MÉXICO, 27/10/2007 (IPS) - La Iglesia Católica de México celebró que el cardenal Norberto Rivera se haya librado de una acusación de encubrimiento a la pederastia, un asunto sobre el que pide a sus sacerdotes firmar una carta para deslindar a la arquidiócesis de responsabilidad civil o penal ante posibles imputaciones.

"Las imputaciones hechas al cardenal Rivera fueron dolosas y así quedó demostrado", dijo a IPS el sacerdote Hugo Valdemar, portavoz de la arquidiócesis de México, al referirse al fallo del juez de la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Ángeles, que el martes rechazó encauzar al máximo prelado nacional.

"Valdemar miente, pues nadie declaró inocente a Rivera. Lo que sucedió es que el juez argumentó ser incompetente por jurisdicción", aclaró a IPS Eric Barragán, director para México de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes, el grupo no gubernamental con sede en Estados Unidos que apadrina la acusación contra el cardenal.

"Que no engañen y que sepan que la batalla no ha terminado", advirtió el activista, tras anunciar que apelarán la resolución ante otro juez también del vecino país del norte.

El sacerdote Valdemar respondió que el tribunal estadounidense estudió con detenimiento el caso y no encontró evidencia de que Rivera haya participado en un "conspiración internacional a favor de la pederastia".

Pero "la parte acusadora puede inventar cosas y apelar, están en su derecho. Lo que sabemos es que sus posibilidades de triunfo con casi nulas", expresó.

Luego de un año de proceso, que incluyó un interrogatorio a Rivera en México, la Corte Superior de los Ángeles indicó que la parte acusadora no pudo acreditar que el cardenal cometió algún delito en Estados Unidos y que, por tanto, no podría juzgarlo.

El mexicano Joaquín Aguilar presentó en esa corte una acusación civil contra el cardenal de ese distrito, Roger Mahony, y contra Rivera.

Los cargos descritos son negligencia, retención de pruebas, conspiración y trato con un delincuente. El argumento central de su acusación es que esos prelados protegieron al sacerdote mexicano Nicolás Aguilar, quien abusó de Joaquín y otros menores.

En los años 80, Nicolás Aguilar, quien no es familiar de la presunta víctima, trabajó en la ciudad mexicana de Puebla, en el centro del país, bajo la autoridad de Rivera, y luego se le permitió ir a Los Ángeles, donde estuvo a las órdenes de Mahony.

Posteriormente, y en medio de acusaciones de que abusó de más de 20 menores, regresó a México y siguió oficiando como sacerdote. Hoy está prófugo.

"Si no tuvimos éxito ahora, iremos a otros juez y llegaremos hasta cortes internacionales, pero que sepan que no se ha perdido la batalla y que no desmayaremos", declaró Barragán.

"Hubo una conspiración internacional entre Rivera y Mahoney para ocultar al sacerdote pederasta y eso permitió que siga cometiendo delitos. Tenemos pruebas que lo demuestran", añadió.

Sin embargo, esas pruebas fueron ya desechadas y no hay ninguna seguridad de que otra corte actúe de forma diferente.

Joaquín Aguilar declaró que está seguro que verá algún día al cardenal Rivera "sentado en un Corte, que no canten victoria".

La Iglesia Católica mexicana asegura que el presunto sacerdote pederasta jamás fue protegido y acusa a la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes de buscar sólo dinero y protagonismo.

La resolución del juez de Los Ángeles coincidió con la difusión, en la prensa local, de una guía que la arquidiócesis entregó a sus sacerdotes y que se titula "Criterios en relación con comportamientos inadecuados, principalmente con menores, que pudieran suceder por parte de clérigos".

Valdemar dijo que ese documento tiene cinco años y que no está relacionado de ninguna manera con el caso de Rivera.

En ese texto se indica que, ante la "sospecha razonable" de agresiones sexuales cometidas por un clérigo, se tomarán "medidas cautelares, ya sea traslado o suspensión", estrategia que los críticos de la Iglesia consideran que es una forma de evadir a la justicia e incluso de exponer a otros feligreses a los abusos.

La guía pide a los religiosos que eviten cometer conductas inmorales y acciones que puedan considerarse lesivas hacia menores de edad.

"Los clérigos deben evitar conductas imprudentes como abrazos inoportunos o poco naturales, juegos de manos o caricias fuera de lugar y no deseadas. Los sacerdotes no deben introducir menores en sus habitaciones, ni pasar días libres con ellos", señala.

En el texto se ordena a los sacerdotes firmar una carta en la que deslindan a la arquidiócesis de México de cualquier responsabilidad civil, penal o económica por su conducta moral.

"La guía puede tener sus fallas y podríamos mejorarla, pero lo único que intenta es dejar en claro que, si un sacerdote comete un delito, debe asumir su responsabilidad personal y pagar su culpa. No se trata, de ninguna forma, de proteger al culpable", afirmó Valdemar.

La diócesis de Los Ángeles, donde actúa el sacerdote Aguilar, acusado de pederasta, anunció en julio que aceptó un acuerdo para indemnizar con 600 millones de dólares a 500 víctimas de abusos. Se trata de la mayor cantidad de dinero que la Iglesia Católica ha pagado hasta ahora por ese tipo de casos.

Entre 1952 y 2002, más de 10.600 personas presentaron en Estados Unidos acusaciones de abuso sexual contra 4.392 sacerdotes.

Por esos casos se pagaron 573 millones de dólares en indemnizaciones, señala el estudio "La naturaleza del abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes en Estados Unidos", difundido en 2004.

En México, la Iglesia no ha enfrentado hasta ahora sacudones importantes ante la justicia por casos de abusos contra menores.