Todos miran hacia La
Haya
Por Marcela Valente y Darío Montero
BUENOS AIRES, 13/01/2007 (IPS) - Con dos de los tres
puentes entre Argentina y Uruguay bloqueados por activistas contrarios a
la instalación de una planta de celulosa, los gobiernos de ambos países
aguardan el inminente fallo de la Corte de La Haya sobre la demanda de
libre tránsito presentada por Montevideo.
A partir de este fin de semana permanece cortado por
tiempo indeterminado el tránsito de vehículos sobre la ruta 135 hacia el
puente que une la oriental localidad argentina de Colón con Paysandú,
capital del occidental departamento uruguayo de igual nombre.
La medida fue impulsada por vecinos de la cercana Gualeguaychú, que
bloquean desde diciembre el principal paso terrestre sobre el limítrofe río
Uruguay, entre esa ciudad y la uruguaya Fray Bentos, en protesta por la
instalación en esta última localidad de la fábrica de pasta para
producir papel de la empresa finlandesa Botina. Consideran que será
contaminante.
De este modo, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú logra
distorsionar el cruce de ida y vuelta hacia Uruguay de turistas argentinos
y de miles de inmigrantes uruguayos en el vecino país, en el auge del
verano austral, causando un perjuicio económico que Montevideo calculó
en la temporada pasada, ante protestas similares, en unos 500 millones de
dólares.
Uruguay recibió casi 45.000 turistas argentinos en la primera semana del
año, 14.000 menos que el mismo lapso de 2006, pese a que ya en esa ocasión
se produjeron largos periodos de corte de tránsito por Gualeguaychú,
indicaron a IPS fuentes oficiales uruguayas.
Las playas del sur y este de Uruguay son el destino turístico tradicional
de decenas de miles de argentinos, que constituyen alrededor de 80 por
ciento de los visitantes anuales a este país de 3,2 millones de
habitantes.
Representantes legales de los dos países estiman que la Corte
Internacional de Justicia, con sede en La Haya, tomará decisión en los
próximos días sobre la demanda presentada por Uruguay para que obligue
al gobierno argentino de Néstor Kirchner a que despeje las rutas,
argumentando que se viola la libre circulación establecida en el tratado
del Mercosur.
Precisamente, las expectativas también están centradas al respecto en la
cumbre del Mercosur (Marcado Común del Sur), que conforman estos dos
estados junto a Brasil, Paraguay y Venezuela, a realizarse el jueves y el
viernes próximos en Río de Janeiro.
Buenos Aires se ha negado sistemáticamente a tratar esta controversia en
ese ámbito, apoyado por Brasil, pero desde Paraguay, que tomará la
presidencia semestral del bloque en esta reunión, ya se escuchan voces
autorizadas proclives a que se intervenga.
El presidente del flamante Parlamento del Mercosur, el paraguayo Alfonso
González Núñez, señaló que una de las prioridades a tratar en ese ámbito
será buscar una mediación entre Argentina y Uruguay, porque es "insostenible"
para el bloque que estos dos países estén enfrentados.
Una de las posibilidades es crear una comisión de seguimiento, que pueda
acercar las posiciones entre Kirchner y el presidente uruguayo Tabaré Vázquez,
indicó, en entrevista al diario montevideano El País, el titular del
parlamento regional nacido el 14 de diciembre.
El diferendo entre los dos países llegó el año pasado a La Haya ante la
demanda presentada por Argentina, que acusa a Uruguay de vulnerar el
tratado bilateral de 1975 del río limítrofe al no acordar previamente,
como se establece allí, la instalación de la planta de Botnia y otra de
la española ENCE que ya fue desechada por la propia firma. Montevideo
aduce que fue convenido.
Este lunes, Argentina presentará ante la Corte un escrito complementario
de más de 400 páginas con los argumentos por los cuales se opone a la
instalación de la fábrica. Pero la sentencia de este tribunal se presume
que tardará varios años en emitirse.
Si bien el gobierno de Kirchner respalda la protesta de vecinos y
ambientalistas de Gualeguaychú, trata de desactivar los bloqueos por
entender que afecta su estrategia ante el tribunal internacional. Empero,
ha asegurado que no apelará a la fuerza pública para desbloquear las
rutas.
