© Laura Castillo García*/Enkidu

Nuevamente miles de personas se concentrarán en la ciudad de Querétaro para protestar públicamente –el próximo 6 de junio- por el encarcelamiento de la profesora Cristina Rosas Illescas, y nuevamente también exigirán su libertad inmediata. Las 15 mil personas que en esta ocasión participarán en la movilización ciudadana van respaldadas por la fuerza legal de cuatro amparos que la justicia federal ha otorgado a la luchadora social por considerar que no es culpable de los delitos por los que está presa desde hace 776 días.

Las constantes arbitrariedades jurídicas en el desarrollo del proceso penal que se sigue a Rosas Illescas han ido descubriendo poco a poco, la mano negra causante de su largo encarcelamiento; mano negra personificada en agentes del Ministerio Público (M.P.) y jueces estatales que han utilizado todos los recursos legales, habidos y por haber, para cumplir con una encomienda superior: no dejar salir de prisión a la profesora Rosas.

La historia del encarcelamiento de la luchadora social (que se atrevió a dirigir a humildes ciudadanos en su lucha por vivienda y servicios urbanos en un estado gobernado por un militante de la ultraderechista Organización Nacional del Yunque, Francisco Garrido Patrón) es, a grandes rasgos, la siguiente: el 19 de marzo de 2005 fue detenida e inmediatamente recluida en el Centro de Rehabilitación Social Femenil ubicado en San José el Alto del estado de Querétaro por fraude y fraccionadora ilegal de un predio, en su calidad de autora intelectual.

Pero, en el expediente 71/05 radicado en el Juzgado Segundo Penal, las “denunciantes” (Lourdes Medina Aboytes, y Elena Ramos) sostuvieron que, con engaños, policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro las indujeron a hacer acusaciones contra “la maestra Cris”, por lo que al saber que había sido encarcelada por lo que ellas habían dicho retiraron la mencionada denuncia, quedando sin sustento legal las acusaciones por las que había sido encarcelada la líder social. Ante la inminente libertad de Rosas Illescas por el desplome de los delitos fabricados, el Juez Octavo Penal, bajo la causa 312/2005, dictó otro auto de formal prisión, nuevamente con testigos falsos y por el mismo delito de fraccionadora ilegal en su carácter de autora intelectual, que pronto quedó anulado por lo mismo: no haber pruebas para acusarla de dicho delito.

Por las violaciones al derecho a la seguridad jurídica de Rosas Illescas, su defensa ha solicitado la intervención de la justicia federal, quien en cuatro ha otorgado su amparo y protección a Rosas Illescas por no acreditarse los delitos que se le imputan; asimismo, ha ordenado a los jueces remediar las inconsistencias jurídicas o, en su defecto, liberarla. Cuatro amparos en el mismo sentido ha expedido la justicia federal y en ninguna ocasión las autoridades judiciales queretanas han probado la culpabilidad de Rosas Illescas, pero tampoco la han dejado en libertad, lo que robustece la hipótesis de que los recursos legales interpuestos por el M.P. son maniobras para que permanezca en prisión. La última de ellas la protagonizó el Juez Octavo Penal el pasado 7 de marzo, cuando en cumplimiento de la orden federal reconoció la inocencia de Rosas Illescas y le otorgó la libertad bajo caución; no obstante, a las pocas horas se la negó porque, dijo, “es un riesgo para la sociedad, (pues) de dejarla en libertad podría volver a cometer el mismo delito”... torpe argumento pues él mismo ya había reconocido que no había delito que perseguir.

¿De quien es la mano negra que impulsa las artimañas para que una inocente siga encarcelada? ¿Por qué en este caso el Gobernador de Querétaro no exige respeto al Estado de Derecho que tanto dice defender? Dicen que es precisamente él, Francisco Garrido Patrón, el más interesado en tener encarcelada a Rosas Illescas pues las demandas que ésta promueve y los grupos sociales que dirige chocan con los intereses económicos de quienes lo llevaron al poder, los ricachos de Querétaro.

Las violaciones al derecho a la seguridad jurídica y a los derechos humanos en general cometidos contra Cristina Rosas, han provocado la indignación de las fuerzas democráticas y progresistas del país quienes este 6 de junio se unirán a la movilización ciudadana que exigirá su liberación; entre las que se encontrará la APN Humanista Demócrata.

* Laura Castillo García es Secretaria General de la APN Humanista Demócrata José Luis Mora

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