La interrupción del embarazo antes del tercer mes
de gestación ya no se persigue penalmente en el Distrito Federal. Sin
importar cuál sea el motivo, las mujeres de la capital mexicana pueden
abortar y acudir a los hospitales oficiales donde son atendidas
gratuitamente. Según las autoridades capitalinas, la medida no equivale a
una apología del aborto ni constituye una obligación, sino que es una
solución a un problema de salud pública y la concesión a las mujeres
del derecho a decidir. Cada quien decidirá según sus creencias y valores
dentro de un Estado laico que reconoce a creyentes y no creyentes las
mismas libertades y obligaciones.
Con excepción de los conservadores Partido
Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista, todos los partidos
políticos votaron a favor de la despenalización del aborto. La mayoría
fue absoluta, y el PAN no consiguió los votos necesarios para oponerse a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En consecuencia, el Gobierno
Federal, de corte conservador católico, hace un intento de echar abajo
las modificaciones al código penal y a la ley de salud pública
capitalinos.
Pese a que el Presidente mexicano, Felipe
Calderón, se declaró en contra de la interrupción del embarazo, quienes
darán la batalla jurídica son la PGR y la CNDH. Esta última considera
que las modificaciones al código penal y a la ley de salud “rebasan el
àmbito local”, pero los asambleistas de la ciudad de México replican
que en una federación, como la mexicana, la Constitución establece una
independencia de poderes, y que tanto el Congreso como los Gobiernos
locales poseen facultad para votar sus propias leyes, tal como sucedió en
el Distrito Federal con la despenalización del aborto.
José Luis Soberanes, presidente de la CNDH,
señaló algunas lagunas jurídicas. Por ejemplo, tratándose de menores
de edad, ¿cómo proceder sin violentar el derecho de los niños?
La antropóloga Marta Lamas, figura emblemática
del feminismo en México, confía en que no prosperará el recurso de
inconstitucionalidad, pues no cree que los ministros de la Suprema Corte
sean lo suficientemente conservadores para dar marcha atrás en un proceso
que será casi imposible frenar. Y todo indica que Marta Lamas tiene
razón, pues el 80% de las mujeres que se ha visto en la necesidad de
interrumpir su embarazo es católico.
En vez de terminar aquí, el debate condujo a otro
más profundo, que concierne la protección legal de la competencia del
Gobierno capitalino y del Legislativo local mediante una reforma política
para la capital del país, que la dote de su propia Constitución, como es
el caso en los demás Estados de la República.
También regresa a la mesa de discusión el
contrapunto entre las leyes de un Estado laico soberano y las del Vaticano,
que también es un Estado soberano, pero que se atribuye derechos de
extraterritorialidad.
La controversia constitucional se presenta en
vísperas de la participación de Felipe Calderón en la reunión del
Grupo de los Ocho, en Alemania, y de su visita a El Vaticano, donde
probablemente recibirá aún más presión para que se invalide en México
el aborto y el matrimonio entre homosexuales.
Los
Martes de Enkidu
