de los productos agrícolas con los productos
internacionales
Ya
se esperaba un aumento en la inflación, de 6 % el año pasado, hasta un
10 % este año. En este país traumatizado por la hiperinflación,
aumentar los precios sin consultar el gobierno fue, literalmente, iniciar
un incendio con base en la gasolina.
Otro
factor para incrementar la irritación de Kirchner. Shell, que había
anunciado la salida de Argentina como parte de su reestructuración
internacional, exigió a la estatal venezolana PDVSA un billón de dólares
de Estados Unidos por una vieja refinería y una red de puestos [rede
de postos]
que difícilmente sería válido por más de los $200 millones de dólares
estadounidenses ofrecidos. Acorde con el periódico Página/12, el
gobierno atribuye esta actitud a una “sugerencia” [“sugestão”] de Washington, a quien cabe
aún la última palabra sobre los intereses de la anglo-nederlandesa en
Irak.
El
gobierno de Kirchner continúa interesado en atraer a los venezolanos y en
dar una impronta al nuevo papel de la estatal petrolífera argentina
Enarsa. Ya sea por la compra de Sol, ya sea por la asociación con PDVSA o
Petrobra´s en una hipotética multiestatal sudamericana denominada
PetroAmérica. Con esto, el Estado volvería a conservar una herramienta
para regular los precios inflacionarios del combustible y controlar las
amenazas inflacionarias.
La
caída de brazos entre Buenos Aires y las “hermanas” transnacionales
del petróleo, no debe ser vista como una mera reedición tardía de los
“fiscales de Sarney.” Manifiesta una insatisfacción mucho más
profunda con las consecuencias de las privatizaciones y las
desregulaciones de los años 90, y también la necesidad de recuperar la
capacidad del Estado nacional para intervenir en la economía.
El
mismo Kirchner detuvo otra batalla con las compañías privatizadas de
servicios públicos, que han llamado al Centro Internacional de Arbitraje
de Disputas sobre Inversiones del Banco Mundial (Ciadi).
Estos
concesionarios exigen indemnizaciones por las medidas de emergencia que
convirtieron en pesos devaluados y congelaron las tarifas antes cobradas
en dólares y reajustadas acuerdo con la inflación de Estados Unidos. En
los años 90, el gobierno argentino aceptó el Ciadi como una instancia de
arbitrio para proteger a los inversionistas de las expropiaciones. Ahora
esas empresas alegan que han sido expropiadas de contratos de concesión,
por lo que tales medidas las han dejado sin valor.
Buenos
Aires responde que dichas medidas no constituyen expropiaciones ni
discriminación, ya que son parte de una política económica soberana y
aplicada a todos, nacionales y extranjeros. Se le recordó a Ciadi el
precedente de Nixon: cuando el dólar abandonó el patrón oro en 1973,
esta medida no fue interpretada como una forma de expropiación para los
inversionistas extranjeros y para demandar indemnizaciones.
Kircher
amenazó con anular las decisiones de Ciadi en la justicia local, si es
necesario. Los procesos que ya se encuentran en progreso suman $ 17
billones de dólares de Estados Unidos y, si todos los concesionarios
siguen el mismo camino, podrá llegar a los $80 billones de dólares
estadounidenses – valor equivalente a la reestructuración de la recién
concluida deuda.
Las
mismas contradicciones se manifiestan en otras maneras en Bolivia y
Brazil, donde también han sido enfrentadas en formas diferentes.
En
el país andino, los problemas comenzaron en el gobierno de Hugo Bánzer,
con una campaña, en enero de 2000, contra las transnacionales Bechtel (estadounidense)
y Abengoa (española) a quienes se había otorgado la concesión de aguas
y drenaje [esgotos] en
Cochabamba, e inmediatamente elevaron sus tarifas en 35 % con apoyo del
Banco Mundial, que también prohibió al gobierno boliviano la subvención
de estas empresas. Las familias con un ingreso inferior a US$ 100 terminan
pagando más por el agua que por la comida.
Cuatro
meses de huelgas y bloqueos, encabezados por Oscar Olivera, forzaron a Bánzer
a cancelar la concesión. Las empresas que habían invertido menos de un
millón de dólares de Estados Unidos en Bolivia, han acudido a Ciadi para
exigir indemnizaciones por $25 millones de dólares estadounidenses por
ganancias perdidas. El proceso continúa, sin que los representantes de la
gente de Cochabamba puedan seguir sus sesiones.
Eso
era apenas el comienzo. En octubre de 2003, revueltas populares en contra
de una de las consecuencias de las privatizaciones en el área de energía
(un proyecto de exportaciones de gas a precios irrisorios, a través de
Chile) pusieron en aprietos al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada quien,
en su primer mandato (1993-1997), había privatizado el sector, dando
garantías a los inversionistas y bajando las tarifas del petróleo de 50%
al 18%.
Su
sucesor, Carlos Mesa, intentó lidiar con otro conflicto, en torno a la
concesión del servicio de agua de El Alto, donde el líder popular Abel
Mamani, intenta reeditar la victoria de Olivera. Él solicitó a la
francesa Lyonnaise des Eaux, una revisión de las tarifas. El gerente
local respondió por medio de una carta furibunda, diciendo que la
pasividad de las autoridades ante la agilización social de El Alto
constituiría una violación al convenio y que la solicitud contravenía
el marco legal y las obligaciones de Bolivia que, según él, debe
“asegurar la protección y seguridad plenas, en su territorio, a los
inversionistas franceses.”
