CARACAS, 01/10/2006 (IPS) - La nación barí, que vive en la zona occidental de Venezuela limítrofe con Colombia, entró de nuevo en conflicto porque reivindica tierras que el Estado quiere destinar a la explotación de carbón o mantener en manos de ganaderos.

La Sierra de Perijá, que marca parte de la frontera norte entre los dos países, contiene depósitos de carbón, de los que se explotan 40 millones de toneladas anuales en las minas colombianas de Cerrejón y Las Lomas, y unos ocho millones de toneladas por año en la zona venezolana del río Guasare.

Carbozulia, empresa del Estado venezolano, en asociación con la brasileña Vale do Rio Doce y la estadounidense Peabody Energy, proyecta ampliar la producción de la sierra en otros 10 millones de toneladas anuales y construir dos puertos, uno en el Lago de Maracaibo y otro en el golfo de Venezuela, para la exportación del mineral.

El conjunto de obras se enmarca en el programa Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), impulsado por la naciente Comunidad Sudamericana de Naciones y defendido con vigor por el presidente venezolano Hugo Chávez.

Al proyecto carbonífero se han opuesto las naciones indígenas de la frontera noroeste con Colombia, los wayúu, originarios de la colombiana península de la Guajira y la etnia más numerosa de Venezuela, con unos 300.000 individuos, y las numéricamente menores yucpa y barí.

En el caso de los barí, "el gobierno prepara una entrega de títulos de propiedad de tierras sin derogar las concesiones carboníferas ni rescatar explotaciones ganaderas en los territorios autodemarcados por ese pueblo indígena", advirtió a IPS el ambientalista Lusbi Portillo, coordinador de la organización no gubernamental (ONG) Homo et Natura.

Portillo, quien ha acompañado a los indígenas en decenas de marchas y reuniones con las autoridades, dijo que técnicos del Ministerio del Ambiente han incluso pretendido reconocer como tierras indígenas apenas las viviendas más los conucos (huertos domésticos) que los rodean.

La información de fuentes de la autoridad ambiental es escasa. Un funcionario de bajo rango del Ministerio del Ambiente y otro de una comisión de demarcación dijeron a IPS que "la cosa no es como la pintan", pues "algunos indígenas sí están de acuerdo" con la demarcación. En tanto que técnicos del nivel medio de jerarquía respondieron que eso estaba bajo estudio de las comisiones respectivas.

Según estudios de antropólogos e historiadores de Bogotá y Caracas, el pueblo barí, de la familia lingüística chibcha, se movía en unos 1,6 millones de hectáreas en la Sierra de Perijá y en el área del río Catatumbo, entre 1.000 y 900 años atrás. Más tarde resistieron reciamente la colonización española, así como el avance de los ganaderos y mineros de Colombia y Venezuela durante los siglos XIX y XX.

En la actualidad son unas 4.000 personas en Venezuela y unos pocos centenares en Colombia. Del lado venezolano viven en la llamada "pica barí", el extremo más occidental de la geografía venezolana, extendiéndose sobre unas 800.000 hectáreas entre los ríos Santa Rosa y Río de Oro, de las cuales reivindican unas 250.000.

Parte de ese territorio es parque nacional, otras zonas son explotaciones ganaderas y también hay baldíos de propiedad de la Nación.

Los indígenas demandan que se les reconozca como su territorio aquel que ancestralmente han usado para la caza, pesca, recolección, agricultura y actividades rituales y de culto de su cosmovisión, indicó Portillo.

De ser satisfecha esta solicitud, los barí podrían volver a desplazarse libres de obstáculos. En la actualidad se ven obligados a desviarse para evitar las haciendas ganaderas, cuyos guardias privados y armados les impiden el paso y el ejercicio de algunas de sus actividades.

Por ejemplo, el segundo cacique José Marcano de la comunidad Senkae, vecina de las haciendas de río Negro, dijo a periodistas que "nadie nos deja pasar por allá. Ya no podemos cazar ni dantas (tapires) ni báquiros (saínos o pecaríes). Nos acusan de robar ganado. Pero los mismos que vigilan (guardianes) se roban nuestros animales".

Sobre algunas de esas haciendas, Marcano dijo que "los viejos nos han contado que hay cadáveres en el potrero (campo de pastoreo) donde vivíamos antes, que allí hay historia de nuestros muertos, de persecuciones, de asesinatos. Tenemos cicatrices".

Según Portillo, las comisiones de demarcación del Ministerio del Ambiente carecen de recursos para comprar las mejoras hechas por los ganaderos en las haciendas, en el caso de una eventual devolución de esas tierras a los indígenas.

El coordinador de la ONG Homo et Natura agregó que "es contradictorio que en un país que se dice en tiempos de revolución, de lucha contra el latifundio y construcción del socialismo, los barí, para poder ejercer una de las actividades que les asegura la existencia y los define como grupo étnico, necesitan el permiso de los guardianes privados para llegar a sus sitios de caza, religión o cosmovisión".

"Si esto de verdad es un socialismo, tienen que cumplir con nuestras demandas sobre la demarcación territorial, no pueden imponerlas, sino permitir que las propias comunidades decidan sobre cuáles tierras tienen derechos", dijo a periodistas Ignacio Acambío, cacique de la colectividad Kumanda.

Chávez ha propuesto que a partir de 2007 se hagan reformas legales y políticas en Venezuela para "avanzar hacia el socialismo del siglo XXI", una oferta difusa a la que el propio mandatario rehúsa vincular con modelos teóricos, argumentando que se trata de un proceso de construcción práctica.

La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas del año 2001 obliga al Estado a consultar con las comunidades indígenas y a considerar los linderos que éstas señalen como delimitadores de su territorio.

Los barí de las comunidades Kumanda y Karañakaek hicieron saber a funcionarios que no asistirán al acto en que Chávez entregará los primeros títulos de propiedad comunitaria de tierras indígenas, previsto para el 12 de octubre, fecha tradicionalmente celebrada en conmemoración de la llegada de los españoles a América, y rebautizada bajo el gobierno de Chávez como "Día de la Resistencia".

Los indígenas insisten en su exigencia de que se reconozca como su territorio el autodemarcado, se rescindan las concesiones carboníferas --que alcanzarían 90.000 hectáreas de la totalidad de las que reivindican -- y que se compren las mejoras de los ganaderos sobre las haciendas que los barí usan para prácticas de caza y actividades propias.

Estas peticiones son apoyadas por las ONG Asociación de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos, y la Sociedad de Amigos de la Gran Sabana.

Sin embargo, algunos representantes de los indígenas agrupados en la Asociación Barí de Venezuela habrían firmado un acuerdo con una comisión gubernamental para la demarcación provisional de sus tierras, con miras al acto del 12 de octubre, según Homo et Natura. Pero se ignora el grado de representatividad de los firmantes, e IPS no consiguió ver el texto de ese acuerdo.

En abril de 2005 y durante el VI Foro Social Mundial, en enero de 2006, centenares de indígenas wayúu, yucpa y barí se manifestaron en Caracas contra las concesiones carboníferas, y recordaron palabras de Chávez en contra de las explotaciones de ese mineral que menoscaban el ambiente y la cultura de los pueblos indígenas.

Chávez visitó Saimadoyi, territorio barí, el 12 de octubre de 1999, a pocos meses de asumir su primera Presidencia, y en esa oportunidad afirmó que "se revisarán las concesiones carboníferas concedidas por los gobiernos anteriores, y aquellas que amenacen el equilibrio ecológico serán rescindidas porque no podemos permitir que se destruya la Sierra de Perijá".