MÉXICO, 02/10/2006 (IPS) - El primer gobierno mexicano ajeno al PRI llega a su fin dejando impunes a los culpables de la matanza de decenas de estudiantes el 2 de octubre de 1968, en la plaza capitalina de Tlatelolco, y de otros actos represivos ilegales cometidos por el Estado en las décadas de los 70 y 80.

El presidente Vicente Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), "ignoró sus compromisos de campaña y al terminar su sexenio nos quedamos sin justicia frente a los crímenes del pasado", dijo a IPS Alicia Camacho, víctima de la represión en los años 70 y portavoz de la Unión de Madres de Hijos Desaparecidos de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

La ola represiva emprendida contra opositores por los regímenes del PRI (Partido Revolucionario Institucional), que gobernaron México entre 1929 y 2000, afectó a miles y dejó 532 personas desaparecidas.

Una de las acciones emblemáticas de aquella política fue la matanza en Tlatelolco, ocurrida un día como hoy, 38 años atrás.

En aquella plaza, soldados y policías descargaron más de 15.000 balas contra unas 4.000 personas, la mayoría estudiantes, que se habían congregado para protestar contra el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).

Informes oficiales registraron 40 muertos en Tlatelolco, pero varias investigaciones estiman que fueron más de 130. Según el gobierno de aquellos años, las víctimas eran parte de un movimiento subversivo.

"Los hechos del 68 no están cerrados, es una herida en la historia del país, es una herida en la conciencia nacional", señaló este lunes el portavoz de la Presidencia, Rubén Aguilar, quien identificó la matanza como un "parteaguas en la historia del México moderno y el principio del fin del régimen autoritario".

Organizaciones sociales y estudiantiles realizaron marchas y otros actos en honor a los caídos de Tlatelolco. El reclamo de los manifestantes fue, al igual que en años precedentes, que el crimen no quede impune.

Siendo candidato, Fox prometió que aclararía la matanza de 1968 y otros crímenes cometidos en los regímenes del PRI. Así, creó en 2001 una fiscalía especial con el propósito de realizar investigaciones y tomar acciones legales contra los responsables.

Sin embargo, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de México, dependiente de la Procuraduría General, libró menos de seis órdenes de arresto, que quedaron además diluidas ante los recursos legales presentados por los imputados.

Uno de esos casos fue el del presidente Luis Echeverría (1970-1976), quien era secretario (ministro) de Gobernación (Interior) cuando fue perpetrada la matanza de Tlatelolco y luego encabezó un gobierno de corte represor.

Organizaciones de derechos humanos lamentan que Fox se acerque al fin de su mandato de seis años el 1 de diciembre sin haber encauzado a los responsables de la represión.

"Las promesas de Fox fueron una farsa, nos engañó a todos", señaló Camacho por teléfono desde el noroccidental Sinaloa.

Según el activista de derechos humanos Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México, las acciones de Fox para aclarar los crímenes del pasado fueron "erráticas, ineficaces y opacas".

El presidente electo Felipe Calderón, también del PAN, apoyó siendo candidato las medidas de Fox en la materia, pero no dejó en claro el camino que seguirá cuando asuma el poder.

A diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos, en los que gobiernos democráticos promovieron la creación de comisiones de la verdad para esclarecer episodios o políticas de represión ilegal, en México se optó por una entidad con facultades para investigar penalmente, la Fiscalía Especial.

Datos de la Secretaría (ministerio) de Hacienda indican que esa fiscalía gastó alrededor de 21,5 millones de dólares entre 2002 y 2006 para cumplir con sus tareas. Pero sus resultados fueron magros. Hoy, ni siquiera es accesible a través del sitio web de la Procuraduría.

Un reporte de la Fiscalía Especial sobre la guerra sucia conocido en febrero --y que el gobierno aclaró era sólo un borrador-- afirmó que el "combate que el Estado emprendió" en el pasado contra grupos políticos, estudiantiles e insurgentes "se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio".

Titulado "Que no vuelva a suceder", el documento sostuvo que el "Estado mexicano, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo". Las acciones contra los opositores llegaron "al nivel del genocidio", añadió el informe, aunque en la definición internacional de esa figura penal no esté incluido el exterminio total o parcial de opositores o de grupos políticos. Se trató de una actuación "criminal del Estado", puntualizó.

El gobierno de Fox señaló ocho meses atrás que el documento aún requería revisiones y que pronto estaría listo para presentarlo al país. Sin embargo, cuando faltan dos meses para que termine su gestión, sigue pendiente su difusión.

La represión fue la cara oscura de los gobiernos del PRI, que se autoproclamaban revolucionarios, apoyaban en política exterior a la Cuba socialista, abogaban por un nuevo orden económico internacional y acogían a cientos de perseguidos por las dictaduras militares de los años 70 y 80 en América del Sur.

Para la organización no gubernamental internacional Human Rights Watch, con sede en Nueva York, los resultados obtenidos por la Fiscalía Especial "han sido decepcionantes", pues no ha logrado sancionar a nadie.

"La administración de Fox no garantizó que la oficina (Fiscalía Especial) contara con la credibilidad, la capacidad técnica y los poderes necesarios para alcanzar sus objetivos. Tampoco aseguró la activa colaboración de otras instituciones como la policía federal de investigaciones", sostuvo Human Rights Watch.

"Para reforzar y complementar los esfuerzos para investigar y enjuiciar estos casos, el próximo presidente debería promover el establecimiento de una comisión de la verdad con los recursos, especialización e independencia necesarios para continuar con la investigación que inició la Fiscalía Especial", recomendó la entidad en un informe difundido en mayo.