Pleito por TV se
internacionaliza y sube de tono
Por Humberto Márquez
CARACAS, 28/04/2007 (IPS) - El conflicto por la
decisión gubernamental de dejar sin señal a una televisora de oposición
en Venezuela se internacionaliza y agrava con la decisión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de demandar judicialmente al
Estado sudamericano.
El martes se supo que Venezuela fue acusada el 20 de
abril por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
"violar el derecho a la libertad de expresión", así como
"la integridad personal y las garantías judiciales" de los
trabajadores de Radio Caracas Televisión (RCTV), cuya concesión otorgada
en 1953 no será renovada a partir del próximo 27 de mayo.
El presidente Hugo Chávez, quien anunció la medida contra RCTV apenas
fue reelegido para otro sexenio en diciembre, reiteró el viernes que
"digan lo que digan, hagan lo que hagan, aúllen donde aúllen, la
concesión no será renovada".
La CIDH, según Chávez, "no tiene autoridad moral, guardó silencio
durante el golpe de Estado de 2002", que lo depuso de la presidencia
por dos días, "y lo menos que puedo decirles es que vayan a lavarse
ese paltó (paletó, chaqueta)", dijo el mandatario ante decenas de
oficiales en el teatro de la Academia Militar en Caracas.
La expresión "lavarse ese paltó" refina en algunas
conversaciones un dicho subido de tono propio de la jerga callejera
mediante el cual se despacha a un contrincante verbal enviándolo a
lavarse ciertas partes del cuerpo.
En enero Chávez ya había subido el tono al llamar "pendejo" (estúpido)
al chileno José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de
Estados Americanos, después de que el titular de la OEA advirtió que el
cierre obligado de RCTV "aparece como una forma de censura contra la
libertad de expresión".
La CIDH demandó a Venezuela por "las continuas violaciones al libre
ejercicio de la libertad de expresión, ocasionadas por las distintas
agresiones físicas y morales, ataques y atentados graves perpetrados
contra periodistas y otros trabajadores y directivos de este medio, que
incluyeron amenazas de revocar o retirar la concesión" a RCTV.
Desde 2002 han llegado a la CIDH denuncias de periodistas y medios de
asedios, vejaciones y ataques callejeros por parte de simpatizantes del
oficialismo.
El jurista opositor Asdrúbal Aguiar dijo a IPS que "el expediente es
lo suficientemente sólido como para que la Corte se pronuncie a favor de
los demandantes, aunque no nos hacemos ilusiones acerca de que el gobierno
acate las decisiones o recomendaciones de los órganos del sistema
interamericano".
Otro letrado, el parlamentario oficialista Carlos Escarrá, advirtió en
cambio que la CIDH "actuó con inusitada rapidez, pues no se han
agotado las instancias (judiciales) internas. Pelearemos en cualquier
escenario y estoy seguro de que ganaremos".
El origen de este pleito está en la confrontación de casi una década
entre Chávez y varios medios de comunicación, con picos críticos en
torno al golpe de Estado de abril de 2002 y la huelga empresarial y
petrolera de diciembre de ese año y enero de 2003.
Las cuatro principales cadenas de televisión privadas hicieron oposición
a Chávez y militaron por su salida del poder, y a tres de ellas, según
el gobierno, se les vence la concesión el 27 de mayo, aunque RCTV
reivindica títulos para la suya hasta el año 2022.
Dos cadenas, Televen y Venevisión, esta última propiedad del magnate
Gustavo Cisneros, quien se reunió a mediados de 2003 con Chávez y un
amigo común, el ex presidente estadounidense y premio Nobel de la Paz
Jimmy Carter, cambiaron su línea editorial y adoptaron una conducta entre
neutra y favorable al gobierno.
RCTV y el canal de noticias Globovisión (con una concesión que duraría
otros ocho años) mantienen una línea editorial opositora.
El gobierno ha declarado que no aplica una retaliación política sino que,
como vence la concesión, es su potestad no renovarla al grupo RCTV y en
cambio creará con su señal abierta en VHF el primer canal de televisión
de servicio público de Venezuela.
