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Pecados secretos de la
guerra antiterrorista
Por William Fisher
NUEVA YORK, 30/03/2006 (IPS) - Un discreto acuerdo extrajudicial entre
el gobierno de Estados Unidos y un ciudadano egipcio echa un manto de
secreto sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el
marco de la guerra contra el terrorismo.
En enero, antes de que comenzaran las audiencias de este proceso y luego
de que un juez federal solicitara el testimonio de altos funcionarios, el
gobierno acordó con el demandante, Ehab Elmaghraby, el pago de 300.000 dólares,
si bien no admitió ninguna de las acusaciones.
Elmaghraby había asegurado que fue golpeado y que se le negaron alimentos
tras ser arrestado después de los atentados que el 11 de septiembre de
2001 acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington.
El ciudadano egipcio aseguró en su demanda que fue violado con una
linterna mientras era mantenido en confinamiento solitario sin acceso a
abogados, y luego deportado por delitos menores, sin vinculación con el
terrorismo, tras nueve meses de detención.
Hace más de seis meses, el juez federal de distrito a cargo del caso había
ordenado a altos funcionarios del gobierno estadounidense de la época,
entre ellos el ex fiscal general John Ashcroft, brindar testimonio en
torno de la demanda de Elmaghrabi.
Un detalle del juicio que merecía destaque pasó prácticamente
desapercibido para los grandes medios de prensa estadounidenses: el juez
había rechazado el argumento del gobierno según el cual el estado de
emergencia nacional eximía a la presidencia de cumplir con ciertas
regulaciones.
Expertos en derecho advertían entonces que el proceso podía convertirse
en un punto de inflexión en la polémica jurídica sobre las facultades
presidenciales en la guerra contra el terrorismo.
El acuerdo extrajudicial no establece un precedente legal, pues el
gobierno no admitió haber obrado ilegalmente, pero podría ser
significativo a la luz de las múltiples demandas judiciales y desafíos
de legisladores a la autoridad del presidente para actuar sin autorización
del Congreso legislativo.
Entre los muchos cuestionamientos formulados a la guerra contra el terror
declarada por el presidente George W. Bush figura su convencimiento de que
el Poder Ejecutivo goza, sin siquiera solicitar autorización judicial o
legislativa, de las facultades de detener indefinidamente a supuestos
terroristas sin acusarlos ante un juez, y de ordenar la vigilancia de
comunicaciones telefónicas y electrónicas, aun a ciudadanos
estadounidenses.
La demanda de Elmaghrabi acusaba a Ashcroft y a Robert S. Mueller III,
director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal), de
conspirar personalmente para violar los derechos de inmigrantes musulmanes
detenidos sobre la base de su raza, religión y nacionalidad.
Entre otros acusados figuraban funcionarios del Buró de Prisiones y
guardias del Centro Metropolitano de Detenciones en la zona de Brooklyn,
ciudad de Nueva York.
El gobierno apeló el fallo del juez John Gleeson, quien dijo que los
argumentos de Ashcroft carecían de base legal o constitucional.
"Los desafíos únicos y complejos de aplicación de la ley y
seguridad de nuestra nación luego de los ataques del 11 de septiembre de
2001 no garantizan la eliminación de remedios para las violaciones
constitucionales de las que se acusa aquí", escribió el magistrado.
Un segundo demandante es el pakistaní Javaid Iqbal, cuyo caso continúa.
Elmaghrabi e Iqbal alegaron que no se les permitió cuestionar ante la
justicia su confinamiento en una celda aislada.
Ashcroft alegó ante el juez Gleeson que el gobierno no está obligado a
seguir regulaciones que permitan a supuestos terroristas presentar
demandas ante la justicia, dada la amenaza que representan.
Elmaghraby e Iqbal aseguraron encontrarse entre docenas de hombres
musulmanes capturados en Nueva York tras el 11 de septiembre de 2001 y
retenidos durante meses en un centro federal de detenciones en Brooklyn.
Luego, fueron absueltos de cualquier vínculo con el terrorismo.
