| Afganistán: Las personas en
Faryab se quejan de tortura e impuestos ilegales de parte de los caudillos
[warlords]
Maimana, 12 de abril (IRIN/Traducción al castellano de © Enkidu):
Sentados en un restaurante pequeño en un bazar con mucha gente en Maimana,
capital de la provincia de Faryab, al norte de Afganistán, Abdul Hadi, de
36 años de edad, se preocupa en voz alta por el destino de su familia en
el pueblo de Kata Kala, aproximadamente a 80 kms. de distancia.
"No sé qué ocurrirá con mi familia después de que huí hace 13
días", se lamenta Abdul Hadi, luego de que un caudillo local trató
de cobrar un impuesto ilegal de $1,200 dólares de Estados Unidos sobre
una propiedad [some land] que había vendido.
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la provincia de Faryab |
"Dos hombres armados me sacaron de mi casa y me pusieron en una
habitación obscura durante cinco horas", Hadi alega. "El
comandante del grupo armado exigió que pagara o que aceptara quedarme en
la cárcel", Hadi clamó, añadiendo que sólo fue liberado bajo la
condición de pagar a los pistoleros cuanto otros pobladores intervinieron.
"Dejé la casa y huí porque no puedo pagar esa candidad de dinero",
explicó Hadi.
Tales incidentes son usuales en el norte convulsionado de Afganistán.
Ali Mohammad, de 48 años de edad, otro lugareño que vive en Kata Kala,
afirma que fue encarcelado y torturado por 15 días por el mismo caudillo
cuando se resistió a los pistoleros que exigían dinero por sus cosechas
anuales.
"Si me quejo, podría resultar asesinado", Ali Mohammad
subrayó, citando el fracaso del gobierno en proteger a los ciudadanos
locales de tales acciones.
Pero Hadi y Ali Mohammad viven ambos en un área de Faryab donde tales
acciones se han convertido en prácticamente una intitución - con
extorsión y amenazas de cárceles privadas siendo ahora la norma.
"De acuerdo con nuestros informes, pistoleros irresponsables
todavía torturan personas en sus prisiones privadas y toman impuestos
ilegales en distritos lejanos de Faryab, donde el control del gobierno
continúa siendo débil", Habibullah, subdirector la Comisión Afgana
Independiente de Derechos Humanos [Afghan Independent Human Rights
Commission] (AIHRC) en Maimana, dijo a IRIN en traducción al castellano
de © Enkidu.
"Desafortunadamente, estos caudillos son respaldados y equipados
por algunos funcionarios de alto rango desde el interior del gobierno,"
Habibullah dijo y añadió: "Para enfrentar esto, el gobierno
debería evitar dar trabajo a quienes abusan de los derechos humanos y a
criminales de guerra, así como reforzar el supuesto proceso de desarme en
la zona."
Sin embargo, Arun Dhoj Adhikary, representante de la Misión de
Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán [United Nations Assistance
Mission in Afghanistan (UNAMA)] en Faryab, dijo que las personas
continúan armadas por varias razones diferentes, incluyendo asuntos
políticos, criminales y de inseguridad.
"No puede haber una estrategia común de desarme allí. Cada uno
de estas razones necesitarán soluciones diferentes", explicó.
Muchos pobladores de Kata Kala entrevistados por IRIN aseveran que el
gobierno aún debe dar los pasos necesarios para asegurar su seguridad.
Noor Mohammad, de 60 años de edad, afirmó que fue encarcelado tres
veces en una semana por pistoleros antes de que, al final, pagara unos
$400 en impuestos ilegales por la compra de cuatro acres de tierra.
"El comandante me advirtió que enfrentaría una gran paliza e
incluso homicidio si me quejaba con alguien", dijo Mohammad.
Mientras tanto, los analistas creen que una de las razones más
importantes detrás de tales actividades brutales es la abundancia de
armas que aún se encuentran en manos de pistoleros, lo que hace que la
estabilidad frágil del país sea aún más endeble.
