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¿Quién sigue?
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Laura Castillo García/Enkidu*
El asesinato del periodista Amado
Ramírez Dillanes ocurrido la semana antepasada en el puerto de Acapulco,
Guerrero, y la expatriación del reportero queretano Alejandro González
Anaya (quien abandonó Querétaro en mayo de 2006 por
las recurrentes amenazas directas e indirectas que recibía del Gobierno
de Querétaro por exigir justicia en el caso de Marco Antonio Hernández
Galván, asesinado presuntamente a manos de un miembro de la familia dueña
de Coca-Cola), aunados a los numerosos ataques registrados contra
comunicadores, son hechos contundentes que señalan que la libertad de
expresión en el México del siglo XXI es tan pisoteada por los grupos de
poder como en los tiempos del dictador Porfirio Díaz.
Ciertamente,
la lucha contra la delincuencia y un país seguro
“exige la acción de sociedad y gobierno”, como
lo aseguró el Presidente Felipe Calderón al convocar a una alianza
anticrimen. Sin embargo, la ciudadanía poco puede hacer porque no
está autorizada para impartir justicia por su propia mano, por lo que es
precisamente al Gobierno a quien le queda la tarea más dura y fuerte.
Desgraciadamente, el asesinato del
corresponsal de Televisa en Acapulco y el exilio del periodista queretano
no caen en el ámbito de la delincuencia común, no. En ambos casos, todo
parece indicar que se trata de atentados contra la libertad de expresión
ejercidos por poderosos grupos económicos y políticos, para silenciar a
aquellos que con sus comentarios e investigaciones les pisan los callos,
como recién han expresado reporteros guerrerenses y, en su momento,
queretanos.
Es muy importante que el Presidente
Calderón haya manifestado públicamente su compromiso personal
con el respeto a la libertad de prensa y con la defensa del libre y seguro
desempeño de la actividad periodística, pero no basta. Para garantizar
que haya un auténtico respeto a la libertad de expresión es necesario
que el Estado Mexicano, al que él representa, instrumente acciones reales,
concretas, para castigar a quienes atentan contra ese derecho fundamental,
como lo serían que no concluyese la investigación con la detención del
autor material del asesinato de Amado Ramírez, que puede ser sólo un
chivo expiatorio como señalan reporteros acapulqueños, sino que todo el
peso de la ley caiga sobre los autores intelectuales reales,
aunque pertenezcan a altos grupos de poder, y a quienes seguramente su
servicio de inteligencia tiene ubicados; o que castigue al funcionario, o
funcionarios, que hayan sido los causantes del acoso,
agresiones y amenazas contra el reportero queretano Alejandro González
Anaya.
Mientras
no se frene en los hechos la violación a la ley, el Gobierno mexicano
seguirá fomentando la impunidad; México seguirá siendo el país de América
Latina con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo y, pese al
cuidado que pongan en su trabajo, los profesionales
de la comunicación no podrán dejar de preguntarse ¿quién sigue?
Hablando de violaciones a la ley,
el Gobernador de Guerrero (otra vez Guerrero), Zeferino Torreblanca
Galindo, se contagió del mal ejemplo que desde hace muchos años ha dado
el derechista Gobierno de Querétaro en materia de no
atención a las demandas ciudadanas. Resulta que Torreblanca Galindo,
emanado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), y
que por lo mismo debería ejercer el poder de manera diferente, también
viola la Ley suprema en lo que a los derechos de petición y al desarrollo
se refiere al no atender añejas demandas de guerrerenses marginados.
Incluirlos en el programa oficial
de mejoramiento de vivienda, que el gobierno, con apoyo de las comunidades,
construya tanto redes de agua potable y electricidad como espacios
educativos y deportivos y clínicas de salud en zonas humildes del estado
y, no me lo va a creer, ¡que eche a funcionar hospitales ya construidos
en la pobrísima región de La Montaña!, es lo único que piden humildes
guerrerenses para mejorar su calidad de vida. No obstante, el Gobernador,
como buen empresario, “ni los ve ni los oye”. Si no es nada más campaña
mediática su tan sonado combate a la pobreza, bien haría el Presidente
Calderón en revisar estas transgresiones a la ley que no contribuyen en
nada a uno de los propósitos centrales del gobierno federal.
Laura
Castillo García es
Secretaria General de la
APN Humanista Demócrata José María Luis Mora
e-mail: lauracastillo30@yahoo.com.mx
http//www.apnluismora.blogspot.com
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Los
Martes de Enkidu
Febrero 2007