El Estado ya tiene dos televisoras de alcance nacional, y varias están en
manos del parlamento y alcaldías oficialistas, así como decenas de
radioemisoras. Adicionalmente, Venezuela es sede, financista y principal
motor de Telesur, una televisora de los gobiernos de Caracas, Buenos
Aires, La Habana, La Paz y Montevideo.
Andrés Cañizález, de la organización no gubernamental sobre problemas
del periodismo Espacio Público, dijo a IPS que "de un escenario
desequilibrado en contra del gobierno, cuando Chávez denunciaba en forma
legítima un poder mediático adverso, ahora pasamos al extremo opuesto".
En el caso de RCTV, la televisora de mayor abolengo y rating según los
sondeos, "el gobierno arriesga un costo político interno y externo
para alcanzar un objetivo mayor: consolidar un dominio hegemónico en los
medios televisivos", dijo Cañizález.
La encuestadora Datanálisis divulgó esta semana un sondeo según el cual
69,8 por ciento de venezolanos entrevistados rechazan abiertamente la
medida que afecta a RCTV y sólo 16,4 la apoyan, mientras 13,8 por ciento
no saben, no contestan o se confiesan indeciso.
"Quien dice que no sabe tampoco está conectado con la medida, por lo
que el rechazo puede llegar a 80 por ciento", comentó a IPS Luis León,
director de Datanálisis. "Por primera vez en ocho años vemos un
rechazo abierto de la población que siente conexión con el presidente
hacia una de sus decisiones", agregó.
Chávez ganó la elección de diciembre con 63 por ciento de votos frente
a 37 por ciento de su rival Manuel Rosales, pero en el sondeo de Datanálisis
rechazaron la medida contra RCTV 40 por ciento de quienes se dijeron
chavistas, 100 por ciento de quienes se dijeron opositores y 80 por ciento
de quienes se ven como neutrales.
En apoyo a RCTV se efectuaron dos marchas por las calles de Caracas con
varios miles de personas los días 14 y 26 de abril, y grupos de oposición
preparan otras. Chávez dijo que podría llamar a marchar en defensa de su
medida "y nos faltarían calles para tanta gente".
En el frente internacional, renovaron sus críticas a la medida la
Federación Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de
Prensa, la Asociación Interamericana de Radiodifusión, Reporteros Sin
Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas.
Entidades políticas comienzan también a interesarse en el caso, como el
Parlamento Europeo, cuyos bloques popular-socialcristiano y socialdemócrata
prestaron oídos al presidente de RCTV, Marcel Granier, aunque desde el
agrupamiento unitario de izquierda hubo expresiones de apoyo para la
decisión de Chávez.
El Senado de Chile, con los votos de la oposición de derecha y de la
cogobernante Democracia Cristiana, aprobó un acuerdo contra la medida y
pidió a la presidenta Michelle Bachelet que promoviese en la OEA la causa
de la televisora afectada.
Chávez replicó que el Senado chileno encarnaba "la misma derecha
oligárquica que derrocó al presidente Salvador Allende
(1970-1973)", entre otras expresiones que hicieron peligrar la
asistencia de Bachelet a la Cumbre Energética Sudamericana que se efectuó
en Venezuela el 16 y 17 de abril, y su visita oficial a Caracas el día
18.
El ministro venezolano de Comunicación e Información, Willian Lara,
sostuvo entretanto que varios periódicos del hemisferio se coaligaron en
una conspiración contra Caracas a propósito del caso RCTV, para
denunciar al gobierno de "violar los derechos humanos, especialmente
la libertad de expresión".
Lara mencionó como confabulados a La Nación de Argentina, O Globo de
Brasil, El Tiempo de Colombia, La Nación de Costa Rica, El Comercio de
Ecuador, El Universal de México, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de
Puerto Rico, El País de Uruguay y El Nacional de Venezuela, donde es
columnista regular y donde expuso la denuncia.
|
Los
Martes de Enkidu
Febrero 2007