A pesar de los millones de dólares gastado por la Comunidad
Internacional en una campaña de desarme a nivel nacional, muchos
comandantes de milicia todavía conservan numerosas armas en sus
escondites. Hay todavía reportes de entre 1,800 y 2,000 grupos armados
ilegales por todo el país, lo que es un desafío enorme para la
estabilidad, la democracia y la prosperidad en esta nación devastada por
más de dos décadas de conflicto.
De acuerdo con la AIHRC, más de 29 cárceles privadas, dirigidas por
caudillos en diferentes partes del país, ya han sido cerradas por la
organización desde su establecimiento en 2002.
"Aún existen más de 10 cárceles privadas dirigidas por varios
caudillos vinculados a algunos funcionarios de alto nivel involucrados en
torturar personas por una variedad de razones a través del país",
concluyó Ahmad Shah Mirdad, un oficial para la sección de investigación
y observación de AIHRC.
Nepal: Naciones Unidas manifiesta su preocupación por el excesivo uso
de la fuerza de parte de la policía
Katmandú, 12 abril (IRIN/Traducción al castellano de © Enkidu): El
miércoles Naciones Unidas expresó preocupación seria [serious concern]
por las detenciones de manifestantes tranquilos [peaceful demonstrators]
por las fuerzas de seguridad de Nepal y llamó al gobierno real a que
respete el derecho de los ciudadanos a manifestarse de manera pacífica.
"Las condiciones de detención para lo cientos de personas que ya
se encuentran detenidas son seriamente insatisfactorias. Todavía estamos
visitando y monitoreando la condición de esas muchas personas heridas por
el empleo excesivamente desproporcionado de la fuerza de parte de la
policía en los últimos días", declaró Kieran Dwyer, portavoz para
la oficina de Naciones Unidas del Alto Comisonado para los Derechos
Humanos [UN office of High Commissioner for Human Rights] (OHCHR) en
Nepal.
De acuerdo con una grupo local de defensa de derechos humanos, el
número de los arrestos ha excedido los 1,500 a menos de una semana de los
mitines democráticos masivos. Encabezados por los siete partidos
politicos de oposición principales, las manifestaciones pacíficas se
están llevando a cabo por todo el país para protestar contra el Rey
Gyanendra, quién asumi el gobierno directo [direct rule] el 1° de
febrero de 2005, después de suspender el gobierno democrático encabezado
por el ex Primer Ministro Sher Bahadur Deuba debido a que no pudo contener
a la insurgencia maoísta.
En los últimos 10 años de la rebelión maoísta violenta, más de
13,000 nepaleses han sido matados a manos tanto de rebeldes como de
fuerzas de seguridad.
En un intento desesperado por solucionar la crisis política del país,
los siete partidos de oposición y los Maoístas firmaron un Memorandum de
Entendimiento el pasado 22 de noviembre de 2005, a fin de trabajar por los
objetivos comunes de restituir la paz y la democracia en el reino Himalaya
y de destituir al rey del poder.
Temiendo la infiltración rebelde en los mitines masivos, el gobierno
impuso un toque de queda tanto en la capital como en las ciudades
principales el sábado. El gobierno real [royal government] también
envió órdenes de prohibición contra la realización de los mitines en
áreas principales de las ciudades. Como resultado, un gran número de
manifestantes han sido arrestados y agredidos severamente por la policía
civil, de acuerdo con informes diarios aparecidos en los medios masivos de
comunicación.
Casi 300 manifestantes fueron arrestados sólo el miércoles, acorde
con Insec, una ONG de derechos humanos local, misma que añadió que
además de activistas políticos, muchos entre ésos arrestados se
encuentran periodistas, abogados y trabajadores por los derechos humanos
[human rights workers].
La comunidad internacional también ha condenado la acción del
gobierno.
"Canadá también se encuentra preocupada por la continuación de
arrestos indiscriminados y la detención de líderes de partidos
políticos así como de activistas por los derechos humanos", indicó
un comunicado de prensa, emitido el miércoles por el gobierno de Canadá.
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Los
Martes de Enkidu
Febrero 2007