Esa disyuntiva se presentó con todo su rigor el viernes, cuando debió
apelar a la prevención con alrededor de 1.000 efectivos de Prefectura
Naval para que los turistas que usan la vía fluvial para ir a Uruguay
pudieran embarcar sin dificultad pese a la presencia de manifestantes de
Gualeguaychú en el puerto de Buenos Aires. Las autoridades temían algún
hecho de violencia.
El objetivo de la movilización fue la terminal portuaria de Buquebús, la
única empresa naviera, que comunica a los dos países a través del Río
de la Plata y que desde que se cortó el tránsito en el puente de
Gualeguaychú, el más cercano a Buenos Aires, ha duplicados sus cruces
diarios por los distintos tipos de embarcaciones.
La justicia ordenó impedir que se obstaculizara la salida de barcos y el
amplio dispositivo de seguridad puesto en marcha impidió que los
manifestantes se acercasen a la estación fluvial.
Los organizadores de la protesta habían advertido que podrían bloquear
la salida de buques y mencionaron la posibilidad de arrojar huevos
podridos al asfalto para que los automóviles que subieran a los barcos se
impregnasen del olor que ellos aseguran sentirán cuando la planta
comience a producir celulosa.
Pero la protesta fue pacífica y con menos manifestantes que efectivos de
seguridad, pese a que fue apoyada por asambleas barriales de Buenos Aires,
líderes estudiantiles, pequeños partidos de izquierda y por parte del
movimiento de desocupados, llamados piqueteros precisamente porque
impusieron el bloqueo de rutas como forma de protesta desde mediado de los
años 90.
Los viajeros se embarcaron con normalidad y sólo recibieron volantes que
hacían referencia al conflicto.
"Nuestro objetivo es oponernos a las pruebas hidráulicas que anunció
Botnia", dijo a IPS José Poulet, coordinador de la Asamblea.
Por su parte, Vilma Ripol, dirigente del partido Izquierda Unida, explicó
a IPS que decidieron apoyar a los asambleístas por considerar que "su
lucha es justa". "Hay que forzar al gobierno a profundizar las
medidas a través de un boicot a los insumos de Argentina que se destinen
a la planta", remarcó.
Los vecinos de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos y a 350 kilómetros
al norte de Buenos Aires, consideran que serán los principales
damnificados de una eventual contaminación de la fábrica, y desde 2003
piden su reubicación.
Lo mismo reclamaban de ENCE, que planificaba una planta en la misma zona,
pero se logró frenar el proyecto y ahora anunció que se radicará más
al sur, en la naciente del Río de la Plata.
Pero en el gobierno argentino comienzan a percibirse fisuras en este
asunto. La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Romina
Picolotti, quien fue abogada de los asambleístas hasta que Kirchner la
designó para el área, responsabilizó esta semana a la cancillería por
la marcha del proceso en La Haya, que hasta ahora le ha sido desfavorable.
A su vez, fuentes de la cancillería que prefirieron el anonimato
cuestionaron las intervenciones de Picolotti en favor de los vecinos que
mantienen los bloqueos de ruta.
El canciller Jorge Taiana advirtió el jueves que esa protesta "no
favorece" la discusión en La Haya y, en cambio, "agrava la
situación".
"Nosotros estábamos de acuerdo en ir a La Haya, pero en 2003, cuando
supimos que se instalarían Botnia y ENCE, pero el gobierno tardó tres años
en hacerlo, y ahora no tenemos ninguna expectativa en esa vía",
remarcó Poulet ante IPS.
Durante el acto en el puerto de Buenos Aires, el asambleísta Daniel Pérez
Molemberg acusó al presidente Kirchner de "falta de coraje" y
advirtió que "la lucha pacífica" de la ciudad de Gualeuaychú
"va a seguir" en reclamo de la "reubicación" de
Botnia.
"Estamos aquí para que este gobierno, que pone tanta policía para
cuidarnos, ponga autoridad para garantizar que se respeten nuestros
derechos ambientales y constitucionales", subrayó.
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