MADRID
30/06/2005 (Reuters) - El Congreso de los Diputados aprobó el jueves la
ley por la que se modifica el Código Civil y que permite el matrimonio
entre personas del mismo sexo, con lo que España se convierte en el
cuarto país del mundo en legalizar y dotar de plenos derechos este tipo
de uniones, incluido el derecho de adopción.
La aprobación
se tuvo que realizar por mayoría absoluta, con 187 votos a favor, 147 en
contra y cuatro abstenciones, después de que el Senado vetase esta norma
el 22 de junio. La diputada popular Celia Villalobos rompió la disciplina
de voto y respaldó el texto del Gobierno.
"Con la
aprobación de esta ley, nuestro país da un paso más en el camino hacia
la libertad y la tolerancia", dijo el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, para subrayar a continuación que la iniciativa
no pretende ser ni una agresión a la institución del matrimonio ni a la
familia.
José Luis
Rodríguez Zapatero recordó que otros países, como Bélgica, Holanda
y Canadá, han aprobado leyes similares, y
expresó su total convencimiento de que detrás de España vendrán otros
países que reconocerán estos mismos derechos a los homosexuales,
impulsados por "la libertad y la igualdad".
Zapatero dijo
que este "pequeño" cambio en el Código Civil amplia las "oportunidades
de felicidad" a todos los españoles y evita que se "humille"
a compatriotas por su condición sexual. "Hoy la sociedad les
devuelve sus derechos y dignidad. Es el triunfo de la libertad y su
victoria".
POSIBLE
RECURSO ANTICONSTITUCIONAL
Inmediatamente
después de la aprobación de la ley, el presidente del PP, Mariano Rajoy,
compareció en rueda de prensa para anunciar que su grupo parlamentario
estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley,
y acusó a Zapatero de utilizar a los homosexuales para dividir a la
sociedad.
Durante el
debate parlamentario, Carmen Montón, del PSOE, defendió la necesidad de
regular "todas las fórmulas de relaciones afectivas", y afirmó
que la nueva ley "no desnaturaliza el matrimonio" "ni va en
contra de la institución religiosa".
"El
matrimonio es un derecho de todos y no puede ser un privilegio de nadie",
afirmó, para advertir a continuación a la "derecha" que su
decisión de manifestarse contra esta propuesta gubernamental tan sólo ha
provocado una división en la cúpula religiosa y en el PP.
"No
aceptamos que impongan su moral al concepto de la familia (...). Hoy vamos
a fortalecer nuestra democracia para que todas las personas tengan los
mismos derechos cívicos y democráticos", añadió.
Por su parte,
Ana Torme, del PP, acusó al Gobierno de impulsar esta ley para obtener
"réditos políticos" en el colectivo de los homosexuales.
"No es verdad que se intente acabar con la discriminación porque si
se trataba de garantizar los derechos de los homosexuales habrían buscado
fórmulas de consenso, como las que existen en Francia y Alemania",
dijo.
En este
sentido, recordó que la nueva ley carece de un amplio consenso político
en el Parlamento y en la sociedad, cuenta con el veto del Senado, la
oposición del Consejo General del Poder Judicial, de la Real Academia de
Jurisprudencia, del Consejo de Estado y "ha provocado que más de un
millón de personas" se manifestaran recientemente en Madrid porque
consideran que "ataca" a la institución de la familia.
"Un
Gobierno que crispa, tensiona y busca su rentabilidad política no es un
buen gobierno aunque gane elecciones", agregó, para reprochar a
continuación al Ejecutivo que haga "experimentos" y "supedite
los intereses de los niños a otros".
"En España
hay una minoría que no quieren reconocer estos derechos, otra minoría,
que son ustedes, que quieren esta ley y, una gran mayoría que defienden
nuestra postura. Nosotros estamos en el centro y ustedes en la minoría y
el radicalismo", concluyó.
Finalmente,
tanto Isaura Navarro, de IU, como Margarita Uría, del PNV, afirmaron que
la nueva ley permite que el matrimonio sea una institución a la que pueda
acceder cualquier persona, sin que sea discriminada por su orientación
sexual.
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