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Difícil viaje de la
sociedad civil guatemalteca hacia la madurez
Por Alberto Mendoza
GUATEMALA, jun (IPS) - La sociedad civil guatemalteca ya no es el
adolescente contestatario que creció con el conflicto armado. Diez años
después de los Acuerdos de Paz, las organizaciones y movimientos sociales
se disponen a dar el paso hacia la madurez. La colaboración con el Estado
y las propuestas sustituyen al acné rebelde.
"Se ha pasado de luchar contra el Estado a tener que trabajar de
forma conjunta con el gobierno y proponer soluciones", explicó a IPS
Sandino Asturias, director del instituto de investigación política
Centro de Estudios de Guatemala.
Esta transformación es el reto que la sociedad civil afronta desde que en
1996 se firmaron los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, que pusieron fin a
una guerra civil de 36 años que cobró más de 200.000 víctimas, la
mayoría indígenas.
"La transición de movimiento contestatario a constructivo se está
logrando", opinó Asturias. Sandra Morán, responsable de la
organización feminista Sector de Mujeres, coincide en el análisis:
"Ahora se elaboran propuestas, antes se pensaba en la confrontación
y en escapar del Estado represor".
La verdadera capacidad de incidencia política de las organizaciones
sociales y su grado de coordinación se ponen en evidencia cuando éstas
se ven ante desafíos como la reciente oferta gubernamental de un Acuerdo
Nacional, que ha abierto una fisura dentro de los movimientos sociales.
En el desarrollo del Acuerdo Nacional, el gobierno puso en marcha el 18 de
mayo las mesas temáticas sobre transparencia en la gestión pública, y
sobre salud y nutrición, con la presencia de diversas asociaciones de
estudiantes, trabajadores, mujeres e indígenas. Para el 16 de este mes se
planea abrir el diálogo sobre la inclusión de los pueblos indígenas y
el desarrollo rural.
Pero algunas de las organizaciones más representativas, como la
Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), han rechazado
la oferta de diálogo.
"El gobierno sólo pretende darse un respiro con el diálogo ahora
que se siente aislado", aseguró Carlos Pérez, secretario ejecutivo
de la CNOC, mientras que Roberto Dueñas, director adjunto de la CGTG,
apuntó que "los procesos de diálogo con el gobierno están
desprestigiados porque no se aplican los acuerdos que se alcanzan".
La división no es nueva en el seno de la sociedad civil. "No existe
la madurez del Cono Sur, donde los movimientos tienen un programa unitario:
aquí no podría pasar lo que en Bolivia", señaló a IPS Mario
Polanco, analista y director de la agrupación de defensa de los derechos
humanos Grupo de Apoyo Mutuo.
Polanco se refería a que los reclamos de los últimos años de
movimientos bolivianos, de distinto origen y orientación, cuajaron en una
plataforma común con la que se ha comprometido el gobierno del indígena
Evo Morales, iniciado en enero.
En Guatemala, "el protagonismo de cada organización prevalece sobre
el interés común", estimó Asturias.
Hugo Ayala, coordinador del programa de fortalecimiento de la sociedad
civil del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), localiza
los focos de la división en dos ámbitos: el territorial y el temático.
Por un lado, las organizaciones de la capital tienden a menospreciar a las
locales, "pese a que las locales trabajan mejor". Por el otro,
cada organización se centra en un problema y excluye el resto, "pese
a que algunos están muy relacionados, como indígenas y derechos humanos",
sostuvo Ayala.
La receta para conseguir la unidad sigue siendo la piedra filosofal de la
sociedad civil. No obstante, se han logrado avances significativos, como
la creación en 2004 del Movimiento Indígena Campesino Sindical y Popular
(Micsp) formado por organizaciones como CNOC y CGTG, y la constitución
del Colectivo de Organizaciones Sociales, que a su vez integra grupos
progresistas y de defensa de los derechos humanos.
"No es fácil coordinarse de forma unitaria, pero el Micsp quiere
plantearse objetivos concretos e incidir en lo que nos une", afirmó
Pérez. El próximo 8 de junio, el movimiento celebrará una asamblea
nacional a la que se espera que acudan 300 delegados de todo el país.
En lo que suelen estar de acuerdo las organizaciones sociales es en la
necesidad de reactivar la agenda de los Acuerdos de Paz, que apenas se ha
puesto en práctica tras 10 años de vigencia.
En los Acuerdos de Paz se recoge desde el reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas, que representan alrededor de la mitad de la
población, hasta la reforma agraria para acabar con la situación de
pobreza y exclusión en que viven 54 por ciento de los guatemaltecos.
El grado de "madurez" de la sociedad civil guatemalteca es
monitoreado por la organización no gubernamental Instituto de Asuntos
Culturales (ICA) a través de la aplicación del Índice de la Sociedad
Civil.
Este Índice está construido por cuatro dimensiones: contexto, estructura,
valores e impacto de la sociedad civil, con datos recabados en encuestas e
información pública.
El ICA, que desde 1979 promueve el desarrollo y la participación
comunitaria, hace parte de Civicus, una alianza mundial para la
participación civil.
Según el Índice, 38,5 por ciento de las organizaciones sociales
guatemaltecas califican de limitado el éxito obtenido en las campañas de
derechos humanos, y 32,1 por ciento de moderado. Asimismo, en la cuestión
del impacto de la sociedad civil en el presupuesto público, 59 por ciento
lo consideraron poco o nada relevante.
La legitimidad es otro asunto pendiente. "La sociedad civil no la
conforman únicamente las organizaciones no gubernamentales, es cuestión
de toda la población, pero ésta ha decidido delegar en los colectivos",
sostuvo Ayala. "Así que las organizaciones han conseguido la
legitimidad de la representación por omisión, ya que no cuentan con una
gran base social", agregó.
Sólo siete por ciento de los encuestados por el ICA juzgaron que existía
una representación equitativa de mujeres, hombres, indígenas y jóvenes
en las organizaciones, si bien 43 por ciento de los puestos de dirección
están ocupados por mujeres.
Apenas 1,8 por ciento de la población económicamente activa está
sindicalizada.
Estas cifras ponen en evidencia las debilidades que perciben las propias
organizaciones sociales. Precisamente, la segunda fase del programa del
PNUD está dedicada a mejorar la capacidad de incidencia de estos grupos
en las políticas públicas.
"Las instituciones del Estado no están receptivas a las iniciativas
de la sociedad civil", señaló el funcionario del PNUD. Por ello, se
hace necesaria una doble presión sobre "las instituciones (oficiales)
locales y no sólo sobre las estatales", comentó Ayala.
A estos obstáculos se suman las difíciles circunstancias en que trabajan
algunas organizaciones sociales, particularmente en el terreno de la
defensa de los derechos humanos, que continúan siendo blancos de
intimidaciones.
En 2005, 193 activistas fueron víctimas de ataques, según la Procuraduría
de Derechos Humanos. La mayoría eran personas vinculadas a movimientos
sociales, seguidas de operadores de justicia y periodistas. Casi 72 por
ciento de los agresores no han sido identificados, pero entre los
presuntos atacantes se destacan elementos de la Policía Nacional Civil.
Luis Felipe Polo, asesor de la Vicepresidencia de la República, admitió
a IPS que los activistas necesitaban mayor protección del Estado, y
aseveró que "se está trabajando el tema de seguridad, de manera
integral".
En estas circunstancias, el trabajo de la sociedad civil se complica, pero
las organizaciones no gubernamentales y sociales están dispuestas a
perseverar. "Las grandes movilizaciones todavía son necesarias para
que se nos escuche", aseveró Pérez, en nombre de los campesinos
organizados.
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