La oficina del Inspector General (contralor) del Departamento de Justicia
de Estados Unidos confirmó en varios informes el maltrato a detenidos árabes
y musulmanes recluidos en Brooklyn tras el 11 de septiembre. Diez guardias
y supervisores del centro carcelario fueron sancionados.
En documentos judiciales, los abogados del gobierno dijeron que los
ataques del 11 de septiembre crearon "factores especiales",
incluyendo la necesidad de disuadir futuros actos terroristas, cuya
importancia sobrepasa el derecho de los demandantes a entablar juicio.
Una demanda colectiva presentada en nombre de cientos de otros detenidos
tras el 11 de septiembre está pendiente ante el mismo juez.
Los abogados que representan tanto al demandante egipcio como al pakistaní
describieron el resultado como significativo.
"Este es un acuerdo sustancial y muestra por primera vez que el
gobierno puede ser responsabilizado por los abusos ocurridos en Abu Ghraib,
la bahía de Guantánamo y prisiones en Estados Unidos", dijo uno de
los abogados.
El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Florida Brian
J. Foley consideró que el acuerdo era "un paso en la dirección
correcta".
"Luego del 11 de septiembre, el gobierno fue injusto con las personas
que detuvo por más tiempo del necesario, para luego aplicar leyes no
relativas a la amenaza terrorista, tales como las migratorias", dijo
Foley a IPS.
"No puede encerrar a personas y amenazarlas como si fueran criminales,
a menos que tenga una base razonable para creer que lo son. Por cierto, no
se puede encerrar a alguien para averiguar si es un criminal", agregó.
Después de los atentados muchas "personas fueron encerradas al
parecer solo sobre la base de su raza y religión. Nuestro gobierno debería
compensar a todas esas personas detenidas más tiempo del necesario. Trató
a inocentes como si fueran criminales cuando la mayoría estaban ahí
porque querían vivir en este país", agregó.
Otro abogado que habló con IPS a condición de no que no se revelara su
identidad dijo que "a menudo los demandados llegan a un acuerdo, pero
no reconocen su responsabilidad. Es por razones estratégicas: el
demandado no quiere que esa admisión sea usada contra ellos en otra
instancia".
"El demandado puede decir que acordó porque no quería pelear,
porque le daba fastidio o porque podría verse obligado a revelar
información que quiere mantener en secreto", explicó.
Por lo tanto, "este caso no puede ser tomado técnicamente como una
admisión de responsabilidad por parte del gobierno, pero, ciertamente,
hace que el gobierno parezca menos que inocenteà y así es como la mayoría
de los observadores, correctamente, lo tomarán", agregó.
Desde la ciudad egipcia de Alejandría, Elmaghraby, de 38 años, dijo al
diario The New York Times que, aunque con reticencias, había decidido
llegar a un acuerdo porque está enfermo, endeudado y a punto de someterse
a una cirugía por una enfermedad de la glándula tiroides agravada por el
trato que recibió en prisión.
Elmaghrabi atendía su propio puesto en un mercado de pulgas, los fines de
semana en el barrio neoyorquino de Queens.
En total, 762 personas que no tenían ciudadanía estadounidense fueron
arrestadas en las semanas posteriores al 11 de septiembre, la mayoría por
violaciones a las leyes de inmigración.
Elmaghraby e Iqbal figuraban entre los 184 identificados como "de
alto interés", hasta que el FBI los declaró desvinculados de toda
acción u organización terrorista. Prácticamente todos eran musulmanes o
procedían de países árabes.
Según el Inspector General del Departamento de Justicia, esta dependencia
--equivalente a una fiscalía general-- a menudo no logró distinguir
entre sospechosos de terrorismo y personas que simplemente eran capturadas.
Las liberaciones tardaban meses porque eran consideradas de "baja
prioridad". Mientras, abundaban denuncias de golpizas, humillaciones
sexuales y registro ilegal de conversaciones entre abogado y cliente, según
uno de los informes.
Elmaghraby e Iqbal terminaron declarándose culpables de delitos menores
no vinculados con el terrorismo: fraude con tarjetas de crédito y posesión
de documento y cheques falsos. Pero dicen haber confesado con el único
objetivo de escapar de los abusos.
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