Ataques a radios
comunitarias
Por Diego Cevallos
MÉXICO, 02/02/2007 (IPS) - Una de las 12
radioemisoras comunitarias que operan legalmente en México soporta
balazos, detenciones y amenazas de muerte, otra recibe advertencias por
abordar temas relativos a movimientos sociales y una tercera permanece
cerrada porque incomoda a autoridades.
Estos casos fueron denunciados ante la autoridad pública.
El primero de ellos, el de la estación Calenda del sureño estado de
Oaxaca, llegó el jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
mediante denuncia interpuesta por la no gubernamental Asociación Mundial
de Radios Comunitarias (Amarc).
Aleida Calleja, representante de Amarc en México, dijo a IPS que las tres
radioemisoras --cuyo carácter comunitario determina que no tengan gran
alcance ni respondan a intereses comerciales--, requieren protección.
"Aquí está en juego el derecho a la libertad de expresión",
señaló.
En enero, "el presidente municipal destituido (del municipio San
Antonino Castillo de Velasco) disparó directo a un compañero, aunque
falló, a otro casi le sacan un ojo de una pedrada y a mí me detuvieron
civiles y amenazaron de muerte y luego otros me obligaron a firmar un
documento en el que me comprometo a no apoyar actos subversivos",
relató a IPS Darío Campos, periodista voluntario de Calenda.
Esa estación que se escucha en San Antonino, un municipio de 4.900
habitantes próximo a Oaxaca, capital del estado homónimo, sufre desde
mediados del año pasado la ira del destituido presidente municipal, que
pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo que
gobierna el estado.
"Por cubrir el tema de la revuelta y darle cabida a la APPO (Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca), que aquí en nuestra comunidad destituyó
al alcalde, nuestra radio y sus colaboradores (unas 10 personas) hemos
sido atacados", relató Campos vía telefónica desde San Antonino.
En la capital de Oaxaca y en algunos municipios colindantes como San
Antonino, la APPO protagonizó el año pasado una revuelta contra el
gobernador Ulises Ruiz, del PRI, de quien pedía la renuncia por
acusaciones de corrupción y represión.
Entre octubre y noviembre, el movimiento integrado por decenas de
organizaciones sociales, fue desactivado con intervención policial y
masivas detenciones, en las que se cometieron numerosas violaciones a los
derechos humanos, incluida la muerte de una veintena de personas, según
denuncian grupos humanitarios.
"Nosotros sólo cumplimos un trabajo de apoyo a la comunidad, que
incluye darle información y apoyar los procesos de salud, organización y
otros", expresó Campos.
Por su trabajo, este estudiante de economía de 25 años no recibe paga,
al igual que la gran mayoría de quienes colaboran en radioemisoras
comunitarias.
En general, este tipo de radios reciben amplio apoyo local por el servicio
que prestan a sus comunidades, al incluir en su programación contenidos
educativos, de derechos humanos, salud y alertas sobre peligros sobre
desastres naturales, y también por hablar en sus propias lenguas, como es
el caso de las emisoras indígenas.
Según Amarc, Calenda enfrenta amenazas que tienen como fin "acallar
su labor informativa".
La denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos es para que "la instancia regional dicte las medidas
necesarias al Estado Mexicano con el objeto de salvaguardar la vida e
integridad física de los integrantes de la radio, así como garantizar el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión".
Calleja, representante de Amarc, denunció que en Oaxaca también hay
problemas con la radioemisora comunitaria indígena Nandia, que operaba en
una comunidad mazateca y sufrió represalias de seguidores del PRI en el
contexto de la revuelta de la APPO.
Nandia fue cerrada a punta de pistola el año pasado y así permanece
hasta ahora a pesar de las denuncias que hemos interpuesto, indicó
Calleja.
Otra estación comunitaria con dificultades es La Voladora, situada en
Amecameca, zona montañosa del estado de México, vecino a la capital. Los
operadores de ese medio de comunicación han sido amenazados de muerte y
han recibido mensajes agresivos por informar sobre el atípico Ejército
Zapatista de Liberación Nacional y sobre otros movimientos sociales.
En México operan más de 130 estaciones de radio que se proclaman
comunitarias, pero sólo 12, las apoyadas por Amarc, tienen autorización
oficial para trabajar. El resto, algunas de carácter religioso y otras
administradas por sindicatos, actúan bajo riesgo de clausura.
Aunque la empresarial Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la
Televisión sostiene que las emisoras comunitarias fomentan la piratería
y azuzan a grupos guerrilleros, entre 2004 y 2005 el gobierno del entonces
presidente Vicente Fox, que culminó su gestión de seis años en
diciembre, autorizó el funcionamiento de 12.
Tal resolución, demandada por la filial nacional de Amarc desde los años
90, se dio en un marco legal plagado de ambigüedades, lo que otorga gran
discrecionalidad al Estado en materia de estaciones comunitarias.
Amarc, con socios en todo el mundo, promueve el desarrollo de la radiofonía
comunitaria "como vía para ejercer plenamente la libertad de expresión,
el derecho a comunicar y el pluralismo de la sociedad civil, en el
entendido de que es una herramienta eficaz para el desarrollo, la paz, la
justicia y la solidaridad"
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