FOTO: Ron Edmonds/Associated Press El viernes, el Presidente Bush habló sobre economía con reporteros en la Oficina Oval, luego discutió la forma de hacer interrogatorios de detenidos por parte de la CIA. “This government does not torture people,” dijo.

Los comentarios, primeras declaraciones públicas de Bush sobre los memoranda, llegaron en una aparición precipitada, acordada en la Oficina Oval, ante reporteros. Fue anunciada como una conversación sobre la economía, pero luego de anunciar estadísticas de empleo nuevas, Bush cambió de curso para hablar sobre un tema que no discute con frecuencia en público: un programa que alguna vez fue secreto, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para detener e interrogar a prominentes sospechosos de terrorismo.

“He establecido este programa por una razón y ésta es para proteger mejor al pueblo estadounidense,” dijo el Presidente, sin mencionar a la CIA por su nombre. “Y cuando encontramos a alguien que podría tener información relacionada con un ataque potencial en Estados Unidos, pueden apostar que los vamos a detener y pueden apostar que los vamos a detener, porque el pueblo estadounidense espera que nosotros descubramos información —información procesable [actionable intelligence]— de manera que podamos ayudar a protegerlos. Ese es nuestro trabajo.”

Sin confirmar la existencia de los memoranda o discutir las técnicas explícitas que autorizaron, Bush aseguró que los métodos de interrogación habían sido “fully disclosed to appropriate members of Congress” [totalmente revelados a miembros apropiados del Congreso].

Pero sus comentarios sólo provocaron otra ronda de recriminaciones en el Capitolio, donde los demócratas aumentaron sus exigencias para ver los memoranda confidenciales, reportados por primera vez el jueves por el New York Times.

“La Administración [Bush, N/Enkidu] no puede actuar de dos maneras,” dijo el Senador Senator John D. Rockefeller IV, Demócrata por Virginia Occidental, quien es Presidente del Comité de Inteligencia del Senado, en un comunicado después de las declaraciones presidenciales. “Estoy cansado de estos juegos. Ellos no pueden decir que el Congreso ha sido informado totalmente mientras que se niegan a entregar documentos clave, usados para justificar la legalidad del programa.”

En dos opiniones legales separadas, escritas en 2005, el Departamento de Justicia autorizó a la CIA para asediar a sospechosos de terrorismo con una combinación de tácticas de dolor física y psicológica, incluyendo golpes en la cabeza [head-slapping], ahogos simulados [simulated drowning] y temperaturas glaciales [frigid temperatures].

Los memoranda fueron escritos apenas unos meses después de una opinión del Departamento de Justicia, en diciembre de 2004, que declara a la tortura como “abhorrent” [“aborrecible”].

Oficiales de la Administración han confirmado la existencia de las opiniones confidenciales, pero no las harán públicas, sólo diciendo que ellas aprueban el uso de técnicas que fuesen “tough, safe, necessary and lawful” [“duras, seguras, necesarias y lícitas”].

El viernes, Tony Fratto, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, tomó a The Times a capítulo por pubicar la información, aseverando que el diario había comprometido la seguridad de Estados Unidos.

“Yo he tenido la responsabilidad espantosa de tener que trabajar con The New York Times y otras organizaciones de noticias sobre historias que tienen relación con la revelación de información confidencial. Y podría decirles que cada vez que he tenido que arreglármelas con éstas historias, he sentido que hemos minado la seguridad y la estabilidad de Estados Unidos con la publicación de este tipo de información.” [“I’ve had the awful responsibility to have to work with The New York Times and other news organizations on stories that involve the release of classified information,” Mr. Fratto said. “And I could tell you that every time I’ve dealt with any of these stories, I have felt that we have chipped away at the safety and security of America with the publication of this kind of information.”].

Los memoranda y el debate subsiguiente relacionado con ellos, llegan al corazón de un tema central de la Administración Bush: el uso extenso del poder ejecutivo en la búsqueda [pursuit] de sospechosos de terrorismo.

Ese tema ha sido una controversia continua en el Capitolio, donde los Demócraas y algunos Republicanos, han enfurecido por la forma en que la Administración los ha dejado fuera.

El enfrentamiento influyó las relaciones en el Congreso relacionadas con Alberto R. Gonzales, el ex Fiscal General. Y el viernes era claro que la controversia se derramaría ahora hacia las audiencias de confirmación de Michael B. Mukasey, juez federal retirado que ha sido nominado por Bush para suceder a Gonzales a la cabeza del Departamento de Justicia.

El Senador Carl Levin, Demócrata por Michigan, quien preside el Comité de Fuerzas Armadas del Senado, envió una carta a Mukasey preguntándole que si de ser confirmado proporcionaría a los legisladores los memoranda del Departamento de Justicia.

Y el Senador Charles E. Schumer, Demócrata por Nueva York y miembro del Comité del Poder Judicial [Judiciary Committee], afirmó que espera que los memoranda se volverían un punto central en el debate de confirmación de Mukasey.

“Cuando el Presidente dice que el Departamento de Justicia afirma que está bien, el quiere decir que Alberto Gonzales afirmó que estaba bien” [When the president says the Justice Department says it’s O.K., he means Alberto Gonzales said it was O.K.”], dijo en entrevista Schumer, quien ha sido un partidario fuerte de Mukasey.

“Muy poca gente va a tener mucha fe en eso y necesitamos explorar eso”.

La Administración ha sido extremadamente cuidadosa con la información sobre el programa de la CIA, que había sido reportada en los medios de comunicación pero que era, al menos de manera oficial, un secreto hasta que Bush mismo reverló en público su existencia en septiembre de 2006.

En ese momento, el Presidente confirmó que la CIA tenía detenidos a 14 sospechosos prominentes de ser terroristas —incluyendo al hombre que se piensa fue el cerebro de los ataques terroristas del 11 de septiembre— en prisiones secretas, pero dijo que los detenidos habían sido transferidos a la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

Las opiniones de 2005 del Departamento de Justicia, forman el apuntalamiento legal para el programa. El viernes, el General Michael V. Hayden, Director de la CIA, también defendió el programa en un mensaje de correo electrónico a empleados de la agencia.

“La historia ha provocado muchos comentarios,” escribió el General Hayden en referencia a lo que cuenta The Times, “incluyendo alegatos de que la opinión abrió la puerta a tácticas de interrogatorio más duras y que la información sobre los métodos de interrogación que realmente usamos han sido ocultados de la supervisión de los comités del Congreso. Ninguna aseveración es cierta.” [“The story has sparked considerable comment,” General Hayden wrote, referring to the account in The Times, “including claims that the opinion opened the door to more harsh interrogation tactics and that information about the interrogation methods we actually have used has been withheld from our oversight committees in Congress. Neither assertion is true.”