| Coalición italiana enfrenta desafío por derechos de
los gay
Por Philip Pullella
ROMA, 30/01/2007 (Reuters) - La frágil coalición italiana de gobierno
parecía el lunes lista para empezar un enfrentamiento motivado por su
plan de reconocer los derechos de las parejas homosexuales y
heterosexuales no casadas.
El ministro de Justicia, Clemente Mastella, dijo que preferiría ver
caer al gobierno que apoyar una ley que considera inmoral, reflejando la
oposición a la propuesta tanto en las filas de la misma coalición como
en la poderosa Iglesia Católica.
"No me importa si el gobierno cae, pero no voy a votar por esa ley,"
dijo Mastella el fin de semana. "Los homosexuales pueden conseguir
mayores derechos, pero nunca aceptaré la idea de que pueden ser
considerados una familia."
Hasta la fecha, este ha sido uno de los temas que más ha dividido a la
coalición que agrupa desde católicos a comunistas, particularmente
porque conlleva preguntas morales en un país donde la Iglesia Católica
aún posee una gran influencia.
El borrador de ley preparado por dos ministros de gobierno permitiría
que las parejas no casadas, sin importar su orientación sexual, consigan
certificados en los municipios confirmando que son una pareja.
Esto permitiría que tales parejas compartan un seguro de salud y
algunos derechos de pensión, transfieran contratos de renta de uno al
otro y puedan aspirar a viviendas y trabajos estatales.
La ley, conocida como PACS (Pactos de Solidaridad Civil), es similar a
la aprobada en Francia. Primero deberá pasar por el gabinete y de ahí al
parlamento, para un debate pleno.
Pero el enfrentamiento comenzó durante el fin de semana cuando
Mastella se vio involucrado en un muy publicitado duelo verbal con Piero
Fassino, líder del mayor partido de la coalición, los Demócratas de la
Izquierda.
El mes pasado la norteña ciudad de Padua se convirtió en la primera
ciudad de Italia que permite que parejas heterosexuales no casadas y
homosexuales se registren formalmente como "familias basadas en lazos
de afecto," decisión que provocó la ira del Vaticano y de la
derecha política, quienes han cuestionado la constitucionalidad de la
medida.
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