[“assegurar proteção e
segurança plenas, em seu território, aos investimentos franceses”.]
Mamani,
a su vez, no retira las exigencias de la expulsión inmediata de la
transnacional –Mesa dice que eso puede costar al país una multa por $17
millones de dólares de Estados Unidos, a ser pagada automáticamente al
Banco Mundial, más un proceso en el Ciadi de $50 millones de dólares
estadounidenses.
Ahora,
la radicalización de las calles, parece dar un paso mayor hacia exigir
todo al mismo tiempo. El presidente amenazó con renunciar y entonces forzó
a la mayoría en el Parlamento a rechazar la renuncia y a ratificar su
autoridad; fortaleciendo su popularidad en una llamada “mayoría
silenciosa.” Pero la rebelión y los bloqueos han continuado. El
Parlamento aprobó una propuesta mucho más dura para el gas y el petróleo
de lo que Mesa deseaba: mantuvo las comisiones [royalties] en 18%
y creó nuevos impuestos por 32%. Mesa colocó de nuevo el cargo en
la mesa: propuso anticipar las elecciones presidenciales de 2007 para
agosto.
En
Brazil, el gobierno y la sociedad siguen la tradición de evitar
confrontaciones abiertas. La frustración con las promesas de crecimiento
del Consenso de Washington y del Plano Real, la devaluación de 1999 y la
crisis energética de 2001, redujeron de manera significativa, las
ganancias esperadas por las empresas desnacionalizadas.
En
la mayoría de los casos, el problema ha sido cuidadosamente acomodado
bajo el tapete: las empresas privadas dejan de cumplir con sus metas y el
gobierno deja de cobrarlas. Las agencias reguladoras dejan de aplicar
multas por deficiencias en los servicios o si las realizan, éstas no son
cobradas, mientras que el BNDES desembolsa billones en financiamientos y
capitalizaciones nuevas, para evitar que las empresas privatizadas dejen
de funcionar, en lugar de destinar esos recursos a nuevas inversiones
urgentes (leer “Sobrou a Costa”, CartaCapital n° 332).
En
el caso del sector eléctrico, la acumulación bajo el tapete ya se ha
dado ver. Desde 2001, sus clientes han sido obligados a indemnizar al
sector por consumir menos energía que la prevista. Los ciudadanos fueron
obligados a economizarla, es claro, porque el sector ha gastado con la
devaluación del Real, ya que no invirtió lo suficiente para prevenir la
crisis de energía.
Del
mismo modo, varias empresas privatizadas, muchas de las cuales fueron
adquiridas por grupos extranjeros de los cuales el BNDES es un fondo de
pensiones estatal, continúa haciendo uso de recursos públicos.
El
grupo Neoenergía acaba de recibir de BNDES R$ 856 millones. Light pide más
de R$ 650 millones, mientras que Eletropaulo R$ 550 millones y el grupo
Rede R$ 300 millones. A fines de 2004, Ferronorte recibió más de R$ 654
millones y el resto del sector ferroviario demandó otro R$ 1,8 billón.
Brazil jamás aceptó someter sus concesiones al arbitraje de Ciadi, pero
teme una parálisis de los sectores vitales. Privatizados en lo que se
dijo entonces, tenía como objetivo mejorar la calidad de los servicios y
evitar que el Tesoro desperdiciase recursos con empresas deficitarias.
En
los tres países, con diferentes grados de gravedad, la premisa de que los
intereses transnacionales serían colocados por encima de los pueblos y
los países, crearon falsos derechos adquiridos y ahora es difícil
ajustar las políticas más equilibradas y las expectativas más realistas.
Los gobiernos necesitan desesperadamente recuperar parte del poder
regulador perdido.
Pero
las instituciones multilaterales no dudan en tomar partido. El martes 15
de marzo, Rodrigo Rato condicionó un nuevo acuerdo con Argentina para
terminar el boicot a Shell y Esso: “Al FMI le parece imprescindible que
haya reglas claras y respetuosas de inversión respecto al funcionamiento
de la iniciativa privada” [“Ao FMI parece imprescindível que haja regras de investimento claras e
respeitosas para com o funcionamento da iniciativa privada”].
Esto,
claro, refuerza el apoyo de la opinión pública a las actitudes de
Kirchner, sancionado por el éxito de la reestructuración de la deuda. La
disposición del FMI y del Banco Mundial, de tomar abiertamente el papel
de abogados y negociadores de lobby de las transnacionales, sin abrir la
mano en el juego, puede radicalizar aún más un conflicto en el cual sus
protegidos deberían saber ya que tendrán que ceder anillos para no
perder los dedos [terão de ceder anéis para não perder os dedos].
La
indicación de Paul Wolfowitz para el Banco Mundial, por Bush Jr., muestra
como siempre, que es posible empeorar. El estratega de sillón que condujo
al Pentágono al nuevo atolladero, al garantizar que la invasión de Irak
se pagaría a sí misma, pues sería recibida de manera entusiasta por el
pueblo iraquí, lo que reduciría los precios del petróleo y crearía un
paraíso neoliberal en Medio Oriente, es el hombre ideal para complicar
las situaciones que de por sí, son ya delicadas en los países pobres,
ante todo por los excesos de la globalización.
“A RESSACA NEOLIBERAL,”
Antonio Luiz Monteiro Coelho da Costa, Carta Capital [Brazil], Ano XI -
Número 335, 30 de Marzo, Traducción al castellano ©
Enkidu.
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Los
Martes de Enkidu
