Periodistas bajo fuego
cruzado
Por Emilio Godoy
México se ha convertido en el segundo sitio
más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, después de Iraq. Los
trabajadores de los medios de comunicación se encuentran entre la espada
del crimen organizado y la pared del poder político.
MÉXICO, 31/07/2007 (IPS) - En lo que va del año, dos
periodistas fueron asesinados, tres desaparecieron, un periódico fue
cerrado, al igual que una emisora de radio, y se registraron varios casos
de acoso en contra de medios informativos.
Cuatro organizaciones dedicadas a promover la libertad de expresión
expusieron el caso mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con sede en Wasahington.
Representantes del Centro Nacional de Comunicación Social de México (Cencos),
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y las organizaciones
internacionales Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) pasaron
revista en la audiencia de la Comisión a la lista de asesinatos,
desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento a periodistas desde
2000.
"Queda claro que la libertad de expresión en México pasa por un
momento de debilidad y el Estado tiene responsabilidad en ello, ya que se
vulnera el fortalecimiento del sistema democrático", dijo a IPS un
portavoz de la no gubernamental Cencos, que trabaja desde 1964 en temas de
comunicación.
Las cuatro entidades acusaron al Estado mexicano de violar al menos seis
tratados internacionales por no garantizar los derechos básicos de los
profesionales de la prensa.
La violencia contra los reporteros se ha agudizado desde 2000, luego de la
llegada al gobierno de Vicente Fox, del conservador Partido Acción
Nacional (PÄN), que en diciembre pasado fue reemplazado por su
correligionario Felipe Calderón.
En esos seis años, 31 periodistas fueron asesinados. Los crímenes, que
permanecen impunes, son atribuidos a bandas de narcotraficantes. El año
pasado, 19 trabajadores de la prensa denunciaron amenazas ante la
Organización de las Naciones Unidas, mientras que Cencos aseguró que se
produjeron 131 ataques.
En respuesta a las quejas, el gobierno mexicano reconoció ante la comisión
humanitaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) el aumento de
actos violentos contra periodistas y aceptó que es responsabilidad del
Estado la investigación de esos hechos y la persecución penal de sus
autores, a los que identificó mayoritariamente como miembros de
organizaciones criminales.
La Procuraduría (fiscalía) creó en febrero de 2006 la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp),
cuyos resultados han sido colocados en tela de juicio por las entidades
profesionales.
"La actuación de la Feadp es muy limitada, queda reducida a un papel
de observador privilegiado sin incidencia directa en la conformación de
expedientes", según Cencos.
Este año esa dependencia ha iniciado 30 expedientes, de los que sólo ha
atendido directamente uno.
"La fiscalía sigue siendo muy tímida, no es un mecanismo eficiente",
declaró a IPS Juan Humberto Vital, profesor de la Universidad
Iberoamericana.
Asimismo, el Congreso legislativo formó en diciembre una comisión
especial para atender los casos de ataques contra la prensa, integrada por
siete parlamentarios pertenecientes a los diferentes grupos políticos
representados en ese cuerpo.
Su tarea también ha sido blanco de críticas. Por ejemplo, el plan de
trabajo incluía la creación de una página en Internet para informar de
las agresiones a periodistas, lo cual no se ha concretado.
"El incumplimiento del programa de trabajo resulta inadmisible ante
el potencial que tiene la comisión legislativa en la atención de los
ataques a periodistas y medios de comunicación", destacó el Cencos.
Los periodistas del interior de México son los más expuestos a la
violencia. La mayor cantidad de agresiones se registraron en los estados
de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas,
varios de los cuales son también un bastión de los narcotraficantes.
El 6 de abril fue asesinado Amado Ramírez, corresponsal de la cadena
privada Televisa en el balneario de Acapulco, en el sureño estado de
Guerrero, al igual que Saúl Martínez, editor del Diario de Agua Prieta,
en el norteño estado de Sonora, quien fue atacado 10 días después.
A ellos se agregan los casos de Rodolfo Rincón, reportero del diario
Tabasco Hoy, quien permanece desaparecido desde el 20 de enero, y del
periodista Gamaliel López y el camarógrafo Gerardo Paredes, de la cadena
privada TV Azteca en la septentrional ciudad de Monterrey, cuyos paraderos
se desconocen desde el 10 de mayo.
Reporteros Sin Fronteras instó al gobierno mexicano a proseguir su búsqueda
luego de que el director de noticias de TV Azteca, Alfonso Teja,
reconociera hace dos semanas "haber perdido la esperanza" de que
ambos aparecieran con vida.
En la norteña ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, el diario Cambio
suspendió el 25 de mayo su publicación, argumentando que no contaba con
condiciones de seguridad adecuadas. Fue el primer hecho de este tipo en México.
El matutino había sufrido previamente dos ataques con granadas, cuya
autoría se adjudicó a grupos de narcotraficantes.
Hasta ahora, casi 1.050 personas han muerto en hechos violentos
relacionados con el narcotráfico, según informaciones periodísticas,
por lo que RSF sumó a los carteles mexicanos de la droga a su lista de 34
"depredadores de la prensa".
"La situación actual refleja una coincidencia entre las zonas donde
opera el narcotráfico y las agresiones a periodistas", indicó
Vital.
Según la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a propietarios de
medios escritos de todo el continente, el norte mexicano es la zona más
riesgosa para los periodistas, a causa de los constantes enfrentamientos
entre mafias.
La impunidad parece ser una constante en los casos de atentados contra la
prensa. Al menos 67 asesinatos, de un total de 136 cometidos desde la década
del 80, han quedado sin ser aclarados y sin culpables reconocidos, según
información de la fiscalía.
Pero el poder político también ha dirigido sus baterías contra los
periodistas. A fines de junio, el programa radial Monitor suspendió sus
transmisiones a causa de insolvencia económica. Su dueño, el periodista
José Gutiérrez Vivó, hizo referencia a un boicot económico orquestado
por el entonces presidente Fox y empresarios cercanos a él.
En Guanajuato, en la zona central del país, los periódicos A.M. y Al Día
acusaron al gobernador Juan Manuel Oliva, del PAN, de negarles la
publicidad oficial, en una clara violación al principio 13 de la
Declaración Interamericana sobre Libertad de Expresión, de la Comisión
de la OEA.
La sociedad mexicana parece valorar la labor periodística. En una
encuesta publicada esta semana por el diario Milenio, 83 por ciento de los
consultados se mostraron satisfechos con el trabajo de los medios. Pero el
acoso contra la prensa no ha ocasionado una reacción social de condena.
"Hay indiferencia, el público es tremendamente pasivo. El problema
es que está rota la vinculación de los medios y el público. La sociedad
no reaccionó a los cierres de Cambio y Monitor", señaló Vital.
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