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Actividad
encabezada por Amnistía Internacional tiene apoyo de las minorías
sexuales
Presentan a
ministros chilenos agenda de derechos humanos para el bicentenario de
Chile
SANTIAGO,
18/05/2007 (Movilh.cl): Respaldada por
diversas organizaciones, la sección chilena de Amnistía Internacional
entregó al gobierno de Chile la Agenda de Derechos Humanos del
Bicentenario, iniciativa que hace propuestas legales y de políticas públicas
para contribuir a la igualdad, el perfeccionamiento de la democracia y el
respeto a la diversidad de aquí al 2010.
La
Agenda fue entregada ayer al ministro de Defensa, José Goñi, mientras
hoy también se dejó una copia a la titular del Ministerio de Planificación
Nacional (Mideplan), Clarisa Hardy, quien se reunió con representantes de
AI, del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la
Agrupación de Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos.
La
propuesta de AI, que contó con la colaboración de numerosas
instituciones, como el Movilh que redactó el capítulo sobre discriminación,
considera que "es necesario movilizar nuevas iniciativas en la
promoción y protección amplia de los Derechos Humanos".
AI
agregó que "después de 18 años desde el inicio de la recuperación
de la Democracia, ya no hay motivos para más demoras", en lo
respecta a la igualdad de derechos.
"Las
organizaciones que suscriben la Agenda de Derechos Humanos del
Bicentenario creen que iniciar acciones concretas que permitan construir
un país respetuoso y donde los Derechos Humanos sean una realidad para
todas las personas es la mejor iniciativa Bicentenario que se puede
encarar. Poner el centro de la acción pública en la más amplia promoción
de los Derechos Humanos, es enfocar la acción en las personas y sus
necesidades", sostiene AI.
Entre
los variados temas y problemas que la Agenda de Derechos Humanos aborda se
cuentan la persistente impunidad de los crímenes cometidos en la
dictadura; la violencia contra las mujeres; la discriminación a los
pueblos originarios y otras minorías, como las sexuales; el hacinamiento
en las cárceles; el retraso en la adopción de instrumentos
internacionales como es el caso de la Corte Penal Internacional y el
importante déficit en la satisfacción de los Derechos Económicos
Sociales y Culturales, como son el acceso a la educación, la salud y la
vivienda digna.".
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