LA PAZ, 29/07/2006 (IPS) - La "revolución cultural y democrática" instalada el 22 de enero por el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, ha cumplido seis meses, y los indicadores económicos y políticos parecen inmejorables.

Analistas consultados por IPS prefieren esperar la real aplicación de políticas de Estado antes de emitir una opinión definitiva sobre la gestión de Morales, quien, según publicaciones independientes, alcanza una popularidad de entre 70 y 80 por ciento de consultados, sólo comparable en la región a la de sus pares Álvaro Uribe, de Colombia, y Néstor Kirchner, de Argentina.

En Bolivia, los primeros meses de los gobiernos no han sido precisamente la mejor carta de presentación de los presidentes democráticos desde la recuperación de los derechos y libertades ciudadanas, en octubre de 1982.

Aunque la región de mayor progreso localizada en la zona oriental, el departamento de Santa Cruz, ha expresado a través de sus líderes una abierta oposición al gobierno por su tendencia a promover la cultura andina y estimular el centralismo administrativo, el termómetro de la economía es de lejos el mejor aliado del mandatario izquierdista y líder de los cultivadores de coca.

En los primeros seis meses del año, el producto interno bruto (PIB) creció 4,33 por ciento, según el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE), superando las expectativas que los propios empresarios tenían a principios de 2006, cuando se anunciaba un ambiente adverso a la inversión privada por el carácter popular del nuevo gobierno. El PIB boliviano está estimado en unos 8.500 millones de dólares.

Las exportaciones alcanzaron el monto récord de 1.800 millones de dólares entre enero y junio, y con esa tendencia fácilmente se podrán superar los 2.400 millones de dólares de ventas de bienes y servicios al exterior registrados en 2005.

Eso sería un hito histórico en un escenario de relaciones externas difíciles para este gobierno, que rechazó desde el inicio negociar un tratado de libre de comercio con Estados Unidos y corre riesgo de perder los beneficios comerciales que otorga Washington a través de las preferencias arancelarias andinas (Atpdea, por su sigla en inglés).

"Siento que no hemos reprobado en la tarea de gobernantes", dijo Morales en una evaluación el pasado fin de semana en su aldea natal, la comunidad Orinoca, en el departamento de Oruro, unos 450 kilómetros al sur de La Paz, la sede de gobierno.

Según cifras difundidas por el gobierno en junio, la pobreza extrema afecta a 34,5 por ciento de los habitantes, de los cuales son pobres 67,3 por ciento. El tercer informe sobre el progreso boliviano en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, elaborado en 2005 con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, había estimado la proporción de indigentes en 41,3 por ciento.

Un manifiesto político a manera de evaluación del primer semestre, expresa aires de triunfalismo cuando destaca que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) consiguió ganar las elecciones generales de diciembre pasado con 53,7 por ciento de sufragios y los comicios de junio para integrar la Asamblea Constituyente, con 50,72 por ciento de votos.

El MAS obtuvo 137 constituyentes de los 255 elegidos en las urnas, mientras la segunda fuerza, Poder Democrático y Social (Podemos), logró 60.

Los resultados se basan en la movilización de la gente y no en la prebenda, expresó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y estimó que la Asamblea Constituyente tenía el desafío de unir a las naciones originarias y a las clases sociales, e incorporar a los bolivianos a una vida con trabajo, bienestar y dignidad.

La Asamblea Constituyente comenzará sus sesiones el 6 de agosto en un acto que se realizará en la capital de la República, Sucre, y a la que fueron invitados los mandatarios Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil, Michelle Bachelet, de Chile, y Kirchner, entre otros.

"Como sucedió con el gas natural, se debe recuperar todos los recursos naturales para beneficio de la población y romper con los centros imperiales que nos condenaron a ser proveedores de materia prima", dijo Quintana.

El 1 de mayo, Morales dispuso por decreto la nacionalización de la explotación, industrialización y distribución de hidrocarburos --que habían quedado en manos de corporaciones extranjeras desde mediados de los años 90--, obligando a esas empresas a renegociar sus contratos con el Estado bajo nuevas reglas.

El historiador y profesor de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Alexis Pérez, dijo a IPS que lo rescatable del primer semestre de gobierno es la mejora de la posición negociadora de Bolivia frente a las empresas transnacionales de petróleo.

El negocio petrolero tiene un potencial de ingresos de 200.000 millones de dólares en los próximos 20 años. La finalidad de la nacionalización es obtener un ingreso anual fiscal de por lo menos 600 millones de dólares y refundar a la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para recuperar sus tareas de exploradora, productora y comercializadora de carburantes.

"Un problema pendiente de solución es la corrupción", opinó Pérez, poco convencido de la necesidad de convocar a la Asamblea Constituyente, que tendrá un costo de funcionamiento de ocho millones de dólares durante un año, con el único fin de satisfacer a un grupo de personas que se beneficiarán del encuentro, dijo.

"La 'andinomanía' excluyente y una ausencia de respuestas de carácter nacional" conforman el lado malo de los primeros meses de gestión gubernamental, sostuvo Pérez en relación al discurso de los funcionarios con énfasis en tradiciones y costumbres propias de las culturas aymara y quechua de la región occidental, muy resistidas en la zona oriental.

Hay debilidades en el programa económico por la falta de propuestas para la industria y el sector rural, y esos desaciertos obedecen a la presencia de antropólogos, etnólogos y lingüistas en el equipo que conduce las políticas macroeconómicas, en lugar de especialistas en el área, estimó.

Las señales políticas abundaron, pero aún no representan una acción gubernamental, dijo a IPS el sociólogo e investigador Joaquín Saravia. La reducción de salarios de jerarcas, la lucha anticorrupción, el anuncio de distribución de tierras y la nacionalización de hidrocarburos responden a demandas ciudadanas que se reflejaban en las encuestas, señaló.

Cuando las decisiones políticas ingresen a una fase de "sedimentación", podrá observarse si aquellas señales tienen posibilidades de responder a las expectativas de largo plazo, opinó.

También se advierte un alto grado de comprensión de la gente frente a algunas decisiones que representan la "exaltación de emociones y pasiones" y que llevan a incurrir en contradicciones, debido a una forma de razonamiento de "mito y utopía que desplaza a la ideología", dijo Saravia en referencia al discurso indigenista.