| CDHDF recibió dos quejas del Movimiento de
Estudiantes No Aceptados (MENA)
MEXICO, 15/08/2007 (AGENCIAS/CDHDF): El Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza
Longoria, anunció que el organismo a su cargo recibió dos quejas del
Movimiento de Estudiantes No Aceptados (MENA) porque según su dicho
fueron objeto de golpes, detenciones arbitrarias, abuso de la fuerza y uso
indebido de la función pública, al momento de ser desalojados de las
instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por parte de
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina.
A petición de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
el cuerpo de granaderos de la SSP local ingresó la madrugada del martes 7
de agosto a las instalaciones de la Dirección General del Instituto para
desalojar a más de cien jóvenes que demandaban 700 espacios para
estudiantes de licenciatura.
En el operativo fueron detenidas nueve personas en posesión,
presuntamente, de armas punzocortantes y petardos. Ocho jóvenes fueron
ingresados al Reclusorio Oriente y un menor de edad al Consejo Tutelar,
por los delitos de privación ilegal de la libertad, motín, violación a
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, robo y daño en propiedad
ajena, así como por obstrucción al acceso de edificios de esa casa de
estudios.
Tras firmar un convenio de colaboración entre la CDHDF y el IPN, el
Ombudsman capitalino comunicó que las dos quejas de estudiantes del MENA
están a cargo de la Tercera Visitaduría, quien integrará la
investigación y solicitará informes a la autoridad, y recalcó que en
ningún momento las quejas son en contra del IPN.
Álvarez Icaza Longoria identificó tres factores en esta problemática:
la capacidad instalada de las instituciones educativas, la generación de
mecanismos alternos, que pueden ser sistemas informales para el ejercicio
de los derechos, y la solución de controversias.
Remarcó que la CDHDF no tiene atribuciones sobre el IPN, pues se trata
de una instancia federal. “Las denuncias no son dirigidas al
Politécnico, el Politécnico no está incluido, tiene que ver
esencialmente con actuaciones de la fuerza de seguridad, esencialmente la
Secretaría de Seguridad Pública”, reiteró.
Señaló que el problema es que existe una condición donde los
jóvenes no pueden ejercer sus derechos, por lo que se tienen que buscar
mecanismos para resolverla y también para que las manifestaciones no
generen espacios de desencuentros.
Álvarez Icaza Longoria indicó que no debe ser que la intervención de
la autoridad genere más problemas, porque su labor es esencialmente de
contención. “Hay un conflicto en el que hay que buscar, a través del
diálogo, las fórmulas de resolverlo”, dijo.
Exhortó al Estado Mexicano a generar las fórmulas para que aquellos
jóvenes que quieran estudiar lo puedan hacer, y eso, manifestó, como en
algunos otros países, se resuelve a través de mecanismos abiertos.
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